Preguntas urgentes a Mario Diaz-Balart

Friday, October 3, 1997
Publication: EL NUEVO HERALD
Edition: Final
Page: 17A
Series: OPINIONES
PREGUNTAS URGENTES A MARIO DIAZ-BALART
TOM FIEDLER Redactor de El Nuevo Herald

Estas son las preguntas que provoca la reciente actitud del senador Mario Díaz-Balart: ¿Fue simplemente ingenuo al ayudar a una de las más poderosas industrias de la Florida en su intento de evitar tener que devolver $40 millones a 700,000 consumidores, mediante el cambio de una ley estatal? ¿Fue utilizado por la industria? O, ¿se lo metió la industria en el bolsillo? Le toca a usted decidir. Entretanto, la reputación de Díaz-Balart está en juego.
He aquí los antecedentes:
En marzo de 1996, ciertos clientes de BellSouth Mobility notaron que sus facturas del teléfono celular incluían un cargo del 9.5% por "impuesto estatal sobre las ventas". Esto les llamó la atención, ya que el impuesto sobre las ventas en la Florida (incluidas las opciones del condado) era considerablemente menor. Los clientes se dieron cuenta de que el 9.5% surgía de una combinación: el 7% del impuesto sobre las ventas y un 2.5% por concepto de "impuesto sobre ingresos brutos".
Impuesto traspasable
A esos clientes no les importaba pagar el impuesto básico sobre las ventas; todos debemos hacerlo. Pero el otro 2.5% recae sobre la compañía de servicio público, no sobre el consumidor. Se trata de un impuesto que equivale a una tarifa por la franquicia. La ley de la Florida permite que una compañía de servicio público traspase ese impuesto a los consumidores, pero no sin antes informarlos explícitamente. Los clientes se sintieron engañados al tener que pagar el impuesto cargado a la BellSouth.
Así que hicieron lo que cualquier norteamericano airado. Se buscaron un par de abogados, Andrew V. Tramont y Honey Lynn Kober, para exigirle a la compañía que les devolviera el dinero pagado por ese impuesto adicional.
Tramont y Kober fueron más allá y persuadieron a un juez para que les permitiera representar a todos los clientes de la BellSouth Mobility que habían pagado ese impuesto, unas 700,000 personas. De repente, la cantidad en juego excedió los $40 millones.
Ni que decir que ello llamó la atención de BellSouth. Ahora, si la compañía hubiera jugado limpio hubiera tenido que ir a corte y tratar de persuadir a un juez de que lo que había hecho no era tan grave. Pudo haber argumentado que englobó el impuesto sobre ingresos brutos para hacer menos confusa la factura y no con intención de echarles a sus clientes lo que era su propia obligación. "Estábamos listos para luchar en los tribunales", me dijo el abogado Tramont. "Pero que ellos sacaran el caso de la corte y lo pusieran en la Legislatura, eso sí que es increíble". Como las grandes compañías son diferentes a usted o a mí, no les basta con debatir en torno a una ley que no les agrada, sino que quieren cambiar la ley. Para eso les pagan a montones de cabilderos. Fue así que los abogados de BellSouth se aparecieron con una pequeña enmienda a la ley existente. Si lograban aprobarla durante el período legislativo de 1997, se acabaría su dolor de cabeza ascendente a $40 millones. La enmienda decía esencialmente que era perfectamente legal que cualquier compañía de servicio público escondiera el impuesto por concepto de ingresos brutos siempre que el dinero por concepto del gravamen terminaba en las arcas del tesoro estatal. Esos impuestos "no deben ser objeto de devolución... por parte de la empresa de servicio público", rezaba la pequeña enmienda.
Y, para asegurarse de que el remedio curaba la enfermedad de BellSouth, la enmienda decía también que era la "intención de la Legislatura" que las correcciones fueran "una forma de remediar y de aclarar la ley existente".
Lo que traducido a la lengua vulgar significa: aplique esto retroactivamente y la ley anterior no significará absolutamente nada. .
Si les suena como que se ha hecho trampa, no diga nada aún, porque todavía hay algo peor.
Ahora que los abogados de BellSouth habían redactado la enmienda, necesitaban un proyecto de ley para incluirla en el mismo con vistas a pasarla por el trapiche legislativo. Esto es lo que en la jerga legal se llama "encontrar un vehículo". También es preciso encontrar legisladores dispuestos a presentar el invento. En la Cámara de Representantes, BellSouth encontró un proyecto de ley de 37 páginas titulado "Ley sobre el impuesto al servicio municipal" que pondría a dormir al que se atreviese a leerlo. El patrocinador original del proyecto, Carlos Valdés, de Miami, asegura no tener conocimiento alguno de la enmienda. En el borrador original no aparecía tal cláusula. Pero terminó en la versión final aprobada.
Sin embargo, en el Senado, apareció Mario Díaz-Balart, republicano por Miami. Durante una audiencia de la Comisión de Comercio en relación con un proyecto de ley que reorganizaba el Departamento de Ingresos, Díaz-Balart lo recomendó como "básicamente, un tecnicismo". Leyó la medida con la misma velocidad que un locutor radial lee las condiciones especiales al final de un comercial.
Luego, preguntó a sus alelados colegas: "¿Tienen alguna pregunta?" Uno sí que tenía. Al senador Fred Dudley, republicano por Cape Coral, algo le olió mal. "¿Tiene esto algo que ver con alguna demanda en algún lugar y a causa de esto algún contribuyente va a dejar de obtener la devolución de algún dinero? ¿Qué hay en el fondo de esto?" Díaz-Balart le respondió: "Bueno... uf... yo no sé nada acerca de ninguna demanda".
Explicaciones
Aquí caben un par de posibles explicaciones. La de Díaz-Balart es que él estaba diciendo la verdad, que los cabilderos de BellSouth nunca le informaron que existiera una demanda pendiente. Podría ser cierto. Por su parte, el vocero de BellSouth, Spero Canton, me dijo la semana pasada que los cabilderos informan plenamente a los legisladores y su personal sobre sus medidas. ¿A quién creer entonces? Luego surge otra explicación más siniestra sobre el manejo de la enmienda por parte de Díaz-Balart. Durante las semanas que demoró la enmienda en convertirse en ley, BellSouth contrató a la firma de relaciones públicas de Coral Gables en la que Díaz-Balart es uno de los socios. Los escépticos podrían sospechar una recompensa.
El senador, durante una comparecencia el pasado viernes, admitió que las apariencias conspiraban en su contra, pero insistió en que no había hecho nada deshonesto. "Creo que mi historial es bien diáfano", dijo. "Soy el único en la Legislatura que publica las listas de sus clientes. Probablemente sea el único que pueda mostrar que perdió un cliente al no votar por sus intereses". Dijo también que el hecho de que BellSouth hubiera contratado a su firma, la cuarta más grande del sur de la Florida, no tiene efecto alguno sobre él porque él recibe un salario fijo.
Hay otro aspecto que "atestigua" la postura de Díaz-Balart como inocente. Estaba ausente del pleno cuando se realizó la votación de la enmienda, el 29 de abril. El asunto fue manejado por el senador Tom Lee, de Brandon, también a petición de los cabilderos de BellSouth. Lee me dijo que él tampoco había sido advertido de que la enmienda tenía implicaciones ascendentes a $40 millones. "Apuesto todo lo que tengo a que nadie discutió este asunto conmigo", me aseguró.
En esta historia, alguien está mintiendo. Sea el lector el juez.
Editor político principal de The Miami Herald.
Fotografía: congresistas Lincoln Diaz-Balart y su hermano Mario Diaz-Balart (c.m.guerrero/El Nuevo Herald).