El secretario de Justicia, Merrick B. Garland. nombró a un fiscal especial el jueves para investigar cómo documentos clasificados terminaron en una oficina privada y el hogar del presidente Joe Biden, lo que abre una nueva amenaza legal para la Casa Blanca y proporciona municiones a sus oponentes republicanos, informa The New York Times.
Garland asignó a Robert K. Hur, un fiscal veterano que trabajó en la administración Trump, para examinar “la posible extracción y retención no autorizadas de textos clasificados y otros documentos descubiertos” en el centro de estudios de Biden en Washington y en su residencia en Wilmington, Delaware, según una orden firmada por el secretario de Justicia.
La Casa Blanca prometió cooperar plenamente e insistió en que los fiscales encontrarían solo errores no intencionales.
Personas cercanas a la situación dijeron que varios asociados de Biden ya habían sido entrevistados. Pero la decisión de abrir una investigación completa puso tanto al presidente como al fiscal general en posiciones incómodas, en momentos en que otro fiscal especial, también designado por Garland, analiza si acusar al expresidente Donald J. Trump o a sus asociados de mal manejo de documentos confidenciales y obstrucción de los esfuerzos para recuperarlos.
Las circunstancias en los casos de Biden y Trump son marcadamente diferentes. Trump se resistió a las solicitudes de devolución de documentos durante meses, incluso después de haber sido citado, mientras que —hasta donde se sabe— los abogados de Biden encontraron los documentos sin que se los pidieran y los entregaron de inmediato.
Sin embargo, bajo el aspecto político, la nueva investigación tiene la potencialidad de enturbia el caso contra Trump, quien ya la está utilizando para argumentar que está siendo perseguido selectivamente por la administración de un presidente al que planea desafiar en 2024.
Biden, quien criticó a Trump por ser “irresponsable” con los secretos nacionales, ahora tiene que responder por el mal manejo de documentos confidenciales de su propio equipo. Además, su Casa Blanca no reveló al público el descubrimiento de los documentos —que datan de su época como vicepresidente— durante dos meses, y esperó hasta después de las elecciones intermedias de noviembre, para evitar el posible daño que la revelación hubiera causado a los demócratas.
Y como dejó en claro un nuevo cronograma esbozado por Garland el jueves, incluso entonces la Casa Blanca no reveló completamente el alcance de la situación en su declaración original.
Esa declaración, publicada el lunes, confirmó un informe de los medios sobre un primer lote descubierto en la localidad de su centro de estudios en noviembre, pero no mencionó un segundo lote encontrado en su casa de Delaware en diciembre.
Solo el jueves, tres días después de esa declaración inicial, la Casa Blanca confirmó los informes de los medios de prensa sobre el segundo lote, que se descubrió en el garaje de la casa de Biden en Wilmington, y un documento final que se encontró en un lugar cercano el miércoles por la noche.
Cuando un reportero le preguntó a Biden, en un evento no relacionado el jueves, por qué se guardaban documentos clasificados junto con su preciado Corvette, Biden respondió: “Mi Corvette está en un garaje cerrado. ¿OK? Así que no es como si estuvieran colocados en la calle”.
“Pero como dije a principios de esta semana”, agregó, “la gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados y el material clasificado. También dije que estamos cooperando total y completamente con la revisión del Departamento de Justicia”.
Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el presidente no había sido informado con anticipación de la decisión de Garland de nombrar un fiscal especial. Se negó a entrar en detalles sobre lo que provocó inicialmente la búsqueda, cuánto ha avanzado y por qué la Casa Blanca no informó al público antes.
Biden, dijo, “se ha mantenido informado en todo momento”, pero no sabe qué hay en los documentos. “La búsqueda está completa, él tiene confianza en este proceso y lo dejaré ahí”, agregó.
Pero su versión del descubrimiento del lote original de documentos no coincidía con el calendario del Departamento de Justicia. “Hicimos esto según las reglas establecidas, y lo que quiero decir con eso es el momento en que los abogados descubrieron que los papeles, los documentos, estaban allí, se acercaron a los archivos, se comunicaron con el Departamento de Justicia”, dijo.
De hecho, según el Departamento, la Casa Blanca informó a la Administración Nacional de Archivos y Registros, pero no a Justicia. El Departamento se enteró de los documentos solo cuando los archivos lo notificaron.
Una persona familiarizada con la forma de pensar del equipo de Biden —que solicitó el anonimato para discutir asuntos legales delicados— dijo que los abogados del presidente se habían puesto en contacto con los Archivos con el entendimiento de que informarían a otras agencias que necesitaban saber.
Una vez que se trajo al Departamento de Justicia, el equipo de Biden trató directamente con los fiscales, incluso cuando se descubrieron el segundo lote y un documento final. Pero ello significó que el primer lote se trasladó a los Archivos antes de que el FBI pudiera examinarlos donde fueron encontrados originalmente.
Si bien los funcionarios de la Casa Blanca minimizaron en privado la importancia de la designación de Hur, argumentando que sería más importante en los círculos políticos de Washington que en el resto de la nación, las investigaciones de los fiscales especiales tienen una forma de distraer e incluso paralizar a cualquier Casa Blanca, especialmente si la investigación se extienden más allá de su ámbito original.
Con la excepción del presidente Barack Obama, todos los ocupantes de la Oficina Oval —desde la época de Watergate— se han enfrentado a un fiscal especial que los ha examinado, a ellos o a miembros de su personal, a veces por cuestiones relativamente limitadas, pero otras veces por problemas que se han convertido en amenazas de juicio político.
La decisión de seleccionar un fiscal especial para investigar el manejo de los documentos llega en un momento extraordinario para Garland, quien en noviembre nombró a Jack Smith, un exfiscal experto en delitos de guerra y corrupción pública, para dirigir las investigaciones sobre el mal manejo de Trump de documentos gubernamentales, así como sus acciones relacionadas con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
El nombramiento de Hur el jueves tiene como objetivo aislar al Departamento de Justicia de las acusaciones de partidismo en un momento en que el Partido Republicano, que cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes, se ha embarcado en una investigación muy intensa y amplia sobre lo que afirman es el uso del poder del gobierno, por parte de la administración Biden, contra los republicanos.
Según la orden de Garland, el fiscal Hur está autorizado para enjuiciar cualquier delito que surja de la investigación o remitir asuntos para su enjuiciamiento por los fiscales federales en otras jurisdicciones.
Hur, socio de la firma de abogados especializada en litigios no criminales, Gibson, Dunn & Crutcher, trabajó como asistente del fiscal federal en Maryland de 2007 a 2014; luego se desempeñó en la oficina del fiscal general adjunto en 2017 y 2018, durante la administración Trump, antes de ser designado fiscal federal para Maryland, cargo que dejó cuando Biden asumió el cargo.
Mientras era fiscal federal, Hur desafió la presión del Departamento de Justicia de Trump para enjuiciar a John F. Kerry, el secretario de Estado de Obama, por defender la preservación de un acuerdo nuclear con Irán, lo que provocó la ira de Trump, según Geoffrey S. Berman, exfiscal federal en Manhattan durante la época de Trump. En sus memorias, Holding the Line, Berman escribió que después de él negarse a procesar a Kerry, se trató de asignar dicha tarea a Hur, pero que este se negó a presentar cargos también.
En su declaración del jueves, Garland completó algunos, si no todos, los vacíos en la cronología pública en torno al descubrimiento de los documentos en la casa y la oficina de Biden.
Los abogados de Biden descubrieron el primer lote de documentos clasificados —que se dice que incluyen materiales informativos sobre gobiernos extranjeros de su época como vicepresidente— el 2 de noviembre, solo seis días antes de las elecciones de mitad de período, cuando estaban cerrando su oficina en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington.
Alertaron a los Archivos, que los recuperaron a la mañana siguiente. Los funcionarios de Archivos luego informaron al Departamento de Justicia el 4 de noviembre. El FBI comenzó una evaluación de la situación el 9 de noviembre. El 14 de noviembre, Garland asignó a John R. Lausch, el fiscal federal en Chicago y designado por Trump, para realizar una revisión preliminar para determinar si se ameritaba un fiscal especial.
El equipo de Biden esperó varias semanas antes de llegar a la conclusión, a medida que avanzaba la revisión de Lausch, de que debían asegurarse de que no hubiera más sorpresas y realizar una búsqueda de otras propiedades de Biden.
El 20 de diciembre, encontraron el segundo lote en el garaje de Biden en Wilmington y notificaron a Lausch. No se encontraron documentos clasificados en la casa de vacaciones del presidente en Rehoboth Beach, Delaware.
Lausch le dijo al fiscal general el 5 de enero que se justificaba un abogado especial, pero el fiscal de Chicago se negó a asumir el papel porque planea irse al sector privado a principios de este año.
Cuatro días después, la Casa Blanca emitió su declaración pública confirmando el descubrimiento del lote original de documentos, en respuesta a un informe de CBS News. El miércoles por la noche, mientras completaban su búsqueda, los abogados de Biden hicieron un tercer descubrimiento cuando encontraron otro documento clasificado de una sola página en una habitación adyacente al garaje en Wilmington y notificaron al Departamento de Justicia. Después de los informes de los medios, la Casa Blanca reconoció públicamente el jueves que los ayudantes de Biden habían encontrado los documentos adicionales.
Una persona familiarizada con el pensamiento del equipo de Biden dijo que los abogados no querían anunciar lo sucedido hasta que se reunieran todos los hechos. Recelaban de ofender a los funcionarios del Departamento de Justicia al hacerlo público prematuramente y lucir como si estuvieran litigando en los medios, con la esperanza de que Lausch concluyera que no se necesitaba un fiscal especial.
Sin embargo, funcionarios policiales veteranos dijeron que el equipo de Biden planteó preguntas sobre cómo habían actuado después de encontrar el primer conjunto de documentos en noviembre, particularmente al notificar a los archivos pero no al Departamento de Justicia o al FBI, que están obligados a hacer cumplir las leyes relacionadas con el manejo de secretos nacionales.
“Crearon una situación en la que el Departamento de Justicia no estuvo directamente involucrado inicialmente”, dijo Tim Flanagan, exconsejero adjunto de la Casa Blanca y funcionario del Departamento de Justicia durante la presidencia de George W. Bush.
“En su lugar, los documentos se sacaron de contexto y pasaron por otras manos, lo que no le dio al Departamento la oportunidad de revisar por sí mismo qué tipo de controles de seguridad había a su alrededor y con qué otras cosas estaban almacenados”, agregó.
Chuck Rosenberg, exmiembro de rango del FBI, dijo que traer a esta institución desde el principio hubiera sido más inteligente. “Siempre es mejor para el FBI saber más temprano que tarde”, dijo. “Este tipo de investigaciones tienden a no mejorar con el tiempo”.
