viernes, 23 de febrero de 2024

Las dos caras del ajuste de Milei


La semana última Argentina vivió dos hitos: por primera vez en más de una década, el ministerio de Economía anunció que hubo superávit fiscal. Es decir, que se recaudó más de lo que se gastó, algo que ha ocurrido en poquísimas ocasiones en este país sudamericano, informa la BBC.
Poco tiempo después, el prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer una cifra que dejó helados a muchos: estimó que la pobreza en enero superó el 57%, el peor índice desde la crisis de 2001/2.
Estos datos reflejan las dos caras de la Argentina de Javier Milei, el economista libertario que asumió en diciembre pasado prometiendo sanear la economía del país, que lleva décadas entrando y saliendo de crisis, y reducir la inflación, que hoy es la más alta del mundo.
En apenas dos meses Milei ha logrado cumplir con su meta de “déficit cero”, es decir, dejar de tener las cuentas en rojo. Y los mercados muestran su satisfacción:
Los bonos y acciones argentinos están en alza, el dólar libre (o “blue”) se ha estabilizado y el llamado “riesgo país” —un índice que muestra la confianza en la capacidad de un Estado para pagar su deuda— está en su nivel más bajo en dos años, todas señales de que el rumbo macroeconómico va por buen sendero.
Sin embargo, el remedio que ha aplicado Milei para lograr estas mejoras —un ajustazo sin precedentes— tiene severas consecuencias en una población que ya llevaba seis años consecutivos de caída del salario real, con un sueldo mínimo que equivale a apenas $160, el más bajo de la región después de Venezuela.
Motosierra + licuadora
Milei se hizo famoso durante la campaña por blandir una motosierra, un símbolo de cómo pensaba arrasar con el gasto público, el motivo que ha llevado al país a estar constantemente en déficit (112 de los últimos 122 años).
Según el economista, las soluciones que aplicaron hasta ahora los distintos gobiernos —emitir más billetes o pedir dinero para cubrir esos gastos— llevaron a que el país tenga una inflación que supera el 250% anual y sea el principal deudor mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En vez de esas recetas, este outsider, que ingresó a la arena política hace menos de tres años, propuso una solución más drástica: cortar el origen del problema —el gasto excesivo—, para llegar al “déficit cero”, que ha definido como su principal meta de gobierno.
Y en noviembre pasado, en la segunda vuelta electoral, casi el 56% de los argentinos apoyó la idea, que supuestamente —según Milei— se iba a centrar en cortar los gastos de la “casta”, como él llama a la clase política tradicional.
Pero pocos imaginaron lo rápido y profundos que serían los cambios que traería el nuevo presidente. Ni tampoco cuánto les afectaría a ellos directamente.
El día que asumió, el 10 de diciembre, Milei declaró que su objetivo era recortar 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un ajuste pocas veces visto en la historia, no solo de este país, sino del mundo.
No detalló que planeaba aplicar ese mega recorte en menos de dos meses, algo también inédito.
Para lograr su objetivo no solo prendió la famosa motosierra, reduciendo a la mitad los ministerios y secretarías, frenando nuevas obras públicas, recortando subsidios y gastos en publicidad institucional y eliminando las transferencias discrecionales a las provincias (lo que ha generado una pelea con los gobernadores de esos distritos).
También encendió la licuadora, que ha sido en realidad su principal herramienta de ajuste.
Emitió un decreto para que este año se aplique el mismo Presupuesto que en 2023, haciendo que las partidas presupuestarias queden por debajo del índice de inflación (lo que, en efecto, las redujo fuertemente).
Pero su medida más contundente fue quitarle la mitad de su valor al peso contra el dólar, lo que hizo desplomar —o “licuar”— el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
Según el economista Martín Polo, de la consultora Cohen Aliados Financieros, las medidas de Milei recortaron en más del 38% las jubilaciones y pensiones, el principal gasto del Estado.
También se achicó un 27% los salarios públicos, un 64% los subsidios económicos (principalmente a la energía) y 86% la obra pública. Todo de golpe.
Además, la fuerte devaluación aceleró aún más la inflación, que se duplicó entre noviembre y diciembre, alcanzando el 25,5% mensual a fin de año.
Caída del consumo
El resultado de estas medidas ha sido tan impresionante como dramático.
Por un lado, el gobierno celebra que en tiempo récord logró su meta de “déficit cero”, destacando que es la primera vez desde 2012 que el sector público no dio pérdidas.
Argentina hoy tiene la inflación más alta del mundo, del 254% anual.
Milei también resalta que la inflación, que parecía estar entrando en un proceso irreversible de hiperinflación, se ha desacelerado, bajando cinco puntos en el primer mes del año (al 20,6%).
La mayoría de los pronósticos privados anticipan que la tendencia continuará a la baja, con una inflación que rondaría el 15% en febrero.
Sin embargo, el costo humano de estas mejoras económicas ha sido enorme.
Según el Observatorio de la Deuda Social, entre diciembre y enero la pobreza pegó un salto, pasando del 49,5% al 57,4%, una cifra que se acerca a la de la peor crisis que vivió Argentina hasta el momento, la de 2001/2, cuando se alcanzó una cifra récord del 65,5% de personas pobres.
Y, aunque la baja de la inflación genera expectativa, la triste realidad es que el principal motivo por el que bajan los precios es que la gente ya no tiene suficiente dinero para gastar.
“Hubo una caída del consumo en el mercado interno. Las ventas minoristas cayeron el 26,8% en el mes de enero, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y continúan cayendo en febrero”, señaló a BBC Mundo Damián Di Pace, director de la consultora económica Focus Market.
“Y el consumo masivo bajó un 18,5%, así que lo que se ve es una caída de la actividad”.
En otras palabras: una profundización de la recesión que ya arrastraba Argentina, o más bien la “estanflación” —como explicó el propio Milei—, ya que se combina el estancamiento económico con una inflación astronómica, el peor de los escenarios.
Este proceso llevó al FMI a recortar drásticamente sus proyecciones de PIB para Argentina.
Mientras que en octubre había pronosticado para 2024 un crecimiento del 2,8%, a finales de enero cambió el signo de positivo a negativo, estimando que, con las nuevas medidas anunciadas por el flamante presidente, la economía argentina se contraerá un 2,8% este año.
El tsunami Milei
Los argentinos, de todos los estratos sociales, no olvidarán fácilmente estos primeros dos meses de gobierno de Milei.
Los salarios, que ya eran los más bajos de la región, después de Venezuela, se desplomaron con el ajuste de Milei.
Por un lado, sus sueldos sufrieron una marcada caída del poder de compra, por la devaluación y la aceleración de la inflación, que superó el 50% acumulado entre diciembre y enero (la inflación en alimentos fue aún superior).
Pero, al mismo tiempo, sus bolsillos sufrieron —y siguen sufriendo— un verdadero bombardeo por el “sinceramiento de precios” que ha llevado que tanto productos como servicios —que durante los años de gobierno kirchnerista estuvieron “pisados”, por intervención del Estado— de golpe se liberen.
Por la quita de subsidios, el transporte público aumentó más del 200% en la región más poblada del país y la tarifa eléctrica subió entre el 65% y el 150% (según niveles de ingreso).
Las “prepagas” de la Salud (empresas privadas de medicina de las que dependen millones de argentinos) aumentaron sus cuotas más del 100% luego de que el nuevo gobierno desregulara el sector.
“Los aumentos han sido demenciales. Es la primera vez en mi vida que no puedo pagar la prepaga”, le dice a BBC Mundo Andrés, un consultor privado de 60 años que prefiere no dar su apellido.
“Voy a tener que pedir un préstamo al banco para pagarlo porque tengo un problema de salud crónico y no puedo cambiar de plan, soy rehén del sistema privado”, afirma.
“Espero que solo sea por unos meses, hasta que la economía mejore”.
Los del medio
El temor es que muchas personas de clase media que ya no pueden pagar la salud privada empiecen a acudir a la pública, que ya está desfinanciada y sobrepoblada.
Algo similar podría ocurrir con la educación. En marzo empiezan las clases, después del receso de verano, y muchas familias tendrán que hacer cuentas para ver si pueden costear los colegios privados de sus hijos, que anunciaron aumentos importantes luego de que el gobierno de Milei los habilitara a fijar el valor de sus cuotas “sin límites”.
El mandatario ha señalado que está trabajando en “un mecanismo de asistencia”  para afrontar este problema (“si caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos del colegio, es traumatizante para padres e hijos”, afirmó en una entrevista con Radio La Red).
Los jubilados y la clase media han sido los más perjudicados por el ajuste.
Pero aún es temprano para saber si esta posible ayuda puede paliar los efectos del ajuste económico en la clase media, la gran perjudicada junto con los jubilados.
Así lo muestran las cifras del Observatorio de la Deuda Social, que señalan que mientras que, en los hogares más humildes, que reciben asistencia social, la pobreza aumentó 9 puntos desde el tercer trimestre de 2023, el incremento más grande se dio entre las familias que no califican para recibir ayuda del Estado, donde la pobreza saltó del 27% al 44% (17 puntos).
Este aumento puede verse en los comedores populares, donde, según los movimientos sociales, la cantidad de personas que asiste diariamente aumentó al menos un 50% desde diciembre.
“A mí me sirve mucho llevar un plato de comida para que mis hijos estén más llenos mientras mi mujer cocina, y aguanten un poco hasta la merienda”, señaló Daniel Barreto, un albañil que asiste al comedor Las Hormiguitas Viajeras, en el municipio de San Martin, al norte de la provincia de Buenos Aires.
“Lamentablemente la plata no sirve y todo es plata”, afirmó a la agencia AFP.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran por qué “la plata no sirve”: hoy el salario mínimo argentino representa menos de un tercio del precio de la canasta básica, el conjunto de bienes y servicios que necesita una pareja con dos hijos para no ser pobre.
Y eso no incluye el alquiler, uno de los gastos más grandes para muchas familias que no son propietarias de una vivienda.
El gobierno asegura que está pendiente de los más necesitados.
Si bien recibió muchas críticas por su decisión de frenar el envío de alimentos a los comedores y merenderos populares, mientras realiza una auditoría que busca sacar del medio a las organizaciones intermediaras a las que acusa de clientelismo, el gobierno destaca que aumentó la ayuda directa, duplicando la Asignación Universal por Hijo y aumentando la tarjeta alimentaria en un 50%.
Los comedores populares dejaron de recibir insumos del Estado nacional en diciembre y enero, cuando la inflación se disparó más del 50%.
En febrero, el ministerio de Capital Humano también firmó convenios de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas y la asociación católica Cáritas, por unos $550 mil.
Pero por el momento no hay medidas para aliviar la situación de los estratos medios y de las personas de la tercera edad, quienes más vieron licuados sus ingresos.
Lo peor está por venir
En medio del escozor que aún producen sus medidas, el propio Milei advirtió que “el momento más duro será entre marzo y abril”.
Sin embargo, también dijo que luego habrá una recuperación en forma de V: “A partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar”, predijo en diálogo con Radio Rivadavia.
“Las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año”, detalló, en referencia a levantar las restricciones al acceso de dólares que se impusieron hace años en Argentina por la falta de reservas del Banco Central (que hoy siguen en rojo, aunque vienen en aumento y se abultarán en abril gracias a las exportaciones del campo).
“Cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante”, auguró el mandatario.
No todos comparten este pronóstico optimista. Pero incluso quienes sí lo hacen se preguntan dos cosas.
¿Cuánto caerá el empleo y cuántas empresas deberán cerrar como consecuencia de este período de fuerte estanflación? (uno de los pocos índices “positivos” de Argentina es su baja tasa de desempleo, que ronda el 6%).
Y, más acuciante aún: ¿hasta cuándo aguantará la tolerancia de la gente a esta realidad sin precedentes?

miércoles, 21 de febrero de 2024

Biden analiza un plan que podría restringir las solicitudes de asilo en la frontera


El presidente Biden está considerando una acción ejecutiva que podría impedir que las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos soliciten asilo, dijeron el miércoles varias personas con conocimiento de la propuesta. La medida suspendería garantías de larga data que otorgan a cualquiera que pise suelo estadounidense el derecho a solicitar refugio seguro, informa The New York Times.
La orden pondría en práctica una política clave en un proyecto de ley bipartidista que los republicanos frustraron a principios de este mes, a pesar de que tenía algunas de las restricciones de seguridad fronteriza más importantes que el Congreso haya contemplado en años.
Básicamente, el proyecto de ley habría cerrado la frontera a nuevos entrantes si más de un promedio de 5.000 migrantes por día intentaran cruzar ilegalmente en el transcurso de una semana, o más de 8.500 intentaran cruzar en un día determinado.
La acción que está considerando la Casa Blanca tendría un detonante similar para bloquear el asilo a nuevos entrantes, dicen las personas con conocimiento de la propuesta. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.
La medida, si se promulga, se haría eco de un esfuerzo del presidente Donald J. Trump en 2018 para bloquear la migración, que fue atacado por los demócratas y bloqueado por los tribunales federales.
Aunque tal acción sin duda enfrentaría desafíos legales, el hecho de que Biden esté considerando hacerlo muestra cuán lejos ha cambiado en materia de inmigración desde que asumió el cargo, prometiendo un sistema más humano después de los años de Trump.
Biden ha adoptado una línea mucho más dura a medida que el número de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado niveles récord y el sistema de asilo, crónicamente insuficiente de fondos y personal, llega a un punto de ruptura.
Aun así, incluso si Biden intentara tomar medidas unilaterales para reducir el número de personas que solicitan asilo, la falta de recursos seguiría siendo un enorme obstáculo para cualquier cambio importante en la frontera. Los funcionarios estadounidenses han dicho que necesitaban una inyección masiva de dinero en efectivo para contratar agentes de la Patrulla Fronteriza y de asilo y ampliar las instalaciones de detención.
Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre los planes en discusión, dijo que no se había tomado ninguna decisión.
Pero las personas con conocimiento de la propuesta dijeron que Biden podría citar su autoridad para actuar bajo la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite al presidente suspender la inmigración para cualquier persona que se determine que es “perjudicial para los intereses de los Estados Unidos”. Trump utilizó la misma autoridad para imponer una prohibición a personas de varios países predominantemente musulmanes durante su presidencia.
Pero una pelea legal, independientemente del resultado, podría permitirle a Biden intentar neutralizar una de sus mayores vulnerabilidades políticas: el caos en la frontera sur. Los republicanos han utilizado repetidamente la crisis fronteriza para presentar a Biden como débil en materia de aplicación de la ley. Una batalla legal le permitiría resaltar la negativa de los republicanos a otorgarle el poder de tomar medidas enérgicas en la frontera a través de legislación.
La administración Biden ha pasado varios años tratando de frenar la migración, en parte limitando el asilo para quienes cruzaron México de camino a Estados Unidos. Esa política hizo más difícil para los migrantes obtener asilo si cruzaban por un tercer país de camino a Estados Unidos y no solicitaban protección allí.
Pero si bien la restricción política elevó el listón para que los inmigrantes obtengan asilo, los funcionarios estadounidenses no pueden llevarlo a cabo adecuadamente sin el tipo de recursos que Biden esperaba que aprobara el Congreso. El proyecto de ley fallido habría proporcionado miles de millones en financiación, incluida la contratación de miles de funcionarios de asilo para procesar las solicitudes.
Algunas de las circunstancias en la frontera sur están fuera del control del presidente, incluida la migración histórica a través del hemisferio desde Venezuela, Haití, Honduras y otros países que enfrentan inestabilidad, violencia y desastres naturales.
Pero Biden está bajo presión de ambos partidos, no sólo de los críticos republicanos habituales, para que haga algo. Y la crisis no se detiene en la frontera misma: el gobernador Greg Abbott de Texas ha enviado autobuses llenos de migrantes a ciudades demócratas muy al norte, diciendo que quería “llevar la frontera al presidente Biden”.
Las ciudades se vieron abrumadas cuando llegaron los inmigrantes, a menudo sin abrigos ni familiares en Estados Unidos. Los líderes del propio partido del presidente comenzaron a lanzar gritos de ayuda.
Esa presión ha revuelto la política de inmigración en un año electoral, dándole a Biden mucho más espacio para apoyar medidas fronterizas alguna vez denunciadas por los demócratas y defendidas por Trump.
Biden ha culpado directamente a Trump por usar su influencia sobre el Partido Republicano. para acabar con el mismo acuerdo de inmigración bipartidista que los republicanos habían estado exigiendo durante años.
Biden predijo en un discurso a principios de este mes que los republicanos actuarían para bloquear el proyecto de ley. “¿Por qué? Una razón sencilla”, afirmó. “Donald Trump. Porque Donald Trump cree que esto es malo para él políticamente”.

domingo, 11 de febrero de 2024

Trump amenaza con alterar el orden internacional si sale reelecto


Poco después de que el expresidente Donald J. Trump asumiera el cargo, su personal le explicó cómo funcionaban las obligaciones de defensa mutua de la OTAN.
“¿Quieres decir que si Rusia atacara Lituania, iríamos a la guerra con Rusia?”, el recién jurado presidente preguntó. “Eso es una locura”, se respondió a sí mismo.
Trump nunca ha creído en el concepto fundamental de uno para todos y todos para uno de la alianza atlántica. De hecho, pasó gran parte de sus cuatro años de presidencia socavándolo mientras obligaba a los miembros a cumplir sus compromisos de gastar más en sus propios ejércitos con la amenaza de que, de lo contrario, no acudiría en su ayuda, escribe Peter Baker en un análisis publicado en The New York Times.
Pero este fin de semana lo llevó a un nivel completamente nuevo, al declarar en un mitin en Carolina del Sur que no solo no defendería a los países europeos que consideraba atrasados en sus pagos en un ataque de Rusia, sino que llegaría incluso a “alentar Rusia a que haga lo que quiera” contra ellos. Nunca antes un presidente de Estados Unidos —en este caso un expresidente intentando volver al cargo— había sugerido que incitaría a un enemigo a atacar a los aliados estadounidenses.
Algunos pueden descartar esto como una fanfarronería típica de Trump o echarlo a un lado como un chiste malo. Otros pueden incluso aplaudir la línea dura contra aliados supuestamente perezosos que, desde este punto de vista, se han aprovechado de la amistad estadounidense durante demasiado tiempo. Pero la retórica de Trump presagia cambios potencialmente de gran alcance en el orden internacional si vuelve a ganar la Casa Blanca en noviembre con consecuencias impredecibles.
Es más, el comentario de Trump una vez más planteó preguntas incómodas sobre su gusto en cuanto a amigos. Alentar a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN, incluso si no lo hiciera del todo en serio, es una declaración sorprendente que resalta su extraña afinidad con el presidente Vladimir V. Putin, quien ya ha demostrado su voluntad de invadir países vecinos que no cuentan con la protección de la OTAN.
Durante mucho tiempo reacio a alianzas de cualquier tipo, Trump en un segundo mandato podría efectivamente poner fin al paraguas de seguridad que ha protegido a los aliados de Estados Unidos en Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente durante gran parte de las casi ocho décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La sola sugerencia de que no se puede depender de EE. UU. anularía el valor de tales alianzas, incitaría a viejos amigos a protegerse y tal vez alinearse con otras potencias y envalentonaría a personas como Putin y Xi Jinping de China.
“Rusia y China no tienen nada comparable con los aliados de Estados Unidos, y estos aliados dependen del compromiso estadounidense”, dijo Douglas E. Lute, un teniente general retirado que sirvió como embajador ante la OTAN durante la presidencia de Barack Obama y principal asesor del presidente George W. Bush. sobre las guerras en Afganistán e Irak. “Poner en duda el compromiso de Estados Unidos con sus aliados sacrifica la mayor ventaja de Estados Unidos sobre Rusia y China, algo que ni Putin ni Xi podrían lograr por sí solos”.
Sin dejarse intimidar por las críticas a su último comentario, Trump redobló sus esfuerzos el domingo.
“No se debe dar dinero en forma de ayuda exterior a ningún país a menos que se haga como un préstamo, no simplemente como un obsequio”, escribió en las redes sociales en letras mayúsculas. “Nunca más deberíamos dar dinero”, añadió, “sin la esperanza de una devolución o sin ‘condiciones’”.
Trump ha amenazado durante mucho tiempo con retirar a Estados Unidos de la OTAN y ya no estaría rodeado por el tipo de asesores que le impidieron hacerlo la última vez.
Intentó retirar las tropas estadounidenses de Alemania al final de su presidencia, enojado con Angela Merkel, entonces canciller, una retirada que se evitó solo porque el presidente Biden llegó al poder a tiempo para rescindir la decisión.
En otros puntos, Trump también contempló retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur, solo para que lo convencieran de no hacerlo, pero ha dicho desde que dejó el cargo que tal medida sería una prioridad en un segundo mandato a menos que Corea del Sur pagara más en compensación. 
Trump probablemente también cortaría la ayuda militar a Ucrania en su intento de defenderse de los invasores rusos, y no ha ofrecido apoyo para más ayuda a Israel en su guerra con Hamás.
Previendo la posibilidad de una retirada estadounidense del mundo si Trump regresa a su cargo, el Congreso aprobó recientemente una legislación que prohíbe a cualquier presidente retirarse del tratado de la OTAN sin la aprobación del Senado. Pero Trump ni siquiera necesitaría abandonar formalmente la alianza para hacerla inútil.
Y de no poderse contar con Estados Unidos para ayudar a sus socios en Europa, donde tiene los vínculos históricos más fuertes, entonces otros países con acuerdos de seguridad mutua con Washington —como Japón, Filipinas, Tailandia, Australia, Argentina, Brasil , Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá— tampoco podían estar seguros de la ayuda estadounidense.
Peter D. Feaver, profesor de la Universidad de Duke y exasistente de seguridad nacional de Bush y el presidente Bill Clinton, dijo que Trump podría reducir las tropas estadounidenses en Europa a un nivel que “haría inútil cualquier plan de defensa militar” y “de poco valor la expresión de compromiso de Estados Unidos” de forma tal que llevaría a creer a Putin de que tiene rienda suelta.
“Simplemente hacer esas dos cosas podría herir y tal vez matar a la OTAN”, dijo Feaver. “Y pocos aliados o socios en otras partes del mundo confiarían en cualquier compromiso de Estados Unidos después de vernos romper la OTAN”.
La historia sugiere que esto podría resultar en más guerra, no menos. Cuando Dean Acheson, el secretario de Estado, describió un “perímetro defensivo” estadounidense en Asia en 1950 que no incluía a Corea del Sur, Corea del Norte invadió cinco meses después, iniciando una guerra sangrienta que llevó a la participación de Estados Unidos.
La señal de Trump a los aliados de la OTAN como Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y, sí, Lituania es que podrían estar solos en enero próximo. Con este comentario de Trump apenas unos días después de que Putin le dijera a Tucker Carlson que Polonia tenía la culpa de que Adolf Hitler la invadiera en 1939, el ambiente en Varsovia no podría ser más inestable.
“Hasta ahora, el artículo 5 ha sido invocado una vez: para ayudar a Estados Unidos en Afganistán después del 11 de septiembre”, señaló Radek Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, en un intercambio de correo electrónico el domingo. “Polonia envió una brigada durante una década. Y no le pasamos una factura a Washington”.
El desprecio por la OTAN que expresa Trump se basa en una premisa falsa, que ha repetido durante años incluso después de haber sido corregido, una señal de que es incapaz de procesar información que entra en conflicto con una idea fija en su cabeza o está dispuesto a distorsionar los hechos para adaptarlos a su narrativa preferida.
Como lo ha hecho muchas veces, Trump fustigó a los socios de la OTAN a los que calificó de “morosos” en el pago de la protección estadounidense. “Tienes que pagar”, dijo. “Tienes que pagar tus cuentas”.
De hecho, los socios de la OTAN no pagan a Estados Unidos, como dio a entender Trump. Los miembros de la OTAN contribuyen a un presupuesto común para costos civiles y militares de acuerdo con una fórmula basada en el ingreso nacional e históricamente han cumplido esas obligaciones.
A lo que Trump se refiere engañosamente es al objetivo establecido por los ministros de defensa de la OTAN en 2006 de que cada miembro gaste el 2 por ciento de su producto interno bruto en su propio ejército, un estándar ratificado por los líderes de la OTAN en 2014 con la aspiración de lograrlo para 2024. Hasta el año pasado, solo 11 de los 31 miembros alcanzaron ese nivel, y el verano pasado los líderes de la OTAN prometieron un “compromiso duradero” para alcanzarlo finalmente. Pero incluso aquellos que no lo han hecho no deben dinero a Estados Unidos como resultado de ello.
Entre los miembros que gastan el 2 por ciento de su producción económica en defensa se encuentran Polonia y Lituania, y la cifra ha aumentado en los últimos dos años después de la invasión rusa de Ucrania, que no es miembro de la OTAN. Otras naciones se han comprometido a aumentar el gasto en los próximos años.
El gasto de la OTAN es una preocupación legítima, según los veteranos de la seguridad nacional, y Trump no es el primer presidente que presiona a los socios de la OTAN para que hagan más: Bush y Obama también lo hicieron. Pero Trump es el primero en presentar la alianza como una especie de fraude de protección donde aquellos que no “paguen” serán abandonados por Estados Unidos, y mucho menos sujetos a un ataque de Rusia con el apoyo de Washington.
“La credibilidad de la OTAN depende de la credibilidad del hombre que ocupa la Oficina Oval, ya que son las decisiones que se tomen allí las que en una situación crítica serán decisivas”, afirmó Carl Bildt, ex primer ministro de Suecia, que está finalizando su trámite de adhesión a la OTAN como el miembro número 32.
“Esto se aplica a lo que podría ser una gestión de crisis en un compromiso menor de algún tipo con la cuestión fundamental de la disuasión nuclear”, dijo. “Si Putin amenazara con ataques nucleares contra Polonia, ¿diría Trump que no le importa?”. 

lunes, 29 de enero de 2024

Los opositores al aborto se preparan para poner en vigor más restricciones si Trump gana las elecciones

  

Los grupos antiaborto aún no han persuadido a Donald Trump para que se comprometa a firmar una prohibición nacional si regresa a la Casa Blanca.
Pero, lejos de verse disuadidos, esos grupos están diseñando una agenda antiaborto de gran alcance para que el expresidente la implemente tan pronto como asuma el cargo, informa Politico.
En planes emergentes que involucran a todo, desde la EPA hasta la Comisión Federal de Comercio y el Servicio Postal, casi 100 grupos conservadores y antiaborto están trazando formas en que el próximo presidente puede utilizar la creciente burocracia federal para frenar el acceso al aborto.
Muchas de las políticas que defienden son las que Trump puso en práctica en su primer mandato y el presidente Joe Biden rescindió: reglas que tendrían un impacto mucho mayor en un panorama posterior a Roe. Otros elementos de la lista de deseos son nuevos y van desde esfuerzos para deshacer programas estatales y federales que promueven el acceso al aborto hasta una prohibición nacional de facto. Pero todos tienen una cosa en común: no requieren la aprobación del Congreso.
“Las conversaciones que estamos teniendo con los candidatos presidenciales y sus campañas han sido muy claras: esperamos que actúen con rapidez”, dijo a Politico Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life. ”Debido a no tener 60 votos en el Senado y no tener una mayoría provida firme en la Cámara, creo que la acción administrativa es donde veremos la mayor acción después de 2024 si Trump u otro presidente en contra del aborto es elegido”.
Los grupos han tenido, en ocasiones, una relación tensa con Trump, quien nombró a los jueces de la Corte Suprema que ayudaron a anular Roe v. Wade, pero quien culpó al movimiento antiaborto por las pérdidas electorales, criticó la prohibición de seis semanas de Florida y favorece las exenciones para violación, incesto y vida de la madre. Sin embargo, los amplios planes indican hasta qué punto los activistas conservadores ven una posible administración Trump como una oportunidad para restringir el aborto en todo el país, incluso en los estados que han votado para proteger el acceso en los últimos dos años.
El Proyecto de Transición Presidencial 2025 de la Heritage Foundation, una coalición que incluye a Students for Life, Susan B. Anthony Pro-Life America y otras organizaciones antiaborto, está redactando órdenes ejecutivas para hacer retroceder las políticas de la era Biden que han ampliado el acceso al aborto, como hacer que los abortos estén disponibles en algunas circunstancias en los hospitales de VA. También están recopilando currículums de activistas conservadores interesados en convertirse en funcionarios políticos o funcionarios públicos de carrera y capacitándolos para utilizar palancas del poder de las agencias que se pasan por alto para frenar el acceso al aborto.
“Ahora estamos tratando de hacer todo lo que podamos del trabajo del futuro presidente”, dijo recientemente Spencer Chretien, exasistente especial de Trump que ahora dirige el Proyecto 2025, en una sala llena en la conferencia anual de Students for Life en DC. “Necesitamos que nuestra gente, nuestro pueblo conservador provida en todo Estados Unidos, se entusiasme y sepa que la ayuda está en camino y que tienen algo que esperar”.
La campaña de Biden espera que sus propios votantes estén igualmente entusiasmados y está destacando los planes políticos de la derecha, ya que establecen un contraste entre Trump y Biden y hacen del derecho al aborto un tema principal en las elecciones presidenciales.
“Hemos logrado grandes avances aquí en el estado de Michigan y, sin embargo, es precario en caso de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca porque todo ese trabajo podría deshacerse”, dijo el copresidente de campaña de Biden y gobernador de Michigan. Gretchen Whitmer dijo a Politico, haciendo referencia a la votación de su estado en 2022 para revocar una prohibición de 1931 y consagrar el derecho al aborto en la constitución estatal. “No podemos darnos el lujo de tener a alguien en la Casa Blanca que vaya a arrebatarnos estos derechos que tanto hemos estado luchando por proteger”.
En una llamada con periodistas a principios de este mes, la directora de campaña Julie Chávez Rodríguez señaló el Proyecto 2025 como una amenaza particular, argumentando que las políticas de Biden para promover el derecho al aborto estarían en peligro si pierde en noviembre y prometiendo insistir en el mensaje hasta que “todos y cada uno de los votantes lo sepan”.
“Han presentado un plan de 887 páginas que incluye, con minucioso detalle, exactamente cómo planean aprovechar prácticamente todos los brazos, herramientas y agencias del gobierno federal para atacar el acceso al aborto”, dijo. “Los asesores cercanos de Trump tienen planes reales para bloquear el acceso al aborto en todos los estados sin ninguna ayuda del Congreso o de los tribunales”.
La campaña de Trump no respondió a las preguntas sobre sus planes de aborto para el segundo mandato.
Pero el Proyecto 2025, dirigido por exmiembros de la administración Trump, junto con otros activistas conservadores cercanos a la campaña, dijeron que confían en que Trump al menos reviviría sus políticas del primer mandato que Biden ha descartado desde entonces. Eso incluye volver a imponer restricciones a las clínicas nacionales e internacionales que ofrecen anticonceptivos y pruebas de ETS y reducir el acceso a las píldoras abortivas.
Los activistas antiaborto también se están preparando para que una futura administración Trump rescinda todas las políticas que Biden promulgó para ampliar el acceso tanto a las píldoras abortivas como a los abortos quirúrgicos, incluida la financiación para los militares que deben viajar a través de las fronteras estatales para un aborto, la provisión de abortos en clínicas de VA, la expansión de las reglas de privacidad de HIPAA para cubrir los abortos y la disponibilidad de píldoras abortivas por correo y en farmacias minoristas.
“Necesitamos deshacer todo eso”, dijo Roger Severino, vicepresidente de política interna de la Heritage Foundation que redactó parte del manual del Proyecto 2025. En su intervención en la conferencia Students for Life, añadió que el grupo está “trabajando en ese tipo de órdenes ejecutivas y regulaciones” que harán retroceder las políticas de Biden e “institucionalizarán el entorno post Dobbs”.
Susan B. Anthony, un grupo antiaborto que gasta decenas de millones de dólares para elegir candidatos conservadores este otoño, quiere que la FDA vuelva a imponer el requisito, levantado por la administración Biden, de que las píldoras abortivas solo sean dispensadas en persona por un médico. e investigar las complicaciones no fatales reportadas por los pacientes que toman los medicamentos. Otros quieren que la agencia vaya más allá y elimine la aprobación de la píldora —realizada hace dos décadas— y prohíba su venta en todo el país.
Estos cambios regulatorios probablemente enfrentarían desafíos legales. Muchas reglas que la administración Trump intentó promulgar fueron bloqueadas en los tribunales porque los funcionarios no siguieron el procedimiento administrativo. Pero dada esa experiencia, el trabajo de preparación que están realizando el Proyecto 2025 y otros grupos, y los jueces adicionales nombrados por Trump, probablemente tendrían una mayor tasa de éxito en un segundo mandato.
“Anticiparía tanto un uso muy agresivo de la autoridad ejecutiva para socavar el acceso al aborto como una dependencia de tribunales de tendencia conservadora para asegurar esas acciones ejecutivas”, dijo Chris Jennings, un experto en políticas de salud que trabajó tanto en las elecciones de Clinton como en las de Obama. administraciones. “Incluso las personas que piensan que están seguras porque viven en estados azules perderían el acceso si eso sucediera”.
Una segunda administración Trump podría realizar cambios más rápidos y radicales al emitir orientaciones e interpretaciones de las leyes existentes.
La Ley Comstock, aprobada en la década de 1870 y que lleva el nombre de un funcionario que hizo campaña contra todo, desde la masturbación hasta el sufragio femenino, prohíbe la entrega por correo de cualquier “material lujurioso o lascivo”, incluido cualquier “instrumento, sustancia, droga, medicamento o cosa” que podría usarse para un aborto. La ley sigue vigente, aunque el Congreso y los tribunales han reducido su alcance; por ejemplo, ya no se puede utilizar para detener la entrega de anticonceptivos por correo. El Proyecto 2025 se está preparando para que Trump lo vuelva a poner en vigor, cortando el acceso no solo a las píldoras utilizadas en la mayoría de los abortos sino también a los equipos médicos utilizados para abortos y otros procedimientos, y permitiendo procesamientos penales tanto de los proveedores que envían los medicamentos como de los que envían los medicamentos. pacientes que los reciben.
El Departamento de Justicia de la administración Biden emitió un memorando legal en diciembre de 2022 argumentando que la Ley Comstock no prohíbe la entrega por correo de medicamentos abortivos a menos que el remitente tenga la intención de que se utilicen ilegalmente. Pero desde entonces los jueces designados por Trump han dictaminado lo contrario, y los fiscales generales estatales republicanos han citado a Comstock para presionar a las principales farmacias para que no vendan las píldoras en sus estados.
Los grupos también están planeando que la administración Trump rescinda la guía de la administración Biden que exige a los hospitales ofrecer abortos a pacientes que experimenten emergencias médicas, independientemente de las prohibiciones estatales sobre el procedimiento, una cuestión que la Corte Suprema considerará este año.
“La administración Biden ha reiterado que la atención estabilizadora incluye servicios de aborto y los proveedores deben brindarlos”, dijo Ranji. “Eso podría ser algo que la administración Trump podría decidir no hacer cumplir y ni siquiera tendrían que pasar por un proceso de elaboración de reglas. Podrían simplemente hacerlo”.
 

sábado, 27 de enero de 2024

La democracia en peligro


 Tras la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales, por un momento surgió la esperanza de que, lo que para muchos —o no tantos según el espejo ideológico y político desde el que se contemple el reflejo de la sociedad estadounidense— fue un paréntesis de pesadilla bajo la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, había concluido.
Se creyó entonces también —por el mismo grupo de bienaventurados ilusos— que, aunque tardaría un tiempo, la política nacional regresaría a una época no exenta de conflictos, crisis y desavenencias, pero sí más sensata y racional: con menos arrogancia.
Equivocados, equivocados, equivocados todos los que pensamos así. 
Cada día crece el temor de que Trump no fue simplemente un paréntesis sino un anticipo, que lo que entonces se atisbó puede volver con fuerza: el regreso del magnate inmobiliario, vendedor de baratijas a sus electores (transformadas por su arte en tumultos de ilusión y embrollos de victorias).
Las rencillas y enconos, elevadas no solo al pan diario de Washington, sino convertidas en la razón de ser de una población cada vez más dividida, donde los criterios de cada cual excluyen la discusión y cualquier intercambio.
En un estudio de septiembre de 2021, “Exposure to Authoritarian Values Leads to Lower Positive Affect, Higher Negative Affect, and Higher Meaning in Life”, siete académicos — Jake Womick, John Eckelkamp, Sam Luzzo, Sarah J. Ward, S. Glenn Baker, Alison Salamun and Laura A. King— muestran que el autoritarismo de derecha jugó un papel importante en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016,
En los años siguientes, ha habido numerosas manifestaciones de extrema derecha en Estados Unidos, incluida la manifestación Unite the Right de 2017 en Charlottesville que culminó en un ataque automovilístico fatal, y la insurrección del Capitolio de 2021.
En EE. UU, entre 2016 y 2017, el número de ataques de organizaciones de derecha se cuadruplicó, superando en número a los ataques de grupos extremistas islámicos, constituyendo el 66 por ciento de todos los ataques y complots en 2019 y más del 90 por ciento en 2020.
¿Qué explica el atractivo de los valores autoritarios? 
La presentación de valores autoritarios debe tener una influencia positiva en algo que sea valioso para las personas.
Los mensajes autoritarios influyen en las personas en dos niveles separables: por una parte el nivel afectivo, reduciendo el afecto positivo y aumentando el afecto negativo, y por la otra el nivel existencial, realzando el significado de la vida.
Mientras que el afecto negativo se muestra en “sentirse triste, preocupado o enfurecido”, el “significado en la vida” incluye al menos tres componentes: el significante, mediante el cual el sentimiento de que la vida y las contribuciones de uno son importantes para la sociedad; el de propósito, que significa para quien lo exhibe el tener la vida impulsada por la búsqueda de metas valiosas; y por último la coherencia o comprensibilidad, que se traduce en que lo sustenta percibe que su vida, en su aspecto más personal y sensible, tiene sentido.
Puede parecer irónico que el autoritarismo —un sistema de creencias que implica el sacrificio de la libertad personal a un líder fuerte— influya en la experiencia del significado de la vida a través de la promoción de sentimientos de importancia personal. Sin embargo, el autoritarismo de derecha proporciona a una persona un lugar en el mundo, como fiel seguidor de un líder fuerte. Además, en comparación con el propósito y la coherencia, le permite al individuo saber, o creer saber con gran certeza, que su vida es importante, de manera duradera, y al mismo tiempo de la satisfacción de considerar que constituye un desafío.
Traspasar este desafío a un líder fuerte, y la inversión en convenciones sociales, puede permitir al individuo que adquiera un sentido de significado simbólico o indirecto, derivado de fidelidad al líder, con independencia de los valores inherentes a dicho líder y la significación final que la labor de dicho líder adquiera con el tiempo, las consecuencias de sus actos o las repercusiones en el plano social y económico. 
Orientación intelectual o anti intelectual
David C. Barker, Morgan Marietta y Ryan DeTamble, todos expertos en ciencias políticas, argumentan en “Intellectualism, Anti-Intellectualism, and Epistemic Hubris in Red and Blue America” que la arrogancia epistémica —la expresión de una certeza fáctica injustificada— es predominante bipartidista y asociada tanto con el intelectualismo (una identidad marcada por hábitos reflexivos y el aprendizaje por sí mismo) como con el anti intelectualismo (afecto negativo hacia los intelectuales y el establecimiento intelectual).
La división entre intelectualismo y anti intelectualismo —escriben— es distintivamente partidista: los intelectuales son desproporcionadamente demócratas, mientras que los anti intelectuales son desproporcionadamente republicanos. Por implicación, tanto el intelectualismo de la América azul como el anti intelectualismo de la América roja contribuyen a la intemperancia e intransigencia que caracterizan a la sociedad civil en EE. UU.
Luego añaden: “el creciente intelectualismo de la América azul y el anti intelectualismo de la América roja, respectivamente, pueden explicar parcialmente la tendencia de ambos a ver al otro como una mezcla de denso, engañado y deshonesto”.
Queda claro que la arrogancia impulsada por la identidad intelectual y la arrogancia impulsada por el afecto anti intelectual reducen nuestra disposición a comprometernos con aquellos que al parecer no tienen la personalidad necesaria y la honestidad imprescindible. 
Esta división en las percepciones —pero unanimidad en la arrogancia— alimenta la creciente creencia de que la democracia está fallando y, por lo tanto, las políticas antidemocráticas o antiliberales están justificadas.
Marietta y sus colegas llevaron a cabo una serie de experimentos para ver qué sucede cuando los ciudadanos comunes se enfrentan a otros que tienen percepciones contrarias sobre asuntos como el cambio climático, el racismo y los efectos de la inmigración.
Una vez que se dan cuenta de que las percepciones de otras personas son “diferentes a las suyas”, señala Marietta, resulta mucho menos probable que los estadounidenses quieran estar cerca de aquellos que piensan distinto en sitios de trabajo, y es mucho más probable que concluyan que son estúpidos o deshonestos. Estas inclinaciones son simétricas. Los liberales rechazan a los conservadores tanto, o a veces más, que los conservadores que rechazan a los liberales. El desdén que nace de la identidad intelectual parece reflejar el desdén que surge del afecto anti intelectual.
La derecha populista odia a la izquierda intelectual porque odia ser condescendiente, odia lo que percibe como su hipersensibilidad y odia lo que ve como un nivel de feminidad antiestadounidense (que por alguna razón se asocia con el intelectualismo).
La izquierda intelectual realmente ve el Partido Republicano como un puñado de estúpidos “deplorables”. Se sienten absolutamente superiores a ellos, y lo revelan constantemente en Twitter y en otros lugares, irritando aún más a los "deplorables", señala por su parte Barker.
En realidad lo que hace Trump es aprovecharse de estas divisiones, y aunque las ha exacerbado no son su invención. Tomar conciencia del problema ayudaría a buscar una solución, pero mientras se continúe explotando con fines políticos (y ambos partidos no están libres de culpas), la amenaza de una profunda división del país continuará creciendo.