Mitos y falsedades trumpistas

 

Los objetivos del análisis son, en cierto sentido, modestos, le dijo Sigmund Freud en una ocasión a un paciente. “Se ganará mucho si logramos transformar su miseria neurótica en una infelicidad ordinaria”.

Nada de ello se pretende en este texto. Ni como objetivo ni como sabiduría. En su lugar algo más sencillo: tratar de aportar datos a un debate político.

Sin embargo, la tarea no es fácil, porque dicha discusión —o simplemente intercambio para tratar de quitar énfasis al asunto— no funciona sobre bases racionales, que pueden ser modificadas mediante la exposición cognitiva, sino se exacerba emocionalmente. 

Por ello quizá esto no sea más que un ejercicio inútil y tedioso. La polarización extrema que vive actualmente Estados Unidos —y Europa también— tiende a excluir el raciocinio en favor del ataque rencoroso (emocional, por supuesto). No debería ser así, porque por encima de las preferencias políticas están las verdades, y tratar de reafirmarlas debe servir para un acercamiento y no lo contrario.

Confieso que el título del trabajo predispone, pero se intenta sustentarlo con hechos y no con opiniones. Y es que los partidarios de Trump llevan tiempo realizando afirmaciones, que al menos deben ser cotejadas, aunque con ellos se vaya a bolina la tranquilidad del intercambio.

Trump no firmó una orden a la Guardia Nacional el 6 de enero

La afirmación surgió a raíz de lo ocurrido y hace año y medio cobró fuerza de nuevo. Los trumpistas la repiten como un mantra y es falsa. La Associated Press revisó esta reclamación y aquí están los hechos.

Según repiten los partidarios del expresidente Donald Trump, este firmó una orden para desplegar 20.000 miembros de la Guardia Nacional antes de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, pero fue detenido por el sargento de armas de la Cámara, a instancias de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La realidad es la siguiente, y está documentada. Si bien Trump participó en discusiones en los días previos al 6 de enero sobre la respuesta de la Guardia Nacional, no emitió tal orden antes o durante los disturbios.

Trump no participó en la toma de decisiones relacionadas con la Guardia Nacional el 6 de enero y Pelosi no se interpuso en su camino.

Trump dijo durante una llamada de 30 segundos el 5 de enero, con el entonces secretario interino de Defensa, Christopher Miller, que “ellos” iban a necesitar 10.000 miembros de la Guardia Nacional el 6 de enero, según un comunicado que Miller proporcionó a un comité de la Cámara de Representantes en mayo de 2021. Pero Miller agregó que “no hubo más detalles” y tomó el comentario en el sentido de que “se requeriría una gran fuerza para mantener el orden al día siguiente”.

No hay prueba alguna de que Trump haya firmado una orden solicitando 10.000 soldados de la Guardia, y mucho menos 20.000, para el 6 de enero. Cuando se le solicitó un comentario, un portavoz del Departamento de Defensa proporcionó un cronograma de la participación de la institución en la preparación y respuesta al ataque. en el Capitolio.

El cronograma no muestra tal orden y solo señala que el 3 de enero, el presidente estuvo de acuerdo con la activación de la Guardia Nacional de D.C. para apoyar a las fuerzas del orden a instancias de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

Cuando comenzaron los disturbios, Bowser solicitó más ayuda de la Guardia, en nombre de la Policía del Capitolio. Esa solicitud se hizo al secretario del Ejército, Ryan McCarthy, quien luego fue a Miller, el cual la aprobó.

Ni Pelosi ni el sargento de armas de la Cámara podrían haber detenido un despliegue ordenado de tropas de la Guardia Nacional, porque el Congreso no controla la Guardia Nacional. 

Las tropas de la Guardia generalmente están controladas por los gobernadores, aunque pueden ser federalizadas, dijo William C. Banks, profesor de derecho en la Universidad de Syracuse.

Las afirmaciones de los partidarios de Trump aparecidas en las redes sociales y en sitios de internet “no tienen ningún sentido”, señaló Banks, y agregó: “El sargento de armas de la Cámara, él o ella no está en la cadena de mando. Tampoco Nancy Pelosi”.

El sargento de armas de la Cámara forma parte de la Junta de Policía del Capitolio, que también incluye al sargento de armas del Senado y al arquitecto del Capitolio.

Esa junta optó por no solicitar la Guardia antes de la insurrección, pero finalmente solicitó asistencia después de que los disturbios ya habían comenzado.

Como mostró un video, Pelosi y Mitch McConnell, entonces líder de la mayoría en el Senado, pidieron ayuda militar, incluida la Guardia Nacional.

Sin embargo, no hay prueba alguna de que Pelosi o McConnell ordenaran a los funcionarios de seguridad que no llamaran al guardia de antemano, y Drew Hammill, subjefe de gabinete de Pelosi, dijo después de la insurrección que Pelosi nunca fue informada de tal solicitud.

Bajo la administración Biden, el narcotráfico se ha apoderado de la frontera

Desde hace más de 10 años, las autoridades estadounidenses saben de la participación de los carteles de la droga en el tráfico ilegal de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. 

No es que este tráfico humano esté sustituyendo el de las drogas, sino una rama adicional del mismo negocio. Las ganancias por dicho tráfico, para los narcotraficantes, alcanzan los $10 mil millones anuales.

Tres administraciones estadounidense —incluida la de Trump— y tres gobiernos mexicanos no han sido capaces no ya de eliminar, o siquiera frenar sustancialmente el negocio.

Según explica el periodista Armando Guzmán en un artículo publicado por Los Angeles Times, del 20 de diciembre de 2022, en el pasado los migrantes tenían que contratar coyotes que los ayudaban a cruzar a EE. UU. y los guiaban durante su ruta.

Sin embargo ahora los migrantes tienen que pagarle a los carteles, porque esas organizaciones son las que tienen, desde hace varios años, el control de las rutas mexicanas de acceso a EE. UU.

En la actualidad los migrantes, antes de ser detenidos por la patrulla fronteriza, lo son por los carteles. En cada parada tienen que mostrar brazaletes de diversos colores, con los que los traficantes conocen la cifra pagada y el número de personas que comprende dicho pago. Pero ese “impuesto” que se paga a los contrabandistas no es por cruzar a EE. UU., sino por permitir el paso por territorio mexicano hasta la frontera estadounidense.

Los brazaletes indican también cuántos inmigrantes acompañan al portador y cuánto está pagando cada uno si se trata de una familia. El precio varía dependiendo también del país del que se está migrando, especifica Guzmán.

Los carteles no son los únicos organizadores y operadores del proceso de tráfico de inmigrantes a EE. UU. Aún existen coyotes independientes.

El control de la frontera sur y el tráfico de indocumentados es uno de los aspectos del gobierno de Joe Biden que ha recibido las califaciones más bajas. La falta de efectividad en este terreno es algo que tiene en contra el mandatario en sus aspiraciones a ser reelecto.

En los 76 días que transcurrieron desde que el presidente Biden ordenara la puesta en práctica de nuevas y estrictas restricciones al sistema de concesión de asilo de EE. UU., la cantidad de migrantes que todos los días cruzan de manera ilegal la frontera sur de este país ha disminuido considerablemente, según informó The NewYork Times el 29 de julio de 2023.

Antes de que los cambios en el sistema de asilo propuestos por el presidente entraran en vigor el 11 de mayo, las autoridades de la patrulla fronteriza encontraban diariamente a cerca de 7.500 migrantes tratando de cruzar de manera ilegal la frontera, lo cual era una cifra nunca antes vista, que incrementaba la presión sobre los oficiales de migración y las comunidades fronterizas.

Desde entonces, las cifras se han reducido a cerca de 3.000 migrantes por día. Ese número sigue siendo alto, pero es considerablemente menor.

Sin embargo, un juez federal dictaminó que los cambios al sistema de asilo propuestos por Biden eran ilegales. El juez Jon S. Tigar del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el norte de California —nominado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama— señaló que el supuesto de que la mayor parte de los migrantes que cruzan de manera ilegal no son candidatos a obtener asilo atenta contra las leyes de varias décadas y, en espera de una apelación, “no puede seguir vigente”.

El FBI y el sistema judicial están “politizados”

Cuando el 15 de mayo de 2023 John Durham, el fiscal especial encargado de investigar si hubo irregularidades en la apertura de una investigación sobre la trama rusa de la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, hizo publico los resultados de su labor, no aportó grandes novedades ni desveló ninguna conspiración como la que el expresidente venía asegurando que sacaría a la luz, informó el diario español El País.

El “crimen del siglo” que Trump llevaba años anunciado no apareció por parte alguna.

Ello no ha impedido que Trump y sus partidarios sigan repitiendo que el expresidente es objeto de una persecución injusta, y de la utilización política del FBI y el Departamento de Justicia.

Durham había sido nombrado por el entonces secretario de Justicia de la administración Trump, William Barr, poco después de que el fiscal especial Robert Mueller hubiera completado su investigación sobre si la campaña de Trump de 2016 había coludido con Rusia para influir a su favor sobre el resultado de las elecciones de ese año. 

Pasó el tiempo y ocurrió un cambio en la valoración y actitud de Barr frente a Trumpo. El exsecretario de Justicia no solo terminó presentándole la renuncia al entonces presidente, frente a la renuencia de este a admitir su derrota electoral, y a sus esfuerzos por alterar ilegalmente los resultados en las urnas, sino que en la actualidad es un crítico frecuente del ahora expresidente y comentador favorable de los procesos legales en su contra.

La investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones se abrió en julio de 2016 después de que el FBI supiera por un diplomático australiano que un asociado de la campaña de Trump llamado George Papadopoulos había afirmado conocer “trapos sucios” que los rusos tenían sobre la candidata demócrata Hillary Clinton en forma de correos electrónicos pirateados.

Luego de sus conclusiones, Trump ordenó una “contrainvestigación”, movido por un afán vengativo, como ahora ha prometido llevaría a cabo de ser reelecto contra quienes lo acusan de diversos delitos.

Los fiscales del “Informe Durham” solo consiguieron una declaración de culpabilidad de un empleado poco conocido del FBI, que confesó haber manipulado un correo electrónico para solicitar vigilancia a un exayudante de la campaña de Trump. En cambio, Durham y sus fiscales perdieron los dos únicos casos penales que llevaron a juicio tratando de acusar de irregularidades en la investigación de la trama rusa: un abogado de la campaña de Clinton y un analista de un think tank ruso-estadounidense fueron absueltos de los cargos de mentir al FBI.

Algunas de las deficiencias descritas en el informe ya habían sido examinadas a fondo por el inspector general del Departamento de Justicia. Además, el FBI ya había anunciado docenas de medidas correctoras para evitar fallos como los de entonces.

La investigación de Mueller dio lugar a unas tres docenas de cargos penales, incluidas condenas de media docena de asociados de Trump, y concluyó que Rusia intervino en favor de Trump en la campaña y que la campaña agradeció la ayuda.

Mueller detalló que no encontró pruebas suficientes para culpar al presidente Donald Trump de la injerencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016.

El 29 de mayo de 2019, en el Departamento de Estado, Mueller dijo que acusar públicamente a Trump “no era una opción que pudiésemos considerar”, dado que la normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, informó France 24.

Sin embargo, Mueller enfatizó en una duda: su informe no exoneró al mandatario de una posible obstrucción a la Justicia durante la investigación sobre la trama rusa: "Si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho", dijo Mueller. "Sin embargo, no determinamos si el presidente cometió un delito", remató.

El 24 de julio del mismo año, y ante el Congreso, Mueller volvió sobre el mismo punto: “el presidente no fue exculpado por los actos que supuestamente cometió”, dijo el exfiscal especial y fue más allá al decir que Trump podría ser enjuiciado una vez dejara la Casa Blanca, por los presuntos delitos que se cometieron en el marco de la llamada trama rusa.

Cuestionado por el legislador demócrata Jerry Nadler, el exfiscal dijo que Trump "sí" podría enfrentarse a un juicio.

Como contrapartida a los procesos legales que enfrenta Trump en la actualidad, tanto legisladores republicanos como partidarios del expresidente siempre recurren a los problemas legales de Hunter Biden.

Si bien la conducta del hijo del actual mandatario fue reprochable —o condenable— durante años, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se mantuvo al fiscal que lo investiga, nombrado por Trump, y el acuerdo fiscal alcanzado fue rechazado por un juez, nombrado también por Trump. En ambas instancias, el Departamento de Justicia no ha intervenido en favor de Hunter Biden, sino se ha limitado a aumentar la categoría del fiscal.

Fraude electoral en 2020

Insistir en que no hubo fraude electoral en las elecciones de 2020 debería ser un tema agotado a estas alturas, pero los trumpistas persisten en ello. Aburre el señalar cifras y datos. Solo mencionar las declaraciones de una figura política cuyas credenciales republicanas y ultraderechistas no dejan lugar a duda.

El precandidato a las presidenciales estadounidenses Ron DeSantis negó que hubiera fraude electoral en 2020, contradiciendo así a Trump, en una entrevista con NBC en la que advirtió a los republicanos que perderán en 2024 si no abandonan al expresidente, acorralado por los casos judiciales, según informó la AFP el 7 de agosto de 2023.

 El gobernador de Florida llevaba dos meses evitando las cadenas de televisión nacionales, y decantándose por canales de cable e internet en su mayoría conservadores.

Para DeSantis las últimas elecciones no fueron perfectas, pero no hubo juego sucio por parte de los demócratas y del presidente Joe Biden.

“Por supuesto que perdió. Por supuesto. Joe Biden es el presidente”, dijo DeSantis.

La lenta convalecencia del turismo en Cuba

Pese al fin de la pandemia del coronavirus, Cuba sigue luchando para recuperar el turismo, una actividad vital para su economía. En Trinidad, joya de la isla caribeña, la temporada alta fue “inestable”, según trabajadores del sector que apuestan por el retorno de los visitantes rusos y la apertura de nuevos mercados, informa la AFP.

“Poquito, poquito nos vamos levantando, pero no se ha recuperado todo” como antes de la pandemia, explica a la AFP Norelvis Vegas, mientras pasea a turistas en su coche por las callejuelas de esta villa de la provincia de Sancti Spíritus, ubicada 350 km al sudeste de La Habana, la capital.

Como la mayoría de los 76.000 habitantes de esta localidad, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988, este padre de familia de 33 años vive del turismo, y asegura que la temporada alta de 2023, que va de diciembre a abril, estuvo “inestable”.

“Comparada con antes del Covid, ahora tenemos como un 25% menos de ocupación”, confirma Yami Martínez, de 48 años, propietaria hace una década de una casa de renta de nueve habitaciones.

Después del récord de 2018 —con 4,7 millones de turistas y 3.300 millones de dólares en ingresos—, a raíz del histórico acercamiento con Estados Unidos, el turismo cubano debió enfrentar duros golpes: el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses bajo el gobierno de Donald Trump (2017-2021), la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, sin contar las dificultades económicas internas.

“Es muy duro el problema de la electricidad y del transporte”, añade Martínez, refiriéndose a los frecuentes apagones en la isla y a la escasez de combustible agravada en los últimos meses, a la que no siempre escapan los turistas.

Reinaldo Vivas, de 55 años, debió reducir a la mitad la capacidad de su restaurante. Cuando los cruceros estadounidenses, que ahora tienen prohibido viajar a Cuba por la sanciones de Trump, hacían una escala cerca de Trinidad, podía recibir hasta 250 comensales al día.

“Antes de la pandemia, había una estabilidad en el turismo”, apunta Vivas.

El hombre destacó que este año la temporada alta “no ha sido tan alta” y que ha tenido “más dependencia del turismo individual”. “Antes contábamos con turismo más de grupos”, lamenta.

Como los hoteles son propiedad del Estado, el turismo grupal es el que más aporta a las arcas del país.

Sin embargo, Cuba reportó en 2022 una tasa de ocupación hotelera de 15,6%, según cifras oficiales, contra 75,9% en Cancún (México) y 70,3% en República Dominicana, sus principales competidores en el Caribe.

A inicios de mayo, el ministro de Turismo, Juan Carlos García, reconoció que la recuperación no fue completa, aunque mantuvo la meta de recibir 3,5 millones de turistas en 2023. De una proyección de 2,5 millones prevista en 2022, la isla solo registró 1,6 millones de visitantes.

El turismo canadiense, principal mercado de la isla, “se ha recuperado al 80% con respecto al año 2019, y significa hoy más del 50% del turismo que estamos recibiendo”, explicó García.

“Pero no podemos decir lo mismo de otro mercado tan importante como el que conforman los países europeos”, agregó el ministro, señalando factores como la inflación, el conflicto en Ucrania y el aumento de los precios del transporte aéreo.

En un contexto de estrecho acercamiento diplomático y económico con Moscú durante los últimos meses, Cuba apuesta ahora al regreso de los grupos de turistas provenientes de Rusia, a partir del aumento de las conexiones aéreas entre ambos países.

En sintonía, la compañía Conviasa de Venezuela —otro aliado de Rusia— propone desde mediados de junio vuelos Caracas-La Habana-Moscú, en tanto que los viajes directos entre la capital rusa y el balneario de Varadero se reanudarán a partir de julio.

Vivas confirma que “se está viendo más participación de los turistas rusos” en Trinidad, mientras recibe en su restaurante a una veintena de moscovitas.

Los trabajadores del turismo en Trinidad constatan también un alza de visitantes procedentes de Turquía. “Antes los turcos eran poco vistos... ahora vienen muchos grupos”, asegura Vivian Maité Hernández, una pintora que trabaja en una tienda de artesanías.

Para satisfacer a estos nuevos clientes, algunos artesanos de la villa han comenzado a incluir entre los ya habituales cuadros de autos clásicos estadounidenses o retratos del Che Guevara, nuevos diseños como la “mano de Fátima”, símbolo de protección en Medio Oriente.

 

El plan migratorio de DeSantis perjudicaría a los cubanos que buscan asilo

El gobernador Ron DeSantis dio a conocer el lunes su propuesta migratoria si es elegido presidente. En lo esencial, su plan es ir mucho más a la derecha de Trump, no es nada nuevo porque en ello radica su campaña electoral. Pero para los cubanos hay una cuestión fundamental: DeSantis promete eliminar todos los programas de “parole”, que contemplan el beneficio de al menos 30.000 migrantes al mes, muchos de ellos cubanos.

En su primer plan político importante de su campaña presidencial de 2024, DeSantis, propuso una represión radical de la inmigración ilegal, incluido el envío del ejército estadounidense a la frontera y la detención y deportación masiva de personas indocumentadas, informan agencias cablegráficas y órganos de prensa.

De ser elegido presidente, el gobernador también pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y construiría un muro en la frontera sur, resurgiendo dos ideas que alguna vez defendió su principal rival por la nominación republicana, Donald Trump.

La plataforma de inmigración, tal como está escrita, ofrece un enfoque duro hacia la población indocumentada del país y la frontera sur. Sin embargo, descrita por DeSantis, la ejecución sería aún más severa y pondría a prueba los límites legales que han definido durante mucho tiempo quién tiene derecho a estar en Estados Unidos y cómo el gobierno puede dirigirse a quienes no lo tienen.

Hablando en Eagle Pass el lunes, DeSantis dijo que permitiría el uso de fuerza letal contra las personas que intentan cruzar a EE. UU. atravesando las estructuras fronterizas. Estuvo de acuerdo con un hombre en la audiencia que comparó el flujo de inmigrantes indocumentados con “un acto de guerra” que requeriría una respuesta militar. DeSantis también propuso otorgar a los estados el poder de “declarar una invasión” y deportar personas por su cuenta.

Los tribunales estadounidenses han dictaminado repetidamente que regular la inmigración es una responsabilidad federal. Aparentemente, ese principio se afirmó la semana pasada en parte cuando la Corte Suprema falló —8 a 1— contra Texas y Luisiana en su demanda por las normas de arresto y deportación de inmigrantes de la administración Biden.

“Si los federales tienen la responsabilidad de hacer inmigración, y deciden simplemente no hacerlo, ¿entonces estamos indefensos y no tenemos las leyes aplicadas en absoluto?” dijo DeSantis. “Creo que los estados tienen un papel que desempeñar. Puedo decirles que, como presidente, vamos a delegar por completo a todos los gobiernos estatales y locales para poder hacerlo cumplir”.

A través de políticas de inmigración más implacables y austeras, incluido el bloqueo de la mayoría de los casos de asilo, obligando a las personas a permanecer en México mientras se revisan sus casos y amenazando con castigos severos para los inmigrantes ilegales, DeSantis insiste en que puede frenar el flujo de migrantes hacia EE. UU., una promesa que cuestionar el precedente histórico.

El lema de su plataforma, “sin excusas”, invoca las principales críticas de DeSantis a la presidencia de Trump como un período de promesas incumplidas. Durante el fin de semana, su campaña tuiteó un clip de Trump prometiendo “la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos”, con el comentario: “Trump hizo esa promesa en 2016, pero terminó deportando menos ilegales que Barack Obama”. Adelantándose al anuncio durante el fin de semana, la campaña de DeSantis publicó un video que culpaba a la administración de Biden por el estado de la frontera, pero no perdonó el mandato de cuatro años de Trump al criticar la falta de acción percibida durante la última década.

Trump, como candidato en 2016, prometió construir un muro en la frontera sur y que México lo pagara. Terminó su primer mandato habiendo construido alrededor de 100 millas de muro nuevo, la mayoría de los cuales reemplazó la construcción anterior. Trump también dijo que pondría fin a la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento, pero se topó con la Enmienda 14 de la Constitución, que otorga la ciudadanía a todas las personas “nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”. Ha revivido la promesa una vez más en su campaña para recuperar la Casa Blanca, informa la CNN.

DeSantis en su plan de política sugiere que la lectura simple de la Enmienda 14 es “inconsistente con el entendimiento original” y dice que “obligaría a los tribunales y al Congreso a abordar finalmente la política fallida”, aunque sin explicar cómo.

A diferencia de Trump, DeSantis no insistió explícitamente en que México pagaría por el muro. Pero dijo que estacionará tropas en la frontera hasta que esté completado y agregó que una administración de DeSantis recaudaría fondos mediante la “penalización con impuestos a las remesas de los extranjeros ilegales” y que también penalizaría a las naciones que trataran de impedir esta medida fiscal. 

DeSantis también dijo que pondría fin a la llamada política de “atrapar y liberar” que permite que algunas personas no violentas vivan en Estados Unidos mientras esperan una audiencia judicial sobre sus solicitudes de inmigración y asilo. En cambio, la propuesta de DeSantis exige la detención de personas indocumentadas hasta la fecha de su audiencia, una política que probablemente llevaría a decenas de miles de personas a ser detenidas por el gobierno de EE. UU. por un tiempo indefinido.

DeSantis también promete deportar a los “extranjeros criminales”. Su propuesta no dijo si un “extranjero criminal” incluye a cualquier persona que no esté legalmente en EE. UU. o personas indocumentadas condenadas por un delito mientras están aquí. El ahora gobernador también deportaría a las personas que se quedaran más tiempo que el permitido en sus visas. Según el Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 850.000 visitantes extranjeros se quedaron más allá de su estadía autorizada solo en 2022.

DeSantis también prometió responsabilizar a los cárteles mexicanos de la droga autorizando sanciones a los líderes y otras entidades, así como endureciendo las penas para quienes trafiquen fentanilo y declarándolos “organizaciones criminales transnacionales”.

“Si el gobierno mexicano se demora, DeSantis se reservará el derecho de operar a través de la frontera para proteger nuestro territorio de las actividades de los cárteles mexicanos. Si el gobierno mexicano no detiene la fabricación de drogas de los cárteles, DeSantis aumentará los recursos para la Marina y la Guardia Costera y bloqueará el ingreso de precursores químicos a los puertos mexicanos”, dice la propuesta.

Mientras hablaba en el condado de Maverick, Texas, fue más allá y dijo que su administración autorizaría a las fuerzas del orden público a usar la fuerza letal contra los miembros del cártel y los inmigrantes que se cree que están involucrados en el tráfico ilegal de drogas que atraviesan el muro fronterizo.

“Usaremos todas las palancas a nuestra disposición para ganar la pelea”, dijo DeSantis. “Si alguien está rompiendo el muro fronterizo, lo que está haciendo en otras partes, demostrando intenciones hostiles o acciones hostiles, se debe poder enfrentar eso con el uso apropiado de la fuerza”.

Cuando un reportero le preguntó si eso significaba dispararle a alguien, DeSantis respondió: “Por supuesto, por supuesto que usas fuerza letal. Quiero decir, ¿cómo dejarías que alguien... quiero decir, dejarías que alguien entrara a tu casa y te hiciera daño?”.

Además, DeSantis impondrá sanciones a las jurisdicciones santuario que “traten de frustrar la ley federal de inmigración” al cortarles “cientos de millones de dólares en subvenciones”.

Si bien planea restablecer el plan de la época de Trump de Acuerdos de Cooperación de Asilo con los países del Triángulo del Norte, su plan iría más allá para cerrar el Tapón de Darién en Panamá. Esta región es a donde llegan millones de personas de todo el mundo, entre ellas miles y miles de cubanos, que vienen a través de América del Sur para llegar a Estados Unidos. Cerrar la brecha también evitará el control chino del Canal de Panamá, argumenta DeSantis.

Uno de los aspectos más controvertidos de su plan implica derrocar a las autoridades ejecutivas de la administración Biden y poner fin al uso de la libertad condicional, según un plan de la actual administración que beneficia a miles de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. 

DeSantis también tiene como objetivo desafiar la interpretación actual de la ley de EE. UU. que exige procesar a los inmigrantes que ya ingresaron a los EE. UU. “Se pueden repeler, eso es soberanía 101”, dijo el gobernador al corresponsal de Sooner Politics, un periódico de tendencia conservadora de Oklahoma.

Además, DeSantis se comprometió a declarar una emergencia nacional en su primer día en el cargo. “Habrá un nuevo sheriff en el pueblo en enero de 2025”.

¿Qué es el Grupo Wagner?

Las autoridades rusas acusaron a Yevgeniy Prigozhin, el jefe del Grupo Wagner vinculado al Kremlin, una red de contratistas de seguridad privada clave para la guerra de Rusia en Ucrania, de “incitación a la rebelión armada”, informa The Washington Post.

Estados Unidos estimó a principios de este año que alrededor de 50.000 de los combatientes Wagner de Prigozhin se habían desplegado en Ucrania, la mayoría de ellos reclutados dentro de las prisiones rusas. Visto durante mucho tiempo como un aliado cercano de Putin, Prigozhin se unió a sus hombres en el frente en el este de Ucrania.

Durante el curso de la prolongada y sangrienta batalla por la ciudad ucraniana de Bakhmut, entró en un conflicto cada vez mayor con el liderazgo militar de Rusia, criticando a los generales por no suministrar sus fuerzas. El viernes, acusó al ejército ruso de realizar un ataque contra un campamento de Wagner.

Como jefe del equipo de mercenarios de Wagner, Prigozhin se ha convertido en una figura clave en la invasión rusa de Ucrania, especialmente en la batalla de Bakhmut, que se prolongó durante el invierno y la primavera. Durante el conflicto, a menudo criticó a los líderes militares rusos, diciendo que no estaban equipando a sus hombres adecuadamente ni dirigiendo la guerra de manera efectiva. Se ganó una reputación por sus amenazas abiertas y extravagantes y sus diatribas sinceras en las redes sociales.

Prigozhin alcanzó la riqueza y la prominencia a través de contratos con el Estado ruso, incluidos acuerdos militares de servicio de alimentos que le valieron el apodo de “chef de Putin”. También se ha jactado de operar “granjas de trolls” y de entrometerse en elecciones extranjeras, incluso en Estados Unidos.

A menudo expresó su lealtad a Putin y culpó a otros líderes y élites por los problemas de Rusia.

¿Qué es el Grupo Wagner?

El Grupo Wagner no es una sola empresa tradicional, sino una red de organizaciones que ofrecen combatientes a sueldo, con la aprobación del Kremlin.

Según una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, el grupo probablemente ha operado en hasta 30 países y tiene dos campos de entrenamiento en Rusia.

Es aparentemente privado, pero según CSIS, “su gestión y operaciones están profundamente entrelazadas con la comunidad militar y de inteligencia rusa” bajo Putin.

Una de las funciones clave de Wagner, según Soufan Center, un grupo de expertos sin fines de lucro con sede en Nueva York, es proporcionar a Rusia “una fina apariencia de negación plausible mientras se involucra en la búsqueda de financiamiento, influencia y vigilantismo que no está de acuerdo con las normas internacionales”.

En septiembre, Prigozhin reconoció públicamente por primera vez que fundó el Grupo Wagner, en un comunicado publicado por su servicio de prensa en la red social rusa VK.

Dijo que lo había hecho para ayudar a las fuerzas rusas en Crimea, que Moscú anexó ilegalmente en 2014, y para ayudar a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.

“Volé a uno de los campos de entrenamiento y lo hice yo mismo. Yo mismo limpié las armas viejas, descubrí los chalecos antibalas y encontré especialistas que podrían ayudarme con esto”, dijo. “A partir de ese momento, el 1 de mayo de 2014, nació un grupo de patriotas, que luego adquirió el nombre… ‘Wagner’”.

Estados Unidos impuso rondas de sanciones al grupo y lo designó como una “organización criminal transnacional importante”. El equipo de mercenarios ha sido acusado de “ejecuciones masivas, violaciones, secuestros de niños y abuso físico en la República Centroafricana (RCA) y Malí”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, en un comunicado a principios de este año.

¿Qué hace el Grupo Wagner en Ucrania?

En 2014, el Grupo Wagner ayudó a entrenar, organizar y armar a las milicias respaldadas por Rusia que luchaban por el control de la región ucraniana de Donbas. Los agentes de Wagner también participaron en los combates y en la recopilación de inteligencia, según el CSIS, y al parecer formaron parte de la incautación y anexión de Crimea por parte de Rusia.

Wagner regresó a Ucrania el año pasado después de la invasión de Rusia. El ejército de Rusia sufrió pérdidas significativas, lo que lo obligó a depender del grupo para obtener ayuda en el campo de batalla. Wagner, a su vez, comenzó a reclutar en las prisiones rusas para reforzar sus filas.

A partir del verano pasado, el grupo jugó un papel importante en los esfuerzos rusos para capturar la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania. Los analistas dicen que si bien la ciudad tiene poco valor estratégico, Prigozhin ha impulsado la política para mostrarle al Kremlin que Wagner es capaz de ganar nuevos territorios.

“Wagner se está convirtiendo en un centro de poder rival para el ejército ruso y otros ministerios rusos”, dijo John Kirby, coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., a los periodistas en enero. Pero la organización, dijo, ha estado tomando “decisiones militares basadas en gran medida en lo que generarán para Prigozhin en términos de publicidad positiva”.

Kirby también dijo que Corea del Norte ha estado enviando armas a Wagner para que las use en Ucrania, incluso por ferrocarril sobre la pequeña frontera que Pyongyang comparte con Rusia.

¿Dónde más ha operado el Grupo Wagner?

En los últimos ocho años se ha informado de la presencia de las fuerzas de Wagner en Siria, Libia, Sudán, Malí, República Centroafricana, Madagascar, Mozambique y Venezuela, según el CSIS. A menudo, se emplean como garantía de los activos rusos o de los gobiernos anfitriones; otras veces, han participado en campos de batalla.

Poco después de que el Grupo Wagner apareciera por primera vez en Ucrania, también se informó de mercenarios vinculados al grupo en Siria, donde en 2015 Putin intervino del lado del presidente Bashar al-Assad en la guerra civil del país. En Siria, el grupo paramilitar brindó seguridad a las instalaciones militares rusas y sirias y participó en algunos combates, como la campaña de Assad para recuperar la ciudad de Palmira.

Las fuerzas de Wagner allí también formaron parte de la confrontación más mortífera entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría, en 2018, cuando las tropas estadounidenses y sus aliados cerca de Deir al-Zour de Siria respondieron a un ataque de combatientes leales a Assad con un contraataque que mató a unas 100 personas —mercenarios rusos entre ellos.

En Libia, rica en petróleo, los operativos de Wagner han estado luchando del lado del renegado comandante libio Khalifa Hifter en su batalla para derrocar a un gobierno respaldado por la ONU, establecido en 2015 para poner fin a la guerra civil del país. Al igual que con la guerra de Siria, la lucha en Libia se ha convertido en un frente para las batallas de poder regionales, y la presencia de los combatientes de Wagner ha señalado que Rusia está buscando una mano más fuerte en el Medio Oriente y África del Norte.

Wagner y Rusia también están expandiendo su alcance político y financiero en África. Hasta el momento, el grupo paramilitar ha estado en 18 países africanos, un número que representa más de la mitad de las naciones donde ha trabajado, según el CSIS.

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“Wagner entra, desestabiliza aún más el país, devasta los recursos minerales y gana tanto dinero como puede antes de decidir irse”, dijo a The Washington Post el contralmirante de la Marina de los EE. UU. Milton Sands, jefe del Comando de Operaciones Especiales en África, a principios Marzo. “El país queda más pobre, más débil y menos seguro. Cada vez."

En los últimos meses en Mali, cuyas relaciones con Occidente están en un punto bajo, los mercenarios de Wagner han custodiado el palacio presidencial y ayudado a rastrear a los extremistas.

En la República Centroafricana, Wagner ha estado ayudando a apuntalar al asediado gobierno del país y, a cambio, una empresa vinculada a Prigozhin recibió licencias para extraer oro y diamantes.

Garland nombra a un fiscal especial para investigar cómo documentos clasificados terminaron en una oficina privada y el hogar del presidente Biden

El secretario de Justicia, Merrick B. Garland. nombró a un fiscal especial el jueves para investigar cómo documentos clasificados terminaron en una oficina privada y el hogar del presidente Joe Biden, lo que abre una nueva amenaza legal para la Casa Blanca y proporciona municiones a sus oponentes republicanos, informa The New York Times.

Garland asignó a Robert K. Hur, un fiscal veterano que trabajó en la administración Trump, para examinar “la posible extracción y retención no autorizadas de textos  clasificados y otros documentos descubiertos” en el centro de estudios de Biden en Washington y en su residencia en Wilmington, Delaware, según una orden firmada por el secretario de Justicia.

La Casa Blanca prometió cooperar plenamente e insistió en que los fiscales encontrarían solo errores no intencionales. 

Personas cercanas a la situación dijeron que varios asociados de Biden ya habían sido entrevistados. Pero la decisión de abrir una investigación completa puso tanto al presidente como al fiscal general en posiciones incómodas, en momentos en que  otro fiscal especial, también designado por Garland, analiza si acusar al expresidente Donald J. Trump o a sus asociados de mal manejo de documentos confidenciales y obstrucción de los esfuerzos para recuperarlos.

Las circunstancias en los casos de Biden y Trump son marcadamente diferentes. Trump se resistió a las solicitudes de devolución de documentos durante meses, incluso después de haber sido citado, mientras que —hasta donde se sabe— los abogados de Biden encontraron los documentos sin que se los pidieran y los entregaron de inmediato. 

Sin embargo, bajo el aspecto político, la nueva investigación tiene la potencialidad de enturbia el caso contra Trump, quien ya la está utilizando para argumentar que está siendo perseguido selectivamente por la administración de un presidente al que planea desafiar en 2024.

Biden, quien criticó a Trump por ser “irresponsable” con los secretos nacionales, ahora tiene que responder por el mal manejo de documentos confidenciales de su propio equipo. Además, su Casa Blanca no reveló al público el descubrimiento de los documentos —que datan de su época como vicepresidente— durante dos meses, y esperó hasta después de las elecciones intermedias de noviembre, para evitar el posible daño que la revelación hubiera causado a los demócratas.

Y como dejó en claro un nuevo cronograma esbozado por Garland el jueves, incluso entonces la Casa Blanca no reveló completamente el alcance de la situación en su declaración original. 

Esa declaración, publicada el lunes, confirmó un informe de los medios sobre un primer lote descubierto en la localidad de su centro de estudios en noviembre, pero no mencionó un segundo lote encontrado en su casa de Delaware en diciembre.

Solo el jueves, tres días después de esa declaración inicial, la Casa Blanca confirmó los informes de los medios de prensa sobre el segundo lote, que se descubrió en el garaje de la casa de Biden en Wilmington, y un documento final que se encontró en un lugar cercano el miércoles por la noche.

Cuando un reportero le preguntó a Biden, en un evento no relacionado el jueves, por qué se guardaban documentos clasificados junto con su preciado Corvette, Biden respondió: “Mi Corvette está en un garaje cerrado. ¿OK? Así que no es como si estuvieran colocados en la calle”.

“Pero como dije a principios de esta semana”, agregó, “la gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados y el material clasificado. También dije que estamos cooperando total y completamente con la revisión del Departamento de Justicia”.

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el presidente no había sido informado con anticipación de la decisión de Garland de nombrar un fiscal especial. Se negó a entrar en detalles sobre lo que provocó inicialmente la búsqueda, cuánto ha avanzado y por qué la Casa Blanca no informó al público antes.

Biden, dijo, “se ha mantenido informado en todo momento”, pero no sabe qué hay en los documentos. “La búsqueda está completa, él tiene confianza en este proceso y lo dejaré ahí”, agregó.

Pero su versión del descubrimiento del lote original de documentos no coincidía con el calendario del Departamento de Justicia. “Hicimos esto según las reglas establecidas, y lo que quiero decir con eso es el momento en que los abogados descubrieron que los papeles, los documentos, estaban allí, se acercaron a los archivos, se comunicaron con el Departamento de Justicia”, dijo.

De hecho, según el Departamento, la Casa Blanca informó a la Administración Nacional de Archivos y Registros, pero no a Justicia. El Departamento se enteró de los documentos solo cuando los archivos lo notificaron. 

Una persona familiarizada con la forma de pensar del equipo de Biden —que solicitó el anonimato para discutir asuntos legales delicados— dijo que los abogados del presidente se habían puesto en contacto con los Archivos con el entendimiento de que informarían a otras agencias que necesitaban saber.

Una vez que se trajo al Departamento de Justicia, el equipo de Biden trató directamente con los fiscales, incluso cuando se descubrieron el segundo lote y un documento final. Pero ello significó que el primer lote se trasladó a los Archivos antes de que el FBI pudiera examinarlos donde fueron encontrados originalmente.

Si bien los funcionarios de la Casa Blanca minimizaron en privado la importancia de la designación de Hur, argumentando que sería más importante en los círculos políticos de Washington que en el resto de la nación, las investigaciones de los fiscales especiales tienen una forma de distraer e incluso paralizar a cualquier Casa Blanca, especialmente si la investigación se extienden más allá de su ámbito original.

Con la excepción del presidente Barack Obama, todos los ocupantes de la Oficina Oval —desde la época de Watergate— se han enfrentado a un fiscal especial que los ha examinado, a ellos o a miembros de su personal, a veces por cuestiones relativamente limitadas, pero otras veces por problemas que se han convertido en amenazas de juicio político.

La decisión de seleccionar un fiscal especial para investigar el manejo de los documentos llega en un momento extraordinario para Garland, quien en noviembre nombró a Jack Smith, un exfiscal experto en delitos de guerra y corrupción pública, para dirigir las investigaciones sobre el mal manejo de Trump de documentos gubernamentales, así como sus acciones relacionadas con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El nombramiento de Hur el jueves tiene como objetivo aislar al Departamento de Justicia de las acusaciones de partidismo en un momento en que el Partido Republicano, que cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes, se ha embarcado en una investigación muy intensa y amplia sobre lo que afirman es el uso del poder del gobierno, por parte de la administración Biden, contra los republicanos.

Según la orden de Garland, el fiscal Hur está autorizado para enjuiciar cualquier delito que surja de la investigación o remitir asuntos para su enjuiciamiento por los fiscales federales en otras jurisdicciones.

Hur, socio de la firma de abogados especializada en litigios no criminales, Gibson, Dunn & Crutcher, trabajó como asistente del fiscal federal en Maryland de 2007 a 2014; luego se desempeñó en la oficina del fiscal general adjunto en 2017 y 2018, durante la administración Trump, antes de ser designado fiscal federal para Maryland, cargo que dejó cuando Biden asumió el cargo.

Mientras era fiscal federal, Hur desafió la presión del Departamento de Justicia de Trump para enjuiciar a John F. Kerry, el secretario de Estado de Obama, por defender la preservación de un acuerdo nuclear con Irán, lo que  provocó la ira de Trump, según Geoffrey S. Berman, exfiscal federal en Manhattan durante la época de Trump. En sus memorias, Holding the Line, Berman escribió que después de él negarse a procesar a Kerry, se trató de asignar dicha tarea a Hur, pero que este se negó a presentar cargos también.

En su declaración del jueves, Garland completó algunos, si no todos, los vacíos en la cronología pública en torno al descubrimiento de los documentos en la casa y la oficina de Biden.

Los abogados de Biden descubrieron el primer lote de documentos clasificados —que se dice que incluyen materiales informativos sobre gobiernos extranjeros de su época como vicepresidente— el 2 de noviembre, solo seis días antes de las elecciones de mitad de período, cuando estaban cerrando su oficina en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington.

Alertaron a los Archivos, que los recuperaron a la mañana siguiente. Los funcionarios de Archivos luego informaron al Departamento de Justicia el 4 de noviembre. El FBI comenzó una evaluación de la situación el 9 de noviembre. El 14 de noviembre, Garland asignó a John R. Lausch, el fiscal federal en Chicago y designado por Trump, para realizar una revisión preliminar para determinar si se ameritaba un fiscal especial.

El equipo de Biden esperó varias semanas antes de llegar a la conclusión, a medida que avanzaba la revisión de Lausch, de que debían asegurarse de que no hubiera más sorpresas y realizar una búsqueda de otras propiedades de Biden. 

El 20 de diciembre, encontraron el segundo lote en el garaje de Biden en Wilmington y notificaron a Lausch. No se encontraron documentos clasificados en la casa de vacaciones del presidente en Rehoboth Beach, Delaware.

Lausch le dijo al fiscal general el 5 de enero que se justificaba un abogado especial, pero el fiscal de Chicago se negó a asumir el papel porque planea irse al sector privado a principios de este año.

Cuatro días después, la Casa Blanca emitió su declaración pública confirmando el descubrimiento del lote original de documentos, en respuesta a un informe de CBS News. El miércoles por la noche, mientras completaban su búsqueda, los abogados de Biden hicieron un tercer descubrimiento cuando encontraron otro documento clasificado de una sola página en una habitación adyacente al garaje en Wilmington y notificaron al Departamento de Justicia. Después de los informes de los medios, la Casa Blanca reconoció públicamente el jueves que los ayudantes de Biden habían encontrado los documentos adicionales.

Una persona familiarizada con el pensamiento del equipo de Biden dijo que los abogados no querían anunciar lo sucedido hasta que se reunieran todos los hechos. Recelaban de ofender a los funcionarios del Departamento de Justicia al hacerlo público prematuramente y lucir como si estuvieran litigando en los medios, con la esperanza de que Lausch concluyera que no se necesitaba un fiscal especial.

Sin embargo, funcionarios policiales veteranos dijeron que el equipo de Biden planteó preguntas sobre cómo habían actuado después de encontrar el primer conjunto de documentos en noviembre, particularmente al notificar a los archivos pero no al Departamento de Justicia o al FBI, que están obligados a hacer cumplir las leyes relacionadas con el manejo de secretos nacionales.

“Crearon una situación en la que el Departamento de Justicia no estuvo directamente involucrado inicialmente”, dijo Tim Flanagan, exconsejero adjunto de la Casa Blanca y funcionario del Departamento de Justicia durante la presidencia de George W. Bush.

“En su lugar, los documentos se sacaron de contexto y pasaron por otras manos, lo que no le dio al Departamento la oportunidad de revisar por sí mismo qué tipo de controles de seguridad había a su alrededor y con qué otras cosas estaban almacenados”, agregó.

Chuck Rosenberg, exmiembro de rango del FBI, dijo que traer a esta institución desde el principio hubiera sido más inteligente. “Siempre es mejor para el FBI saber más temprano que tarde”, dijo. “Este tipo de investigaciones tienden a no mejorar con el tiempo”.