Los objetivos del análisis son, en cierto sentido, modestos, le dijo Sigmund Freud en una ocasión a un paciente. “Se ganará mucho si logramos transformar su miseria neurótica en una infelicidad ordinaria”.
Nada de ello se pretende en este texto. Ni como objetivo ni como sabiduría. En su lugar algo más sencillo: tratar de aportar datos a un debate político.
Sin embargo, la tarea no es fácil, porque dicha discusión —o simplemente intercambio para tratar de quitar énfasis al asunto— no funciona sobre bases racionales, que pueden ser modificadas mediante la exposición cognitiva, sino se exacerba emocionalmente.
Por ello quizá esto no sea más que un ejercicio inútil y tedioso. La polarización extrema que vive actualmente Estados Unidos —y Europa también— tiende a excluir el raciocinio en favor del ataque rencoroso (emocional, por supuesto). No debería ser así, porque por encima de las preferencias políticas están las verdades, y tratar de reafirmarlas debe servir para un acercamiento y no lo contrario.
Confieso que el título del trabajo predispone, pero se intenta sustentarlo con hechos y no con opiniones. Y es que los partidarios de Trump llevan tiempo realizando afirmaciones, que al menos deben ser cotejadas, aunque con ellos se vaya a bolina la tranquilidad del intercambio.
Trump no firmó una orden a la Guardia Nacional el 6 de enero
La afirmación surgió a raíz de lo ocurrido y hace año y medio cobró fuerza de nuevo. Los trumpistas la repiten como un mantra y es falsa. La Associated Press revisó esta reclamación y aquí están los hechos.
Según repiten los partidarios del expresidente Donald Trump, este firmó una orden para desplegar 20.000 miembros de la Guardia Nacional antes de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, pero fue detenido por el sargento de armas de la Cámara, a instancias de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
La realidad es la siguiente, y está documentada. Si bien Trump participó en discusiones en los días previos al 6 de enero sobre la respuesta de la Guardia Nacional, no emitió tal orden antes o durante los disturbios.
Trump no participó en la toma de decisiones relacionadas con la Guardia Nacional el 6 de enero y Pelosi no se interpuso en su camino.
Trump dijo durante una llamada de 30 segundos el 5 de enero, con el entonces secretario interino de Defensa, Christopher Miller, que “ellos” iban a necesitar 10.000 miembros de la Guardia Nacional el 6 de enero, según un comunicado que Miller proporcionó a un comité de la Cámara de Representantes en mayo de 2021. Pero Miller agregó que “no hubo más detalles” y tomó el comentario en el sentido de que “se requeriría una gran fuerza para mantener el orden al día siguiente”.
No hay prueba alguna de que Trump haya firmado una orden solicitando 10.000 soldados de la Guardia, y mucho menos 20.000, para el 6 de enero. Cuando se le solicitó un comentario, un portavoz del Departamento de Defensa proporcionó un cronograma de la participación de la institución en la preparación y respuesta al ataque. en el Capitolio.
El cronograma no muestra tal orden y solo señala que el 3 de enero, el presidente estuvo de acuerdo con la activación de la Guardia Nacional de D.C. para apoyar a las fuerzas del orden a instancias de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.
Cuando comenzaron los disturbios, Bowser solicitó más ayuda de la Guardia, en nombre de la Policía del Capitolio. Esa solicitud se hizo al secretario del Ejército, Ryan McCarthy, quien luego fue a Miller, el cual la aprobó.
Ni Pelosi ni el sargento de armas de la Cámara podrían haber detenido un despliegue ordenado de tropas de la Guardia Nacional, porque el Congreso no controla la Guardia Nacional.
Las tropas de la Guardia generalmente están controladas por los gobernadores, aunque pueden ser federalizadas, dijo William C. Banks, profesor de derecho en la Universidad de Syracuse.
Las afirmaciones de los partidarios de Trump aparecidas en las redes sociales y en sitios de internet “no tienen ningún sentido”, señaló Banks, y agregó: “El sargento de armas de la Cámara, él o ella no está en la cadena de mando. Tampoco Nancy Pelosi”.
El sargento de armas de la Cámara forma parte de la Junta de Policía del Capitolio, que también incluye al sargento de armas del Senado y al arquitecto del Capitolio.
Esa junta optó por no solicitar la Guardia antes de la insurrección, pero finalmente solicitó asistencia después de que los disturbios ya habían comenzado.
Como mostró un video, Pelosi y Mitch McConnell, entonces líder de la mayoría en el Senado, pidieron ayuda militar, incluida la Guardia Nacional.
Sin embargo, no hay prueba alguna de que Pelosi o McConnell ordenaran a los funcionarios de seguridad que no llamaran al guardia de antemano, y Drew Hammill, subjefe de gabinete de Pelosi, dijo después de la insurrección que Pelosi nunca fue informada de tal solicitud.
Bajo la administración Biden, el narcotráfico se ha apoderado de la frontera
Desde hace más de 10 años, las autoridades estadounidenses saben de la participación de los carteles de la droga en el tráfico ilegal de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
No es que este tráfico humano esté sustituyendo el de las drogas, sino una rama adicional del mismo negocio. Las ganancias por dicho tráfico, para los narcotraficantes, alcanzan los $10 mil millones anuales.
Tres administraciones estadounidense —incluida la de Trump— y tres gobiernos mexicanos no han sido capaces no ya de eliminar, o siquiera frenar sustancialmente el negocio.
Según explica el periodista Armando Guzmán en un artículo publicado por Los Angeles Times, del 20 de diciembre de 2022, en el pasado los migrantes tenían que contratar coyotes que los ayudaban a cruzar a EE. UU. y los guiaban durante su ruta.
Sin embargo ahora los migrantes tienen que pagarle a los carteles, porque esas organizaciones son las que tienen, desde hace varios años, el control de las rutas mexicanas de acceso a EE. UU.
En la actualidad los migrantes, antes de ser detenidos por la patrulla fronteriza, lo son por los carteles. En cada parada tienen que mostrar brazaletes de diversos colores, con los que los traficantes conocen la cifra pagada y el número de personas que comprende dicho pago. Pero ese “impuesto” que se paga a los contrabandistas no es por cruzar a EE. UU., sino por permitir el paso por territorio mexicano hasta la frontera estadounidense.
Los brazaletes indican también cuántos inmigrantes acompañan al portador y cuánto está pagando cada uno si se trata de una familia. El precio varía dependiendo también del país del que se está migrando, especifica Guzmán.
Los carteles no son los únicos organizadores y operadores del proceso de tráfico de inmigrantes a EE. UU. Aún existen coyotes independientes.
El control de la frontera sur y el tráfico de indocumentados es uno de los aspectos del gobierno de Joe Biden que ha recibido las califaciones más bajas. La falta de efectividad en este terreno es algo que tiene en contra el mandatario en sus aspiraciones a ser reelecto.
En los 76 días que transcurrieron desde que el presidente Biden ordenara la puesta en práctica de nuevas y estrictas restricciones al sistema de concesión de asilo de EE. UU., la cantidad de migrantes que todos los días cruzan de manera ilegal la frontera sur de este país ha disminuido considerablemente, según informó The NewYork Times el 29 de julio de 2023.
Antes de que los cambios en el sistema de asilo propuestos por el presidente entraran en vigor el 11 de mayo, las autoridades de la patrulla fronteriza encontraban diariamente a cerca de 7.500 migrantes tratando de cruzar de manera ilegal la frontera, lo cual era una cifra nunca antes vista, que incrementaba la presión sobre los oficiales de migración y las comunidades fronterizas.
Desde entonces, las cifras se han reducido a cerca de 3.000 migrantes por día. Ese número sigue siendo alto, pero es considerablemente menor.
Sin embargo, un juez federal dictaminó que los cambios al sistema de asilo propuestos por Biden eran ilegales. El juez Jon S. Tigar del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el norte de California —nominado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama— señaló que el supuesto de que la mayor parte de los migrantes que cruzan de manera ilegal no son candidatos a obtener asilo atenta contra las leyes de varias décadas y, en espera de una apelación, “no puede seguir vigente”.
El FBI y el sistema judicial están “politizados”
Cuando el 15 de mayo de 2023 John Durham, el fiscal especial encargado de investigar si hubo irregularidades en la apertura de una investigación sobre la trama rusa de la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, hizo publico los resultados de su labor, no aportó grandes novedades ni desveló ninguna conspiración como la que el expresidente venía asegurando que sacaría a la luz, informó el diario español El País.
El “crimen del siglo” que Trump llevaba años anunciado no apareció por parte alguna.
Ello no ha impedido que Trump y sus partidarios sigan repitiendo que el expresidente es objeto de una persecución injusta, y de la utilización política del FBI y el Departamento de Justicia.
Durham había sido nombrado por el entonces secretario de Justicia de la administración Trump, William Barr, poco después de que el fiscal especial Robert Mueller hubiera completado su investigación sobre si la campaña de Trump de 2016 había coludido con Rusia para influir a su favor sobre el resultado de las elecciones de ese año.
Pasó el tiempo y ocurrió un cambio en la valoración y actitud de Barr frente a Trumpo. El exsecretario de Justicia no solo terminó presentándole la renuncia al entonces presidente, frente a la renuencia de este a admitir su derrota electoral, y a sus esfuerzos por alterar ilegalmente los resultados en las urnas, sino que en la actualidad es un crítico frecuente del ahora expresidente y comentador favorable de los procesos legales en su contra.
La investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones se abrió en julio de 2016 después de que el FBI supiera por un diplomático australiano que un asociado de la campaña de Trump llamado George Papadopoulos había afirmado conocer “trapos sucios” que los rusos tenían sobre la candidata demócrata Hillary Clinton en forma de correos electrónicos pirateados.
Luego de sus conclusiones, Trump ordenó una “contrainvestigación”, movido por un afán vengativo, como ahora ha prometido llevaría a cabo de ser reelecto contra quienes lo acusan de diversos delitos.
Los fiscales del “Informe Durham” solo consiguieron una declaración de culpabilidad de un empleado poco conocido del FBI, que confesó haber manipulado un correo electrónico para solicitar vigilancia a un exayudante de la campaña de Trump. En cambio, Durham y sus fiscales perdieron los dos únicos casos penales que llevaron a juicio tratando de acusar de irregularidades en la investigación de la trama rusa: un abogado de la campaña de Clinton y un analista de un think tank ruso-estadounidense fueron absueltos de los cargos de mentir al FBI.
Algunas de las deficiencias descritas en el informe ya habían sido examinadas a fondo por el inspector general del Departamento de Justicia. Además, el FBI ya había anunciado docenas de medidas correctoras para evitar fallos como los de entonces.
La investigación de Mueller dio lugar a unas tres docenas de cargos penales, incluidas condenas de media docena de asociados de Trump, y concluyó que Rusia intervino en favor de Trump en la campaña y que la campaña agradeció la ayuda.
Mueller detalló que no encontró pruebas suficientes para culpar al presidente Donald Trump de la injerencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016.
El 29 de mayo de 2019, en el Departamento de Estado, Mueller dijo que acusar públicamente a Trump “no era una opción que pudiésemos considerar”, dado que la normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, informó France 24.
Sin embargo, Mueller enfatizó en una duda: su informe no exoneró al mandatario de una posible obstrucción a la Justicia durante la investigación sobre la trama rusa: "Si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho", dijo Mueller. "Sin embargo, no determinamos si el presidente cometió un delito", remató.
El 24 de julio del mismo año, y ante el Congreso, Mueller volvió sobre el mismo punto: “el presidente no fue exculpado por los actos que supuestamente cometió”, dijo el exfiscal especial y fue más allá al decir que Trump podría ser enjuiciado una vez dejara la Casa Blanca, por los presuntos delitos que se cometieron en el marco de la llamada trama rusa.
Cuestionado por el legislador demócrata Jerry Nadler, el exfiscal dijo que Trump "sí" podría enfrentarse a un juicio.
Como contrapartida a los procesos legales que enfrenta Trump en la actualidad, tanto legisladores republicanos como partidarios del expresidente siempre recurren a los problemas legales de Hunter Biden.
Si bien la conducta del hijo del actual mandatario fue reprochable —o condenable— durante años, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se mantuvo al fiscal que lo investiga, nombrado por Trump, y el acuerdo fiscal alcanzado fue rechazado por un juez, nombrado también por Trump. En ambas instancias, el Departamento de Justicia no ha intervenido en favor de Hunter Biden, sino se ha limitado a aumentar la categoría del fiscal.
Fraude electoral en 2020
Insistir en que no hubo fraude electoral en las elecciones de 2020 debería ser un tema agotado a estas alturas, pero los trumpistas persisten en ello. Aburre el señalar cifras y datos. Solo mencionar las declaraciones de una figura política cuyas credenciales republicanas y ultraderechistas no dejan lugar a duda.
El precandidato a las presidenciales estadounidenses Ron DeSantis negó que hubiera fraude electoral en 2020, contradiciendo así a Trump, en una entrevista con NBC en la que advirtió a los republicanos que perderán en 2024 si no abandonan al expresidente, acorralado por los casos judiciales, según informó la AFP el 7 de agosto de 2023.
El gobernador de Florida llevaba dos meses evitando las cadenas de televisión nacionales, y decantándose por canales de cable e internet en su mayoría conservadores.
Para DeSantis las últimas elecciones no fueron perfectas, pero no hubo juego sucio por parte de los demócratas y del presidente Joe Biden.
“Por supuesto que perdió. Por supuesto. Joe Biden es el presidente”, dijo DeSantis.
