miércoles, 9 de noviembre de 2022

Trump esperaba una noche de celebración, pero no tiene mucho de que alegrarse


Donald J. Trump no estuvo en la boleta electoral el martes, pero pasó los últimos dos años comportándose de otra manera, con el objetivo de brindar victorias clave a un Partido Republicano con el que es probable que busque, una vez más, una candidatura a la presidencia.
Varias votaciones todavía permanecían sin definirse la madrugada del miércoles, pero estaba claro que no se había producido la “gigantesca marejada roja” que Trump llevaba semanas pidiéndole a sus partidarios que llevaran a cabo.
En su lugar, lo que ocurrió fue que en algunos estados clave, los candidatos respaldados por Trump perdieron o les fue mal, escriben Michael C. Bender y Maggie Haberman en un artículo de The New York Times.
En Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro ganó la carrera por la gubernatura contra el republicano Doug Mastriano, mientras que el demócrata John Fetterman derrotó al republicano Mehmet Oz, para así cambiar el control de un escaño en el Senado. En Michigan, Tudor Dixon, la escogida por Trump para postularse a gobernadora, se quedó corta en su intento de derrocar a la titular Gretchen Whitmer.
En Arizona, donde Kari Lake y Blake Masters habían hecho campaña juntos como candidatos de “América Primero”, siguiendo el lema de Trump, ambos estaban atrás en las votaciones para la gobernación y el Senado, respectivamente, aunque los resultados aún se mantenían demasiado cercanos para hacer un anuncio.
Por otra parte, a algunos de los candidatos de Trump les fue bien, como J.D. Vance, el candidato republicano al Senado en Ohio. Y el candidato en el que Trump estaba más involucrado personalmente, el exjugador de fútbol americano Herschel Walker, cuya candidatura al Senado en Georgia se vio sacudida por acusaciones de que había alentado a las mujeres para que se hicieran un aborto que él pagó, parecía acercarse a un resultado que obligaría a realizar una segunda vuelta en la votación.
Una de las mayores victorias de la noche del Partido Republicano se produjo en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ganó la reelección con márgenes que los republicanos no habían visto allí en dos décadas.
A diferencia de hace cuatro años, cuando el respaldo de Trump ayudó a impulsar la campaña sin fuerza de DeSantis, el gobernador no buscó la ayuda del expresidente para la reelección. Ahora DeSantis fue el blanco de un apodo burlón de parte de Trump en los últimos días de la contienda.
En buena medida, Trump se burló de DeSantis porque el gobernador es ampliamente visto como la principal alternativa al expresidente para la nominación republicana. DeSantis no ha dicho si se postulará para la Casa Blanca, pero Trump, quien se espera que anuncie su tercera candidatura presidencial consecutiva la próxima semana, ha dicho a los periodistas que ve a DeSantis como un competidor.
Las reñidas contiendas en el resto del mapa electoral han dejado vacilante a Trump. En una fiesta de la noche de las elecciones en su club privado de Mar-a-Lago, no estaba particularmente interesado en dirigirse a la multitud, según alguien familiarizado con lo ocurrido. Sí pronunció breves comentarios, y una de las pocas personas a las que elogió fue a Katie Britt, la candidata republicana al Senado de Alabama, cuya victoria se consideraba inevitable.
No mencionó la victoria de DeSantis, sino que se centró en la amplia victoria del senador Marco Rubio, quien hizo campaña con Trump.
Para demostrar su continua influencia en el partido, Trump respaldó a unos 300 candidatos durante las contiendas de mitad de mandato de 2022, una marcada diferencia en más de un siglo de tradición política estadounidense. Desde 1908, cuando Teddy Roosevelt se cuestionó su apoyo a William Howard Taft como su sucesor, no había estado un ex presidente tan activo en la política partidista.
Los republicanos reconocieron que la noche había sido decepcionante. “Definitivamente no es una  marea republicana, eso es absolutamente seguro”, dijo a NBC News el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur y aliado cercana de Trump.
El intenso enfoque en las elecciones intermedias de Trump se debe casi por completo a su búsqueda de redención luego de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, y a su deseo de mantener la lealtad del partido hacia él.
Desde 2016, cuando Trump conmocionó al establecimiento republicano con una toma de control absoluta del Partido Republicano, su estilo político ha resultado en más daños colaterales para sus compañeros conservadores que en éxitos electorales.
Fue el primer presidente en décadas en perder la Cámara, el Senado y la Casa Blanca en cuatro años.
Con un presidente diferente en el cargo esta vez, los republicanos sintieron la oportunidad de compensar algunas de esas pérdidas. Pero para Trump fue una oportunidad para reforzar su control sobre el partido.
 “Si esto resulta ser otro fracaso en el Senado en un año que fue favorable a los republicanos, incluso si no es una marea, nuevamente será consecuencia de los candidatos que presentaron, lo que inequívocamente fue moldeado y dirigido por Donald Trump”, dijo. Liam Donovan, exasistente del Comité Senatorial Republicano Nacional.
La búsqueda singular de Trump de mantener su marca política, más que derrotar a los demócratas, se ha entrelazado con todos sus respaldos y su decisión, por primera vez, de gastar una cantidad significativa de dinero para ayudar a elegir a otros candidatos.
Su súper PAC, MAGA Inc., gastó más de $16 millones en publicidad televisiva en el último mes en seis estados, alrededor del nueve por ciento de todo el gasto republicano en las mismas contiendas durante ese tiempo, según AdImpact, una firma de seguimiento de anuncios.
Purgó con éxito al partido de muchos titulares republicanos que consideraba desleales, al respaldar a los retadores de las primarias. Y apoyó a los candidatos que difundieron su mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas, incluidos los republicanos que se postularon para convertirse en los principales funcionarios electorales en Arizona, Georgia y Michigan, todos los estados que perdió en 2020. Su elegido en Georgia perdió las primarias, mientras que los otros dos avanzó a las elecciones generales, donde sus contiendas estaban demasiado reñidas todavía el miércoles a primeras horas.
Trump colocó su nombre en docenas de candidatos que tenían la victoria virtualmente asegurada, incluidos algunos que no tenían un oponente demócrata, en un intento de compilar un récord desigual de victorias y derrotas que comenzó a pregonar el martes por la noche, mucho antes de que se conocieran los resultados de los escaños más disputados en el Senado.
Apoyó a los candidatos en las cinco contiendas senatoriales más competitivas, incluidos Walker en Georgia y el Dr. Oz en Pensilvania, a quienes ayudó a reclutar.
Dentro del partido, el poder de Trump ha sido incuestionable. Los republicanos lucharon para ganar su respaldo durante la temporada de primarias, e incluso los candidatos a los que no apoyó se postularon como republicanos de Trump. Los sitios web y los anuncios de los candidatos se llenaron con sus imágenes. Promovieron sus políticas y muchos repitieron sus afirmaciones falsas sobre el fraude electoral en 2020.
Pero los límites del poder político de Trump fueron evidentes durante las elecciones generales. Al igual que el presidente Biden, Trump es visto desfavorablemente por la mayoría de los votantes moderados, y pocos candidatos participando en contiendas reñidas estaban ansiosos por que el expresidente, o el actual, se uniera a ellos en la campaña electoral y así arriesgarse a alejar a los votantes indecisos cruciales.
En la última semana, dos de los últimos cuatro mítines de Trump fueron en estados sin una contienda estatal muy competitiva. No realizó un solo mitin en Georgia o Wisconsin durante las elecciones generales.
En las contiendas para gobernadores, la influencia de Trump se sintió más profundamente en Arizona, donde Lake, una expresentadora de noticias locales, diseñó casi toda su campaña sobre el expresidente en sustancia y estilo. La estrategia resultó ser un gran éxito en una contienda primaria contra una figura republicana muy conocida y la mantuvo cerca en las encuestas con Katie Hobbs, la candidata demócrata. Pero Lake estaba rezagada mientras se contaban los votos el miércoles temprano. El candidato a gobernador de Trump en Wisconsin, Tim Michels, y en Michigan, Tudor Dixon, ambos perdieron ante los titulares.
En las contiendas para gobernadores que aún estaban indecisas el miércoles temprano, Trump había respaldado a Derek Schmidt en Kansas y a Joe Lombardo en Nevada.
En una entrevista con NewsNation realizada antes del cierre de las urnas, cuando se le preguntó cuánto crédito creía que merecía cualquiera de los más de 330 candidatos que respaldó a lo largo del ciclo, Trump dijo: “Bueno, creo que si ganan, debería obtener todo el crédito. Y si pierden, no me deberían culpar en absoluto. ¿No es así? Pero probablemente ocurra todo lo contrario”.
Agregó: “Por lo general, lo que sucedería es que, cuando lo hacen bien, no me darán ningún crédito, y si lo hacen mal, me culparán a mí. Así que estoy preparado para cualquier cosa, pero nos defenderemos”.
Trump está especialmente concentrado en defenderse, preocupado no solo por su historial de victorias y derrotas, sino también por la miríada de investigaciones a las que se enfrenta y la posibilidad de que otros candidatos lo desafíen a la nominación del partido en las primarias. Está muy molesto por el potencial de DeSantis para aspirar a la presidencia.
Trump la emprendió con DeSantis el día antes de las elecciones de mitad de mandato, dándole un apodo burlón: "Ron DeSanctimonious". Pero fue más allá. De una manera más amenazadora, Trump advirtió a un puñado de reporteros a bordo de su avión privado el lunes por la noche, después de un mitin en Ohio, que revelaría cosas que no son "halagadoras" sobre DeSantis, si se presenta a la carrera presidencial.
Sin embargo, gran parte de los próximos meses no todo está bajo el control de Trump. Está pendiente si será acusado en alguna de las investigaciones estatales o federales que actualmente investigan su conducta en relación con las elecciones de 2020, o con su posesión de cientos de documentos clasificados que tenía en su club privado.

jueves, 3 de noviembre de 2022

El dinero y el miedo: cómo los latinos se están volviendo republicanos

 


“¿A todos se les ocurrió venir ahora? ¿A los haitianos? ¿A los venezolanos? Es que ya son demasiados”.
La queja de Rosi González sobre la inmigración es ubicua en el Valle del Río Grande, una región de Texas colindante con México donde más del 90% de sus 1,4 millones de habitantes habla español y tiene algún vínculo de sangre con el país vecino, informa la BBC.
Sus antepasados también cruzaron la frontera hacia el norte, pero esta trabajadora doméstica niega que por ello su postura ante los indocumentados sea incoherente, menos aún hipócrita.
“En todas partes hay reglas, ¿no? ¿Qué quieren, las puertas abiertas? Nuestros abuelos, nuestros padres vinieron por la vía legal, siguiendo las normas. ¿Por qué ellos no? Llegan aquí a aprovecharse, porque para ellos todo es gratis”.
Así de tajante contesta a la salida del centro de votación anticipada de Edinburg, una de las pequeñas ciudades que salpican la región, contribuyendo a un paisaje en el que contrastan los ranchos centenarios y los centros comerciales de reciente construcción.
Acaba de votar con antelación para las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre, cruciales para el rumbo que tomará el país ya que se redefine el control de los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso. Tras años de abrazar a los demócratas, se ha inclinado, por segunda vez, por el Partido Republicano.
Y casos como el suyo son cada vez menos la excepción en esta zona que lleva más de un siglo siendo bastión azul.
Mientras el apoyo a los demócratas fue sólido en las presidenciales de 2012 y 2016, en 2020 Joe Biden se impuso a Donald Trump por un margen mucho más apretado. 
Ello ocurrió porque en 2020 Trump dio la vuelta al condado rural de Zapata y redujo el margen de las victorias demócratas en los cuatro condados del Valle y otras ciudades fronterizas.
Y el pasado junio el sur de Texas envió al Congreso de Estados Unidos su primera representante republicana.
Las ganancias más recientes para los republicanos son “el resultado de la combinación de una dura retórica antiinmigración y de crisis fronteriza que empezó Trump con un acertado reclutamiento de candidatas y un mensaje que apela a los valores conservadores”, señala Álvaro J. Corral, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas Valle del Río Grande.
Y de “todo el dinero oscuro” que los republicanos han invertido en la zona, apunta Richard Gonzalez, presidente ejecutivo del Partido Demócrata en el condado de Hidalgo, el más poblado de los cuatro que conforman el Valle.
Se refiere a los “millones de dólares” provenientes de donantes de distintas partes del país y destinados a propaganda, mientras ellos, los demócratas de Hidalgo, apenas reciben nada de las arcas nacionales del partido.
Nadie encarna mejor todo lo anterior que Mayra Flores, la republicana de 36 años que en junio llegó de Brownsville a Washington a ocupar en la Cámara de Representantes el escaño correspondiente al distrito 34 de Texas.
Había quedado vacante en marzo cuando el demócrata que lo ostentaba se fue a una firma de cabildeo y Flores lo conquistó en una elección especial, y fugaz, caracterizada por la baja participación, en la que solo votaron 28.990 personas.
Técnica en cuidados respiratorios de profesión, ha ocupado el curul desde entonces, y ahora se presenta a la reelección para un mandato completo con una campaña que conjuga los mismos elementos que cuatro meses atrás le garantizaron la victoria. Aunque los expertos le auguran menos suerte, ya que se enfrenta esta vez a un reconocido demócrata.
“La inmigración ilegal fomenta y financia el tráfico de personas y niños. Yo inmigré legalmente a Estados Unidos cuando tenía seis años”, es una de sus frases más recurrentes.
Nacida en México, en el municipio de Burgos, Tamaulipas, llegó a EE. UU. de forma legal, tal como aclara cada vez que se refiere al tema.
Sus primeros años no difieren mucho de los de millones de mexicanos que buscan en el norte una vida mejor: trabajó junto a sus padres en la recogida de algodón en los campos de Memphis, Texas.
El pastor James Ramírez, de la iglesia evangélica City Church de Harlingen, cree que Mayra Flores ganará porque es “raza” y los votantes se identifican con ella.
A ellos les debe “el más grande regalo, el de convertirse en una orgullosa ciudadana de Estados Unidos”, cuenta su biografía oficial, la posibilidad de cumplir su "sueño americano".
“Vivir en el sur de Texas ofrece una perspectiva única sobre la inmigración ilegal y cómo afecta al sustento de los ciudadanos estadounidenses. Debemos asegurar nuestra frontera para mantener fuera a los individuos malos y fomentar la inmigración legal”, defiende ahora.
De acuerdo con las autoridades electorales, la candidata invirtió más de un millón de dólares en anuncios de campaña por televisión, un medio con mucha penetración en la zona. Mientras, el demócrata Dan Sánchez, su oponente en junio, solo logró reunir US$200.000.
Con recursos similares han contado otras dos latinas republicanas del Valle del Río Grande que compiten por cargos legislativos: Mónica de la Cruz, quien busca hacerse con el escaño correspondiente al distrito 15 de Texas (McAllen) y Cassy, quien pelea por el del distrito 28 del estado (Laredo).
Los propios republicanos García las llaman “la triple amenaza” porque las suyas, se prevé, serán las contiendas más reñidas en el estado en estas elecciones.
Comparten agenda y asesores, han realizado mítines de campaña y eventos de recaudación de fondos juntas y han salido a tocar las puertas de sus vecindarios.
Y para quien visite el Valle del Río Grande, se hace obvio que sus mensajes están calando en parte de la población.
— Los migrantes ya son demasiados. Este año han roto todos los récords.
Así comienza la conversación con Myriam Gonzalez, la conductora de Uber nacida en Reynosa, México, y que lleva dos décadas viviendo en McAllen, mientras me lleva a un parque desde el que se puede acercar a escasos metros del muro de Trump.
— ¿Pero en qué les afectan exactamente a los residentes ese cruce sin precedentes de indocumentados?
— Personalmente no me afecta, y tampoco creo que vengan a quitarnos empleo. Hacen trabajos que generalmente los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer.
— ¿Entonces?
— Afectan al país en general. Nuestros impuestos van a ellos. Es cuestión de prioridades. Y en ese sentido, otra cosa que hay que valorar es cuánto dinero se destina a otras guerras, a otros países, y cuánto se invierte aquí, en Estados Unidos, donde hay niños que se mueren de hambre.
El mal estado de la economía es otro tema ubicuo.
El comentario sobre el estado de la economía y “lo poco que Biden ha hecho al respecto” es también ubicuo en esta región de clase trabajadora, donde siguen existiendo focos de profunda pobreza.
Más adelante John, un californiano que perdió su trabajo en el sector metalúrgico y se mudó hace dos décadas al Valle del Río Grande siguiendo a su esposa, ahonda en el mismo argumento sin contrastar: “Los inmigrantes saturan los servicios de salud, las ayudas para la alimentación, el transporte, afectan el tejido en general”.
Tampoco falta quien menciona el aumento de la violencia como posible consecuencia de la inmigración, citando un par de balaceras registradas en la zona de bares de McAllen, a pesar de que las encuestas más recientes revelan una disminución de la criminalidad.
Los republicanos “están usando la táctica del miedo, pero no es eso lo que nosotros sentimos en nuestras colonias”, le dice a BBC Mundo Martha Sánchez, representante de la Unión de Campesinos. la poderosa organización sindical que ha decidido apoyar a Michelle Vallejo, la demócrata progresista que se bate en las urnas con la conservadora Mónica de la Cruz.
“Nosotros conocemos la realidad de nuestras colonias, nuestras ciudades. Tenemos que platicar con nuestra gente sobre estas tácticas y no dejar que la TV nos convenza de mentiras”, zanja.
Pero por mucho que le pese, dice entender por qué el mensaje, “aunque sea el equivocado”, está calando en ciertos sectores.
“Aquí hemos sido demócratas por generaciones, durante décadas esto ha sido una máquina que funciona sola y no ha habido inversión, ninguna iniciativa organizando”, explica.
No es la única que apunta a que el Partido Demócrata se ha “dormido en los laureles” en la región, dando por sentado el voto de la mayoría latina.
Richard Gonzalez, el presidente executivo de los demócratas en el condado de Hidalgo, también lo reconoce en parte.
“El cambio de color en el voto es una consecuencia del mensaje que empezó con Trump: a los demócratas nos pintan como unos ultraliberales que queremos las fronteras abiertas, retirarle los fondos a la policía, que damos limosnas a diestro y siniestro, que queremos quitarle a la gente sus armas”.
“Los medios a nivel nacional se han hecho eco de ese discurso republicano, y creo que mi partido no ha hecho lo suficiente para contrarrestar ese mensaje”, concluye quien ocupa el cargo ad honorem desde junio y lo compagina con su trabajo de abogado.
En medio de esa falta de voz demócrata, los republicanos han aprovechado para dirigir otro mensaje a sus potenciales votantes en el Valle del Río Grande, y parece estar teniendo tanto eco o más que el referente a la inmigración.
“Somos proDios, provida, profamilia, trabajamos duro. Ese es nuestro ADN, somos conservadores, y esos valores se alinean mejor con el Partido Republicano”, han repetido incansables De la Cruz, Flores y García.
“Es que el latino es inherentemente conservador”, le dice a BBC Mundo Hilda Garza-DeShazo, la secretaria del Partido Republicano en el condado de Hidalgo, en su sede de McAllen.
“Los hispanos aquí han sido mayoritariamente demócratas, pero un demócrata del sur de Texas no es como un demócrata de Nueva York, ni como uno de Austin, aquí los demócratas siempre han sido más conservadores que progresistas: su centro siempre ha sido la fe, la familia, el trabajo”, explica.
“Así que están hartos de la locura woke, no les gusta la defensa del derecho al aborto, no están de acuerdo con el cambio de sexo o como quiera que se le llame (reafirmación de género). No son ellos los que han dejado al Partido Demócrata, sienten que es el partido el que los ha abandonado”.
No solo los voluntarios republicanos trabajan en amplificar ese mensaje, las iglesias también funcionan como caja de resonancia.
El ejemplo más claro es quizá la evangélica City Church de Harlingen, una localidad ubicada en el distrito electoral por el que pelea Flores.
Su pastor, Luis Cabrera, se dice el “consejero espiritual” de la nuevamente aspirante a congresista. Se conocieron hace dos años y medio en los eventos a favor de Trump y conectaron.
Tras las elecciones presidenciales del 2020, Flores se le acercó, le habló de sus planes de cara a legislatura y le pidió prestado para su campaña un lema que él había inventado, Make America Godly Again (“Volvamos a Estados Unidos piadoso de nuevo”, un juego de palabras con el Make America Great Again de Trump).
Y, generoso, le ofreció organizar la acción desde su iglesia, a la que acude una feligresía —según sus cálculos— en un 96% latina y 100% republicana.
“Mayra es congresista pero sobre todo es una embajadora de Cristo. Está aquí para representar el reino de Dios. Es una latina que ama a Dios, a su familia y a su país y que está poniendo sus valores y su moral por delante”, explica, y repite después la retórica en torno al conservadurismo y en contra de la inmigración.

miércoles, 2 de noviembre de 2022

Wall Street, Biden y el alza en los precios de la gasolina: el verdadero culpable


Cuando uno se enfrenta a al precio de la gasolina, que en medio de las alzas y bajas denota un aumento considerable con relación a los últimos años, los de la pandemia y el gobierno de Trump, la reacción más inmediata es culpar al gobierno, y en especial al presidente demócrata Joe Biden. Sin embargo, las causas reales de tales aumentos son mucho más complejas, según demuestra un análisis publicado en Politico.
En cuanto a los precios del combustible, en sus primeros 21 meses de mandato el gobierno de Biden ha aprobado nuevos pozos de petróleo y gas a un ritmo mucho más rápido que durante la administración Trump, un hecho que socava los argumentos republicanos del año electoral sobre las causas de los altos precios de la gasolina de este año.
Estados Unidos también ha producido más petróleo crudo desde la toma de posesión de Biden que durante el período equivalente de la presidencia del expresidente Donald Trump, según muestra una revisión de Politico de los datos federales de energía.
El aumento del petróleo de la era Biden se produjo a pesar de sus promesas de alejar a la nación de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático, así como de sus esfuerzos fallidos para poner fin a las nuevas perforaciones de petróleo y gas en tierras y aguas federales. 
Sin embargo, ello no ha librado a Biden de recibir un ataque político por los precios de la gasolina, que alcanzaron un máximo histórico en junio y siguen siendo un importante tema de campaña para las elecciones de mitad de período de la próxima semana.
La dinámica ofrece otro recordatorio del poco poder que tiene cualquier presidente para influir en los giros de los mercados energéticos.
Los demócratas han culpado del aumento del precio de la gasolina a la invasión rusa de Ucrania, los recortes de producción de la OPEP, los efectos persistentes de la cadena de suministro económico de la pandemia y el aumento de precios por parte de las compañías petroleras, algunas de las cuales reportaron ganancias trimestrales récord la semana pasada.
El lunes, Biden acusó a la industria petrolera de “lucrar con la guerra” y amenazó con exigir impuestos más rígidos sobre las ganancias de las empresas.
Pese a todo esto —o quizá como consecuencia de ello— a lo largo del año no ha cesado un mensaje consistente por parte de los republicanos: Biden ha perjudicado  a los automovilistas, a la hora de pagar en las gasolineras por el precio del combustible, al cerrar la producción de petróleo y gas de EE. UU.
“La agenda antienergética de Joe Biden ha destruido la independencia energética estadounidense”, tuitearon los republicanos de la Cámara la semana pasada como parte de una cascada de mensajes republicanos similares transmitidos en las redes sociales y apariciones en televisión en el período previo a las elecciones.
Sin embargo, un análisis de los datos federales de energía muestra una historia diferente.
Desde enero de 2021 hasta fines de septiembre, el Departamento del Interior de Biden aprobó un 74 por ciento más de permisos de pozos para la producción de petróleo y gas natural que la agencia durante el período comparable del mandato de Trump, según cifras de la Oficina de Administración de Tierras de EE. UU.
Mientras tanto, la producción de gas natural de EE. UU. ha alcanzado niveles récord y se espera que la producción de petróleo alcance un máximo histórico el próximo año. Incluso con la caída de la industria petrolera durante la pandemia, EE. UU. produjo más del 15 por ciento adicional de petróleo durante los primeros 20 meses de Biden que durante el mismo período bajo Trump, según el análisis de cifras de Politico de la Administración de Información Energética.
En total, EE. UU. sigue siendo el principal productor de petróleo y gas natural del mundo, como lo había sido bajo Trump, así como el mayor exportador de gas natural, gasolina y otros combustibles para el transporte.
Sin embargo, esos números vienen con algunas advertencias. El aumento de la producción de petróleo, por ejemplo, se debe en su totalidad a la perforación en terrenos privados y estatales, que en gran medida está fuera del control de la administración. La producción de petróleo de tierras y aguas federales, casi una cuarta parte del total de EE. UU., prácticamente no ha cambiado desde que Biden asumió el cargo, cayendo menos del 0,3 por ciento.
Y la producción de petróleo de EE. UU. todavía está por debajo del máximo histórico que alcanzó bajo Trump, cuando se logró un máximo de 13 millones de barriles por día antes del comienzo de la pandemia. Ese pico fue la culminación de un auge petrolero que comenzó durante la presidencia de George W. Bush y se extendió a los años de mandato de Barack Obama, excepto por una quiebra de la industria de un año que comenzó en el verano de 2015.
La industria ahora se está recuperando de una recesión masiva provocada por el colapso de la demanda de combustible durante los cierres causados por la pandemia, un entorno comercial que, según algunos funcionarios de la industria, empeoró por el fracaso de la administración Trump para persuadir a más personas para que se vacunaran a fin de lograr un mayor control sobre la expansión del virus.
Cualquier vacilación persistente para producir más petróleo se deriva de la propia incapacidad de la industria a vencer la resistencia de sus prestamistas de Wall Street para volver a los niveles de gasto anteriores a la pandemia, dijeron analistas del mercado, no de la política del gobierno.
Los republicanos tienen razón en que Biden ha hecho de la transición que busca alejarse de los combustibles fósiles una de sus principales medidas políticas, y de que prometió durante la campaña de 2020 que detendría nuevas perforaciones de petróleo y gas en territorio federal. Así como que su Departamento del Interior congeló las ventas de nuevos arrendamientos durante aproximadamente un año, hasta que un tribunal federal ordenó que se reanudaran.
En total, la administración Biden ha realizado solo una venta de arrendamiento de petróleo y gas en el Golfo de México y una ronda de ventas de arrendamiento de petróleo en tierra en siete estados en junio. En comparación, la administración Trump realizó cuatro ventas de arrendamiento en el extranjero junto con ventas de arrendamiento en tierra trimestrales en varios estados durante sus primeros 21 meses.
La pausa de Biden será principalmente un problema en los cronogramas de perforación para las empresas que operan en tierras federales. El Departamento del Interior ahora está en el proceso de programar nuevas ventas de arrendamiento de petróleo para cumplir con las disposiciones del proyecto de ley climático recientemente aprobado por los demócratas.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha dado un giro retórico en medio del aumento de los precios del petróleo del año pasado, que comenzó en el otoño de 2021 y se aceleró después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero. Además de pedir a las compañías petroleras que vuelvan a poner en funcionamiento sus plataformas, Biden ha abierto la reserva de petróleo crudo de la nación, la Reserva Estratégica de Petróleo, empujando más de 200 millones de barriles al mercado desde diciembre.
Al anunciar el último comunicado sobre petróleo el mes pasado, Biden rechazó las acusaciones de que su administración había ralentizado la producción de petróleo.
“Todo lo contrario”, dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa. “Estamos produciendo 12 millones de barriles de petróleo por día y para finales de este año estaremos produciendo un millón de barriles por día más que el día en que asumí. De hecho, estamos en camino de lograr una producción récord de petróleo en 2023”.
La industria petrolera reconoce que la administración Biden ha emitido más permisos de petróleo y gas que la administración Trump inicial. Pero el Instituto Americano del Petróleo, la principal asociación comercial de la industria, atribuye ese aumento al impulso generado durante la era Trump, cambios específicos que la administración Trump hizo en el proceso de revisión de la Oficina de Administración de Tierras.
La administración de Biden también heredó una gran cantidad de solicitudes de permisos presentadas en los últimos meses antes de que Trump dejara el cargo. Las compañías petroleras hicieron lo que creían que era un último esfuerzo para obtener permisos aprobados antes de la toma de posesión de Biden, quien había hecho campaña con la promesa de “prohibir nuevos permisos de petróleo y gas en tierras y aguas públicas”.
Los números muestran que Biden no cumplió con su promesa de campaña, aunque todavía está recibiendo la culpa política por haberlo hecho.
La administración Biden ha tenido una relación tensa con la industria petrolera, incluso si no ha llegado tan lejos como quisieran muchos grupos ambientalistas. 
En su primer día en el cargo, Biden eliminó el oleoducto Keystone XL propuesto, que habría llevado petróleo canadiense a la costa del Golfo. Por otro lado, la administración no se ha puesto del lado de los activistas verdes en casos legales que buscan bloquear otros oleoductos importantes o el proyecto de perforación de petróleo Willow propuesto por ConocoPhillips en Alaska.
Los analistas del mercado petrolero están en gran parte de acuerdo en que pocas decisiones políticas que surgen de una administración —ya sea de Biden o de otra índole— tienen un impacto más que marginal en la producción de petróleo y gas de EE. UU. a corto plazo. Los factores más importantes son el precio del petróleo y las simples leyes de la oferta y la demanda, dijeron.
“En la actualidad, ninguna política específica de EE. UU. está obstaculizando significativamente la producción de EE. UU.”, dijo en un correo electrónico Reed Olmstead, director ejecutivo de investigación de la firma de analistas de mercado S&P Global Commodity Insights.
Las publicaciones de Biden de la Reserva Estratégica de Petróleo “no afectaron lo suficiente a los mercados nacionales como para causar una caída en la actividad/crecimiento”, escribió Olmstead, y agregó que el recorte de producción más reciente de la OPEP “solo sirvió para apuntalar los precios, que ya eran más que suficientes para sostener la industria funcionando a plena capacidad”.
En lugar de Biden, la verdadera causa de los problemas de los estadounidenses en la bomba de combustible radica en la relación de la industria petrolera con Wall Street, señalan los analistas.
La industria, que durante años consumió capital, acumuló deudas y tuvo poca competencia directa con sus principales productos, ahora enfrenta inversionistas que ya no están dispuestos a entregar dinero, dijo Philip Verleger, director de la consultora económica PKVerleger y miembro principal en el grupo de expertos del Centro Niskanen. Agregó que esos inversionistas ven el petróleo como un “negocio en declive”, que consideran que los vehículos eléctricos y los proyectos de energía renovable son un riesgo significativo para el crecimiento de la industria.
“Wall Street no está escuchando a la Casa Blanca”, continuó Verleger. “Decir que si la Casa Blanca simplemente alentara la perforación de petróleo y gas, todo este dinero de los inversores saldría adelante es pura… Estoy tratando de pensar en otro adjetivo en lugar de ‘mierda’”.
Los datos de ganancias de la compañía muestran que, incluso con los precios de la gasolina que alcanzaron un máximo nominal a principios de este año, y las exhortaciones de Biden y la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer Granholm, para producir más, la industria en su conjunto no planea acelerar a corto plazo.
“Esperamos que la adherencia a la disciplina de capital siga siendo fuerte, con la mayoría de la industria comprometiéndose a un crecimiento bajo o nulo en 2023 y un enfoque continuo en los rendimientos de los accionistas”, dijeron los analistas del banco de inversión Morgan Stanley a un cliente.

sábado, 29 de octubre de 2022

Millones de brasileños desconfían de las elecciones debido a Bolsonaro


Para muchos simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro, las elecciones presidenciales de Brasil que se realizarán el domingo solo pueden tener dos resultados posibles: celebrar o tomar las calles. Eso se debe, según dicen, a que una derrota de Bolsonaro solo puede significar que la votación fue manipulada.
En el transcurso de su presidencia, Bolsonaro ha cuestionado y criticado la seguridad del sistema de votación electrónica de Brasil, a pesar de la falta de pruebas creíbles de que exista un problema en el mismo. Ahora, al final de su primer mandato, está claro que sus ataques han tenido un efecto: gran parte del electorado de Brasil ha perdido la fe en la integridad de las elecciones de su nación.
Tres de cada cuatro partidarios de Bolsonaro confían poco o nada en el sistema de votación de Brasil, según varias encuestas de los últimos meses, incluida una realizada la semana pasada. Y en entrevistas con más de 40 de los partidarios de Bolsonaro en los últimos meses, casi todos dijeron que estaban preocupados por el fraude electoral y que estaban preparados para protestar si este pierde.
Esas dudas han socavado una de las democracias más grandes del mundo y es probable que terminen por ser uno de los legados más perniciosos de Bolsonaro, parte de una tendencia mundial de mentiras y teorías de conspiración, a menudo alimentadas por líderes populistas y amplificadas por el internet, que están amenazando las normas democráticas en Estados Unidos y en todo el mundo.
Ahora, el domingo, Brasil podría ver hasta dónde llegan esas dudas sobre sus elecciones.
Las encuestas muestran que la contienda entre Bolsonaro, el actual presidente de extrema derecha, y Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de izquierda, está reñida. Bolsonaro ha insinuado que, si pierde, es posible que no acepte los resultados.
“¿Elecciones que no puedes auditar? Eso no es una elección. Es fraude”, declaró Bolsonaro a los periodistas en julio, al mencionar un reclamo común sobre el sistema electoral de Brasil. “Entregaré el poder, en unas elecciones limpias”.
Si Bolsonaro es derrotado y busca aferrarse al poder, parece que las instituciones democráticas de Brasil están preparadas para resistir. Pero también parece que algunos de sus seguidores están preparados para luchar.
“Si nuestro presidente no es elegido, todos vamos a Brasilia”, dijo Rogério Ramos, de 40 años, dueño de una tienda de electrónica automotriz, refiriéndose a la capital del país. “Cerramos el Congreso, como en el 64”.
En 1964, un golpe militar condujo a 21 años de una dictadura violenta en Brasil.
Muchas de estas advertencias son probablemente comentarios improvisados y no planes organizados de violencia. Las autoridades del orden público no han advertido sobre ninguna amenaza por parte de alguno de los grupos en caso de que Bolsonaro sea derrotado.
Pero el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior Electoral de Brasil aumentaron la seguridad, y el ejército se está preparando en caso de que haya descontento después de las elecciones, según dos altos oficiales militares que hablaron bajo condición de anonimato para comentar planes privados. El presidente o los tribunales podrían convocar a los militares para tratar de controlar a las multitudes violentas.
Funcionarios gubernamentales, jueces, periodistas y gran parte de la ciudadanía brasileña están preocupados por un escenario similar al del 6 de enero de 2021, cuando miles de personas irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos, en un intento por anular los resultados de las elecciones después de que el expresidente Donald Trump negara repetidamente su derrota.
Tanto Trump como Bolsonaro pasaron gran parte de sus gobiernos advirtiendo que el sistema estaba conspirando contra ellos. Trump criticó el “Estado profundo”, mientras que Bolsonaro acusó a algunos de los jueces que supervisan el Supremo Tribunal Federal de Brasil y al Tribunal Superior Electoral del país de intentar manipular las elecciones.
Bolsonaro también ha cuestionado la seguridad de las máquinas de votación electrónica de Brasil desde 2015, luego de que un candidato presidencial de centroderecha disputó una estrecha derrota. Bolsonaro, por entonces diputado, comenzó una cruzada apoyada en la afirmación de que las máquinas de votación eran vulnerables al fraude porque no están respaldadas por boletas de papel.
Bolsonaro tiene razón al decir que el sistema de votación de Brasil es singular. Es el único país del mundo que utiliza un sistema totalmente digital, sin copias de seguridad en papel.
Los expertos en seguridad informática que estudian el sistema dicen que su diseño en efecto dificulta la auditoría de una elección. Pero también dicen que el sistema tiene numerosas capas de seguridad para evitar fraudes o errores, entre estas están los lectores de huellas dactilares, pruebas de cientos de máquinas el día de las elecciones, inspección del código fuente por parte de expertos externos y el hecho de que las máquinas no se conectan a la red de internet, lo que reduce significativamente las posibilidades de un hackeo.
Desde que Brasil comenzó a usar máquinas de votación electrónica en 1996, no ha habido pruebas de que hayan sido utilizadas para fraude. Todo lo contrario: las máquinas ayudaron a eliminar el fraude que alguna vez afectó las elecciones de Brasil en la era de las boletas de papel.
Pero esa realidad no le ha importado mucho a Bolsonaro ni a muchos de los más de 50 millones de brasileños que votaron por él en la primera ronda electoral. En entrevistas, los partidarios de Bolsonaro en cambio centraron su atención en una serie anecdótica de aparentes anomalías en el proceso y los resultados de la votación, así como en muchas teorías de conspiración: las máquinas roban votos de Bolsonaro; las máquinas vienen precargadas con votos; algunas máquinas son falsificaciones plantadas; los funcionarios manipulan los recuentos de votos; y los resultados de la votación muestran patrones sospechosos.
Al igual que en Estados Unidos y en otros lugares, las redes sociales han ayudado a polarizar a la población y han permitido que se difundan las dudas sobre las elecciones.
La mayor parte del público brasileño solía reunirse alrededor de un solo canal de televisión, TV Globo. Ahora, los brasileños están dispersos en el interminable paisaje de medios de internet, a menudo en burbujas con personas de ideas afines que afianzan puntos de vista preexistentes, explicó Francisco Brito Cruz, director de InternetLab, un instituto de investigación en São Paulo.
El público incluso se ha convertido en parte de los propios medios, al crear y compartir memes y videos, incluso sobre las máquinas de votación. En elecciones pasadas, los partidarios de Bolsonaro acudieron a las urnas en busca de alguna irregularidad que pudieran filmar y difundir como una prueba más del fraude.
“Están en una misión imposible, tratando de encontrar dónde el trabajador electoral está manipulando las cosas, dónde están teniendo problemas”, dijo Brito Cruz. “Se han convencido a sí mismos, ¿no es cierto?”.
La mayoría de los partidarios de Bolsonaro dijeron en entrevistas que no confían en los principales medios de comunicación, a los que Bolsonaro ha catalogado de deshonestos, y en cambio confían en noticias provenientes de una amplia variedad de fuentes en sus teléfonos, incluidas publicaciones en redes sociales y mensajes que reciben en grupos de WhatsApp y Telegram.
Muchas de las dudas sobre el sistema electoral tienen sus raíces en hechos reales, pero se tergiversan y enmarcan como prueba de que algo anda mal. Da Silva, por ejemplo, fue condenado por cargos de corrupción, que luego fueron anulados, por lo que Bolsonaro y sus seguidores lo caracterizan como un ladrón preparado para robar el voto.
En 2018, piratas informáticos se infiltraron en la red informática de la agencia electoral de Brasil, y Bolsonaro y sus partidarios citan con frecuencia ese incidente como prueba de fraude. “Si dicen que las máquinas son tan impenetrables, entonces ¿por qué alguien está en la cárcel por forzar una máquina de votación?”, preguntó Alessandra Stoll Ranzni, diseñadora de São Paulo, durante la versión brasileña de CPAC, la conferencia política conservadora, a principios de este año.
Una investigación mostró que los piratas informáticos no podían acceder a las máquinas de votación ni cambiar los totales de los votos.

martes, 4 de octubre de 2022

Los republicanos de Florida se opusieron a la ayuda por el cambio climático, pero ahora dependen de ella

 

La ira del huracán Ian dejó en claro que Florida enfrenta algunas de las consecuencias más graves del cambio climático con respeto a cualquier zona del país. Pero los principales líderes electos del estado se opusieron a la legislación sobre este proceso más importante que se ha presentado en el Congreso: leyes para ayudar a fortalecer a los estados contra los desastres climáticos y recuperarse de ellos, y enfrentar su causa subyacente: la quema de combustibles fósiles.
Los senadores Marco Rubio y Rick Scott votaron en contra de la ley de infraestructura bipartidista del año pasado, que dedica unos $50 mil millones para ayudar a los estados a prepararse mejor para eventos como Ian, porque dijeron que era un desperdicio. Y en agosto, se unieron a todos los republicanos del Senado para oponerse a una nueva ley sobre protección ambiental que invierte $369 mil millones en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el mayor esfuerzo de este tipo en la historia del país, informa The New York Times.
Al mismo tiempo, el gobernador republicano Ron DeSantis ha impedido que el fondo de pensiones del estado tenga en cuenta el cambio climático al tomar decisiones de inversión, diciendo que la política debería estar ausente de los cálculos financieros.
Después de Ian, esos líderes quieren ayuda federal para reconstruir su estado, pero no quieren discutir el problema subyacente que hace que los huracanes sean más poderosos y destructivos.
A medida que el huracán Ian se acercaba a la costa de Florida, la tormenta aumentó en intensidad porque pasó sobre el agua del océano que estaba entre dos y tres grados más caliente de lo normal para esta época del año, según muestran los datos de la NASA. Su poder destructivo empeoró con el aumento del nivel del mar; el agua frente a la costa suroeste de Florida ha subido más de siete pulgadas desde 1965, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Finalmente, el aire más cálido resultante del cambio climático aumentó la cantidad de lluvia que Ian dejó caer sobre Florida en al menos un 10 por ciento, o alrededor de dos pulgadas adicionales en algunos lugares, según un estudio publicado la semana pasada.
El senador Rubio ha obtenido millones de dólares para restaurar los Everglades como una forma de almacenar las aguas de las inundaciones y reparar los arrecifes de coral para amortiguar las marejadas ciclónicas. Uno de sus colegas de la Cámara, el representante Mario Díaz-Balart, republicano del sur de Florida, ha ganado miles de millones para la adaptación al cambio climático. Pero ninguno de los principales republicanos del estado ha apoyado una legislación para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
Con su sol y energía eólica marina, Florida podría ser líder en energía renovable, dijo la representante Kathy Castor, una demócrata que representa a Tampa. En cambio, importa gas natural que quema para producir electricidad.
“No admitir que el cambio climático es real y que debemos abordarlo no presagia más que un daño para el futuro de la Florida y la nación”, dijo Charlie Crist, un exgobernador republicano de la Florida que ganó un escaño en la Cámara como demócrata y es ahora desafiando la reelección de DeSantis.
El huracán Ian está lejos de ser la primera vez que Florida siente los impactos del cambio climático. En Miami, el aumento del nivel del mar significa que las calles y las aceras se inundan regularmente durante la marea alta, incluso en los días soleados. En los Cayos de Florida, los funcionarios están considerando la posibilidad de levantar la base de autopistas que, de lo contrario, se volverían intransitables.
Sin embargo, los líderes del estado se han resistido durante mucho tiempo a lo que los científicos dicen que se necesita para evitar un futuro catastrófico: un intenso giro de las fuentes energéticas que las aleje del gas, el petróleo y el carbón, y encaminarlas hacia la energía solar, eólica y otras fuentes de energía renovable.
Los dos senadores floridanos también votaron en contra del proyecto de ley de infraestructura del año pasado, que proporcionó alrededor de $50 mil millones para la capacidad de adaptación y recuperación frente al cambio climático, la mayor inversión individual del país en medidas diseñadas para proteger mejor a las personas contra los efectos de dicho cambio.
Ese proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado con el apoyo de 19 republicanos, incluía medidas diseñadas para ayudar a proteger contra los huracanes. Proporcionó miles de millones para diques, bombas para tormentas, elevación de viviendas, control de inundaciones y otros proyectos.
Muchas de esas medidas fueron coescritas por otro republicano de la zona costera, el senador republicano Bill Cassidy de Luisiana, quien lo calificó como “una gran victoria para Luisiana y nuestra nación”. La senadora Lisa Murkowski de Alaska, también republicana, igualmente apoyó el proyecto de ley. Ambos estados enfrentan enormes amenazas por el cambio climático.
Pero Rubio lo calificó de “despilfarro”, mientras que Scott dijo que era un “gasto imprudente”. Ambos votaron en contra.
La industria del petróleo y el gas no es una fuente importante de dinero para las campañas de los políticos en Florida, donde está prohibida la perforación marítima. El senador Rubio ha recibido $223.239 de la industria del petróleo y el gas desde 2017, lo que coloca a la industria en el puesto 15 de su lista de donantes, según muestran los registros federales. Por su parte el senador Scott ha recibido $236,483 de petróleo y gas, su fuente de financiación número 14 entre las más generosas.
Pero el Comité Senatorial Republicano Nacional, que dirige Scott, ha recibido $3,2 millones en donaciones de petróleo y gas en este ciclo de campaña, según el Center for Responsive Politics, eclipsado solo por bienes raíces, Wall Street y jubilados. Por el contrario, el negocio de los combustibles fósiles no se encuentra entre los 20 principales financiadores que le han dado fondos en este ciclo electoral al Comité de Campaña Senatorial Demócrata.
“Aquí hay una división de ‘ideología versus realidad’ que debe ser muy dolorosa para estos políticos republicanos”, dijo Crist.
“Si eres de Florida, deberías liderar la política climática y ambiental, y los republicanos aún se muestran reticentes a hacerlo porque les preocupan las ideas políticas de su base primaria de votantes”, Carlos Curbelo, excongresista republicano del sur de Florida. “Pero en esto las consecuencias son tan graves que vale la pena dejar la política a un lado y abordar el clima de frente”.
El historial de DeSantis en otras decisiones climáticas también puede volver a atormentarlo. Como congresista en 2013, votó en contra de un proyecto de ley para brindar ayuda adicional por desastre a las víctimas del huracán Sandy, el mismo tipo de apoyo adicional que Florida busca ahora para Ian.
El viernes, Rubio y Scott escribieron a sus colegas del Senado para pedirles que apoyaran un paquete de ayuda por desastre. Al igual que DeSantis, Rubio se opuso a una medida similar después de que Sandy golpeara el noreste en 2012 (Scott aún no había sido elegido para el Senado).
Yoca Arditi-Rocha, directora ejecutiva del Instituto CLEO, un grupo sin fines de lucro en Florida que promueve la educación, la defensa y la resiliencia sobre el cambio climático, dijo que los principales funcionarios electos del estado deben hacer mucho más que reaccionar después de un desastre.
“Florida seguirá estando en la primera línea de los huracanes más destructivos alimentados por un clima más cálido”, dijo Arditi-Rocha. “Necesitamos que los líderes republicanos den un paso al frente”.

miércoles, 28 de septiembre de 2022

¿Cometió Trump un error al solicitar un arbitraje externo sobre los documentos en Mar-a-Lago?


La solicitud del expresidente Donald J. Trump de que un juez interviniera en la investigación penal sobre su acaparamiento de documentos gubernamentales mediante el nombramiento de un “experto especial” parece cada vez más un error grave, dicen expertos legales según informa The New York Times.
“Tal vez [fue hecho] bajo el punto de vista de Trump, que considera que crear demoras y caos siempre es una ventaja, pero tiene todas las apariencias de terminar  en un gran fiasco”, dijo Peter M. Shane, experto legal de la Universidad de Nueva York.
Inicialmente, la demanda de Trump de que un árbitro externo examinara los materiales que el FBI incautó en su propiedad en Florida pareció volverse a su favor. Su demanda fue asignada a una jueza que él había designado, Aileen M. Cannon del Distrito Sur de Florida, quien sorprendió a los expertos legales al acceder a su solicitud, escribe el periodista Charlie Savage, especialista en temas legales, en The New York Times.
El nombramiento de un experto independiente, sugerido por los abogados de Trump, efectivamente congeló la investigación del Departamento de Justicia y le dio al árbitro un amplio mandato. El juez, Raymond J. Dearie, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, filtraría los materiales no solo por el privilegio abogado-cliente, que no es inusual, sino también por el privilegio ejecutivo, que no tiene precedentes.
Pero el aparente triunfo de Trump sería efímero. Un fallo de la corte de apelaciones la semana pasada y una carta que el Departamento de Justicia presentó el martes por la noche sobre las quejas posteriores que su equipo legal había presentado bajo sello al juez Dearie sugieren que las ventajas de obtener un árbitro independiente se están erosionando y las desventajas se están incrementando.
El equipo de Trump volvió a presentar sus quejas ante el juez Dearie, en una carta fechada el 25 de septiembre, sin sellar, lo que pone de manifiesto las tensiones con mayor claridad.
La corte de apelaciones la semana pasada liberó al Departamento de Justicia para reanudar el uso de unos 100 documentos marcados como clasificados en su investigación, mientras especificaba que la corte pensaba que la jueza Cannon probablemente se había equivocado al nombrar a un árbitro independiente.
Al bloquear parte de la orden de la jueza Cannon, el panel de la corte de apelaciones, incluidos dos designados por Trump, permitió a los investigadores examinar nuevamente el material que representa, con mucho, la amenaza legal más grave para Trump. Los delitos potenciales incluyen la retención ilegal de secretos de seguridad nacional, la obstrucción y el desafío de una citación que exige la devolución de todos los registros confidenciales que permanecieron en su poder.
Sin embargo, el Departamento de Justicia aceptó por el momento el resto del proceso que implica el nombramiento del árbitro independiente, lo que significa que este aún evaluará unos 11.000 registros no clasificados y otros artículos incautados en Mar-a-Lago, casi unas 200.000 páginas de documentos según una carta de James Trusty, abogado de Trump.
Dado que esa revisión ya no retrasa ni desvía la investigación penal, no está claro qué beneficios quedan para Trump.
Por otra parte, la labor de arbitraje especial costará mucho dinero. La jueza Cannon rechazó la propuesta de Trump de que los contribuyentes deberían pagar la mitad de la factura de la revisión y en cambio dijo que él sería el único responsable.
Eso incluye el costo total de escanear todos los materiales, así como el personal de apoyo del juez Dearie, como un asistente que factura $500 por hora. Trump también tendrá que pagar los honorarios de sus propios abogados mientras filtran miles de páginas de registros y luego litigan disputas sobre cuáles pueden retenerse como privilegiados.
Y lejos de complacer a Trump, como probablemente esperaban sus abogados al sugerir su nombramiento, el juez Dearie parece estar organizando la revisión de documentos de manera que amenaza con perforar rápidamente las defensas del expresidente.
Por ejemplo, el juez ordenó a Trump que presente antes del viernes una declaración o declaración jurada que verifique el inventario o enumere cualquier artículo en él “que el demandante afirma que no fue incautado” en la búsqueda.
Pero si Trump reconoce que el FBI. tomó cualquier documento marcado como clasificado de su oficina personal y una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago, como dice el inventario, ello se convertiría en una prueba que podría usarse en su contra si luego fuera acusado de desafiar una citación.
Exigir a los abogados de Trump que verifiquen u objeten el inventario también significa en la práctica hacer que afirmen en el tribunal o rechacen una afirmación que Trump ha hecho en público: su acusación de que el FBI plantó pruebas falsas. Si bien no es un delito mentir a los televidentes de Fox News o en las redes sociales, hay consecuencias por mentirle a un tribunal.
Esencialmente, el juez Dearie le está diciendo al equipo legal de Trump que “se aguante o se calle”, dijo Julie O’Sullivan, profesora de derecho administrativo de la Universidad de Georgetown.
“Pensaron que era una victoria ganar la primera batalla, pero no pensaron en lo que significaría ganar esa batalla con cualquier juez de renombre que sea designado como experto especial”, dijo la Sra. Sullivan. “No pueden anticipar que todos los jueces les darán un pase completo a pesar de la ley. Fue una estrategia política o de relaciones públicas, no legal”.
En su carta del 25 de septiembre al juez Dearie, el equipo legal de Trump argumentó que la jueza Cannon no había autorizado al experto especial a buscar una declaración que verificara el inventario de Trump o sus representantes. Los abogados también dijeron que necesitarían ver los documentos marcados como clasificados para proporcionar dicha certificación.
Otra tensión se centra en la insistencia pública de Trump de que desclasificó todo lo que llevó a Mar-a-Lago, una afirmación de la que no ha surgido una prueba creíble.
Sus abogados no han repetido esa afirmación en la corte. En cambio, simplemente han insinuado que podría haberlo hecho al enfatizar que un presidente tiene amplios poderes de desclasificación sin afirmar que realmente los usó en los archivos.
En una audiencia este mes, el juez Dearie dijo que el equipo legal de Trump tendría que presentar pruebas de cualquier desclasificación, como una declaración jurada o documento legal, o concluiría que seguían clasificados.
“Supongo que mi punto de vista es”, dijo, “no puedes tener tu pastel y comértelo”.
Al eximir los documentos marcados como clasificados de la revisión del experto  especial, el tribunal de apelaciones también se centró en la desconexión. No había “prueba de que ninguno de estos registros haya sido desclasificado”, escribió el panel de tres jueces, y señaló que los abogados de Trump se habían “resistido a proporcionar prueba de que había desclasificado alguno de estos documentos”.
Trump, a través de sus abogados, está irritado por otras órdenes del árbitro  especial, según muestra su carta del 25 de septiembre.
Por ejemplo, el juez Dearie ha dicho que deben categorizar cada documento que Trump afirma que está sujeto a privilegio. Deben decir si se refieren al privilegio abogado-cliente o ejecutivo. Y si reclaman el privilegio ejecutivo, también deben distinguir entre los registros que simplemente están protegidos de la divulgación a personas ajenas al poder ejecutivo y aquellos que el poder ejecutivo mismo supuestamente no puede revisar. También deben explicar por qué cada documento califica para tal estatus.
El juez Dearie está tratando de obligar a los abogados de Trump a confrontar una debilidad en su teoría de que el privilegio ejecutivo es relevante para el caso. Muchos expertos legales dudan que un expresidente pueda invocar el privilegio en contra de los deseos del presidente actual, lo que impide que el Departamento de Justicia revise los materiales del poder ejecutivo en una investigación criminal.
Pero en su carta, los abogados de Trump dijeron que el juez Dearie iba más allá de lo que la jueza Cannon le había autorizado a exigirles, y dijeron que “no ven base para segmentar” sus reclamos de privilegio ejecutivo en los dos tipos diferentes que él había identificado.
A su vez, el Departamento de Justicia pareció disfrutar de la creciente incomodidad de Trump.
“El demandante inició este procedimiento civil equitativo”, escribió en su carta. “Él tiene la carga de la prueba. Si quiere que el perito especial haga recomendaciones sobre si tiene derecho a la reparación que busca, el demandante deberá participar en el proceso”, expuso el juez Dearie.


 

martes, 26 de julio de 2022

Planta subsidiaria de Hyundai en Alabama ha utilizado niños para trabajos de adulto

 

Una subsidiaria de Hyundai Motor Co utilizó mano de obra infantil en una planta que suministra piezas para la línea de ensamblaje del fabricante de automóviles coreano en las cercanías de Montgomery, Alabama, según la policía del área, la familia de tres trabajadores menores de edad y ocho empleados anteriores y actuales de la fábrica, informa la agencia de noticias Reuters.
Trabajadores menores de edad, en algunos casos de tan solo 12 años, trabajaron recientemente en una planta de estampado de metales operada por SMART Alabama LLC, dijeron estas personas. 
SMART, incluida por Hyundai en documentos corporativos como una unidad de propiedad mayoritaria, suministra piezas para algunos de los automóviles y SUV más populares construidos por el fabricante de automóviles en Montgomery, su principal planta de ensamblaje de EE. UU.
En un comunicado enviado después de que Reuters publicara por primera vez sus hallazgos el 22 de julio, Hyundai dijo que “no tolera las prácticas laborales ilegales en ninguna entidad de Hyundai. Contamos con políticas y procedimientos que requieren el cumplimiento de todas las leyes locales, estatales y federales”.  
Sin embargo, Hyundai no respondió preguntas detalladas de Reuters sobre los hallazgos.
SMART, en una declaración separada, dijo que cumple las leyes federales, estatales y locales y “niega cualquier acusación de que empleó a sabiendas a alguien que no es elegible para el empleo”. La compañía agregó que depende de las agencias de trabajo temporal para cubrir los puestos de trabajo y espera que “estas agencias sigan la ley al reclutar, contratar y colocar trabajadores en sus instalaciones”.
SMART no respondió preguntas específicas sobre los trabajadores citados en la información de Reuters o las escenas en el trabajo descritas por ellos y otras personas familiarizadas con la fábrica.
Reuters se enteró de trabajadores menores de edad en el proveedor propiedad de Hyundai luego de la breve desaparición en febrero de un niña inmigrante guatemalteca de la casa de su familia en Alabama.
La niña, que cumple 14 años este mes, y sus dos hermanos, de 12 y 15 años, trabajaron en la planta a principios de este año y no iban a la escuela, según personas familiarizadas con su empleo. Su padre, Pedro Tzi, confirmó el relato de estas personas en una entrevista con Reuters.
La policía de Enterprise, la ciudad adoptiva de la familia Tzi, también dijo a Reuters que la niña y sus hermanos habían trabajado en SMART.
La fuerza policial en Enterprise, a unas 45 millas de la planta en Luverne, Alabama, no tiene jurisdicción para investigar posibles violaciones de la ley laboral en la fábrica. 
La policía notificó a la oficina del fiscal general del estado después del incidente, dijo a Reuters James Sanders, un detective de la policía de Enterprise.
Mike Lewis, portavoz de la oficina del fiscal general de Alabama, se negó a comentar. No está claro si la oficina u otros investigadores se han puesto en contacto con SMART o Hyundai sobre posibles violaciones.
El viernes 22 de julio, en respuesta a los informes de Reuters, un portavoz del Departamento de Trabajo de Alabama dijo que se coordinaría con el Departamento de Trabajo de EE. UU. y otras agencias para investigar.
Los hijos de Pedro Tzi, que ahora se inscribieron para el próximo período escolar, formaron parte de un grupo más grande de trabajadores menores de edad que encontraron trabajo en el proveedor propiedad de Hyundai en los últimos años, según entrevistas con una docena de empleados actuales y anteriores de la planta y reclutadores de mano de obra.
Varios de estos menores, dijeron, han dejado de ir a la escuela para trabajar turnos largos en la planta, una instalación en expansión con un historial documentado de violaciones de salud y seguridad, incluidos los riesgos de amputación.
La mayoría de los empleados actuales y anteriores que hablaron con Reuters lo hicieron bajo condición de anonimato. Reuters no pudo determinar la cantidad precisa de niños que podrían haber trabajado en la fábrica SMART, ni cuánto se les pagaba a los menores u otros términos de su empleo.
En una “política de derechos humanos” publicada en internet, Hyundai dice que prohíbe el trabajo infantil en toda su fuerza laboral, incluidos los proveedores.
La compañía dio a conocer recientemente sus planes para expandirse en EE. UU., con más de $5.000 millones en inversiones, incluida una nueva fábrica de vehículos eléctricos cerca de Savannah, Georgia.
En un momento de escasez de mano de obra en EE. UU. e interrupciones en la cadena de suministro, los expertos laborales dijeron a Reuters que existen mayores riesgos de que los niños —especialmente los inmigrantes indocumentados— puedan terminar en sitios de trabajo que son peligrosos e ilegales para los menores.
En Enterprise, hogar de una muy activa industria avícola, Reuters a principios de este año relató cómo un menor de edad guatemalteco, que emigró solo a EE. UU., encontró trabajo en una planta local de procesamiento de pollos.
Tanto las leyes de Alabama como las federales prohíben la contratación de menores de 18 años en trabajos de operación de estampado y prensado de metales como los que se realizan en SMART, donde la proximidad a maquinaria peligrosa puede ponerlos en riesgo. La ley de Alabama también requiere que los niños menores de 17 años estén inscritos en la escuela.
La planta SMART fabrica piezas para los populares modelos Elantra, Sonata y Santa Fe, vehículos que hasta junio representaron casi el 37 % de las ventas de Hyundai en EE. UU., según el fabricante de automóviles. La fábrica ha recibido repetidas sanciones de OSHA por violaciones de salud y seguridad, según muestran los registros federales.
Una revisión de Reuters de los registros muestra que SMART ha sido sancionada con al menos $48.515 en multas por la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo (OSHA) desde 2013, y fue multada más recientemente este año. Las inspecciones de la OSHA en SMART han documentado violaciones que incluyen peligros de aplastamiento y amputación en la fábrica.
Muchos de los menores de edad en la planta fueron contratados a través de agencias de contratación, según los trabajadores actuales y anteriores de SMART y los reclutadores de mano de obra locales.
Aunque las empresas de contratación de personal ayudan a cubrir puestos de trabajo industriales en todo el país, a menudo han sido criticadas por los defensores laborales porque permiten a los grandes empleadores la subcontratación sin tener que cumplir con la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los empleados para trabajar.
Un extrabajador de SMART, un migrante adulto que se fue a trabajar a otro empleo en la industria automotriz el año pasado, dijo que había alrededor de 50 trabajadores menores de edad entre los diferentes turnos de la planta, y agregó que conocía personalmente a algunos de ellos. Otra exempleada adulta de SMART, ciudadana estadounidense que también dejó la planta el año pasado, dijo que trabajaba junto a una docena de menores en su turno.
Otra exempleada, Tabatha Moultry, de 39 años, trabajó en la línea de ensamblaje de SMART durante varios años hasta 2019. Moultry dijo que la planta tenía una alta rotación y dependía cada vez más de los trabajadores inmigrantes para mantenerse al día con las intensas demandas de producción. Dijo que recordaba haber trabajado con una niña migrante que “parecía tener 11 o 12 años”.
La niña venía a trabajar con su madre, dijo Moultry. Cuando Moultry le preguntó su edad real, la niña dijo que tenía 13 años. “Era demasiado joven para trabajar en esa planta o en cualquier planta”, dijo Moultry. Moultry no proporcionó más detalles sobre la niña y Reuters no pudo confirmar su versión de forma independiente.
Luego de que la desaparición de la hija de Pedro Tzi generara la cobertura del hecho en las noticias locales, SMART despidió a varios trabajadores menores de edad, según dos exempleados y otros residentes de la zona familiarizados con la planta. Las fuentes dijeron que la atención policial generó temores de que las autoridades pronto pudieran tomar medidas enérgicas sobre otros trabajadores menores de edad.
Fotografía superior: planta automovilística de Hyundai en Montgomery, Alabama, en agosto de 2008.
Fotografía derecha: un cartel anunciando la contratación de empleos colocado cerca de la planta de elaboración de piezas de automóviles SMART Alabama, LLC, subsidiaria de Hyundai Motor Co., en Luverne, Alabama.
Fotografía inferior: un letrero de bienvenida a Luverne, Alabama, cerca de la planta de suministros automotrices SMART Alabama, LLC, subsidiaria de Hyundai Motor Co.