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El presidente Biden está considerando una acción ejecutiva que podría impedir que las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos soliciten asilo, dijeron el miércoles varias personas con conocimiento de la propuesta. La medida suspendería garantías de larga data que otorgan a cualquiera que pise suelo estadounidense el derecho a solicitar refugio seguro, informa The New York Times.
La orden pondría en práctica una política clave en un proyecto de ley bipartidista que los republicanos frustraron a principios de este mes, a pesar de que tenía algunas de las restricciones de seguridad fronteriza más importantes que el Congreso haya contemplado en años.
Básicamente, el proyecto de ley habría cerrado la frontera a nuevos entrantes si más de un promedio de 5.000 migrantes por día intentaran cruzar ilegalmente en el transcurso de una semana, o más de 8.500 intentaran cruzar en un día determinado.
La acción que está considerando la Casa Blanca tendría un detonante similar para bloquear el asilo a nuevos entrantes, dicen las personas con conocimiento de la propuesta. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.
La medida, si se promulga, se haría eco de un esfuerzo del presidente Donald J. Trump en 2018 para bloquear la migración, que fue atacado por los demócratas y bloqueado por los tribunales federales.
Aunque tal acción sin duda enfrentaría desafíos legales, el hecho de que Biden esté considerando hacerlo muestra cuán lejos ha cambiado en materia de inmigración desde que asumió el cargo, prometiendo un sistema más humano después de los años de Trump.
Biden ha adoptado una línea mucho más dura a medida que el número de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado niveles récord y el sistema de asilo, crónicamente insuficiente de fondos y personal, llega a un punto de ruptura.
Aun así, incluso si Biden intentara tomar medidas unilaterales para reducir el número de personas que solicitan asilo, la falta de recursos seguiría siendo un enorme obstáculo para cualquier cambio importante en la frontera. Los funcionarios estadounidenses han dicho que necesitaban una inyección masiva de dinero en efectivo para contratar agentes de la Patrulla Fronteriza y de asilo y ampliar las instalaciones de detención.
Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre los planes en discusión, dijo que no se había tomado ninguna decisión.
Pero las personas con conocimiento de la propuesta dijeron que Biden podría citar su autoridad para actuar bajo la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite al presidente suspender la inmigración para cualquier persona que se determine que es “perjudicial para los intereses de los Estados Unidos”. Trump utilizó la misma autoridad para imponer una prohibición a personas de varios países predominantemente musulmanes durante su presidencia.
Pero una pelea legal, independientemente del resultado, podría permitirle a Biden intentar neutralizar una de sus mayores vulnerabilidades políticas: el caos en la frontera sur. Los republicanos han utilizado repetidamente la crisis fronteriza para presentar a Biden como débil en materia de aplicación de la ley. Una batalla legal le permitiría resaltar la negativa de los republicanos a otorgarle el poder de tomar medidas enérgicas en la frontera a través de legislación.
La administración Biden ha pasado varios años tratando de frenar la migración, en parte limitando el asilo para quienes cruzaron México de camino a Estados Unidos. Esa política hizo más difícil para los migrantes obtener asilo si cruzaban por un tercer país de camino a Estados Unidos y no solicitaban protección allí.
Pero si bien la restricción política elevó el listón para que los inmigrantes obtengan asilo, los funcionarios estadounidenses no pueden llevarlo a cabo adecuadamente sin el tipo de recursos que Biden esperaba que aprobara el Congreso. El proyecto de ley fallido habría proporcionado miles de millones en financiación, incluida la contratación de miles de funcionarios de asilo para procesar las solicitudes.
Algunas de las circunstancias en la frontera sur están fuera del control del presidente, incluida la migración histórica a través del hemisferio desde Venezuela, Haití, Honduras y otros países que enfrentan inestabilidad, violencia y desastres naturales.
Pero Biden está bajo presión de ambos partidos, no sólo de los críticos republicanos habituales, para que haga algo. Y la crisis no se detiene en la frontera misma: el gobernador Greg Abbott de Texas ha enviado autobuses llenos de migrantes a ciudades demócratas muy al norte, diciendo que quería “llevar la frontera al presidente Biden”.
Las ciudades se vieron abrumadas cuando llegaron los inmigrantes, a menudo sin abrigos ni familiares en Estados Unidos. Los líderes del propio partido del presidente comenzaron a lanzar gritos de ayuda.
Esa presión ha revuelto la política de inmigración en un año electoral, dándole a Biden mucho más espacio para apoyar medidas fronterizas alguna vez denunciadas por los demócratas y defendidas por Trump.
Biden ha culpado directamente a Trump por usar su influencia sobre el Partido Republicano. para acabar con el mismo acuerdo de inmigración bipartidista que los republicanos habían estado exigiendo durante años.
Biden predijo en un discurso a principios de este mes que los republicanos actuarían para bloquear el proyecto de ley. “¿Por qué? Una razón sencilla”, afirmó. “Donald Trump. Porque Donald Trump cree que esto es malo para él políticamente”.
