El ataque de cientos de insurgentes chiítas a las oficinas centrales de la Autoridad Provisional del Gobierno de Coalición en la ciudad de Nayaf, realizado el domingo 4 de abril, no fue rechazado por soldados de Estados Unidos. Fueron ocho miembros de una firma privada de seguridad los que defendieron las instalaciones. Las implicaciones del hecho vienen a complicar aún más la situación en Irak.
Según el diario Washington Post, fuentes familiarizadas con el incidente le informaron que la firma Blackwater Security Consulting envió sus propios helicópteros, que en medio de un intenso tiroteo, lograron abastecer de municiones a los atacados y trasladar a un marine herido. La compañía Blackwater tiene un contrato para brindar servicios de seguridad a los miembros del gobierno provisional, instalado por las fuerzas de la coalición en Nayaf.
Blackwater es una firma de seguridad y entrenamiento de personal de custodia, con sede en Moyock, Carolina del Norte, que tiene 450 empleados trabajando en Irak. La mayor parte de este personal brinda protección a los empleados de la Autoridad Provisional —incluido el administrador L. Paul Bremer— y a visitantes importantes. Muchos de los que laboran en la firma son ex miembros de cuerpos de élite de las fuerzas armadas estadounidenses. Los cuatro empleados civiles brutalmente asesinados y mutilados en días recientes pertenecían a la compañía Blackwater. Viajaban como escoltas de un convoy que transportaba comida y equipos de cocina de un subcontratista de una firma encargada de la alimentación de más de una docena de unidades militares norteamericanas en Irak.
El gobierno del presidente George W. Bush viene empleando guardias privados —tanto en Afganistán como en Irak— desde el comienzo de ambos conflictos. La compañía DynCorp, Inc., con sede en Virginia, se encarga en la actualidad de la protección del presidente afgano Hamid Karzai. Pero el aumento de la participación del sector privado en tareas vinculadas con las operaciones militares y de mantenimiento de la paz en todo el planeta, es una tendencia que data de los 10 últimos años.
Forma parte de una estrategia de privatización de ciertas labores, para las cuales el Pentágono prefiere pagar a un contratista que llevarlas a cabo con personal propio. Estas tareas incluyen no sólo la seguridad personal, también el mantenimiento de aviones militares, el funcionamiento de sistemas de comunicaciones y una amplia variedad de misiones: desde la fabricación de vacunas hasta el exterminio de campos de drogas.
Desde Bosnia hasta Haití
Las corporaciones militares privadas han crecido notablemente en la última década, de acuerdo a un artículo aparecido en la revista The New Republic en noviembre de 2002. Cumplen funciones que las fuerzas armadas norteamericanas se vieron imposibilitadas de llevar a cabo, luego de una reducción de casi dos millones de efectivos tras el fin de la guerra fría. A veces sus miembros son considerados especialistas de alto nivel de protección y defensa. Otras se les llama paramilitares o simplemente mercenarios.
Todos los nombres tienen una carga política. También todos sirven para catalogar el trabajo de muchos de ellos: ex militares que volvieron sus ojos al sector privado cuando quedaron sin empleo o que prefirieron llevar a cabo su tarea de forma mucho mejor remunerada.
"El boom en Irak (de la industria de la seguridad) es sólo la punta del témpano de una industria que genera $100.000 millones anualmente, la cual los expertos consideran ha sido el sector de crecimiento más rápido de la economía global durante la pasada década", señala un artículo aparecido el 28 de marzo en el San Francisco Chronicle. Los soldados de fortuna han estado presente en los conflictos regionales de trascendencia de los últimos años, desde la guerra en Bosnia hasta la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
El papel de estos ejércitos privados ha sido determinante en varias naciones africanas. En Sierra Leona, por ejemplo, donde en 1995 y 1996 la compañía sudafricana Executive Outcomes recibió $1.5 millones al mes para derrotar a los 10.000 rebeldes del Frente Unitario Revolucionario. Y en Angola, con la misma corporación obteniendo $40 millones cada año entre 1993 y 1995. La Executive Outcomes empleó 500 mercenarios —apoyados por aviones de combate y helicópteros de ataque— para evitar la derrota del ejército angolano a manos de 50.000 rebeldes de UNITA.
El caso más reciente fue en Haití. La protección del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide estaba a cargo de la compañía estadounidense Steele Foundation. Cuando los insurrectos haitianos avanzaron hacia Puerto Príncipe, a finales de febrero, Aristide trató de contratar más agentes de la Steele Foundation y otras firmas similares, pero se estima que el gobierno norteamericano presionó a las compañías para que denegaran la solicitud. Algunos analistas consideran —de acuerdo con el San Francisco Chronicle— que si desde el inicio Aristide hubiera previsto el avance insurrecto, y contado con los recursos financieros necesarios, la contratación de entre 50 y 100 agentes de seguridad adicionales habría bastado para asegurarle la permanencia en el poder.
Remedio temporalLa participación de los miembros de Blackwater en el ataque del 4 de abril es un ejemplo del área indefinida que existe en Irak, entre las funciones oficiales de un guardaespalda y la realidad de la participación activa en combate en una zona de guerra, según el Post. Esta zona nebulosa puede crecer más aún si la situación continúa complicándose. Pero las implicaciones tienen un alcance mayor.
Hay 135.000 soldados norteamericanos en Irak. Existe el plan de reducir su número a 115.000 en el verano. Todo parece indicar lo contrario. Tanto el presidente como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, han dejado abierta la puerta para que se envíen más tropas. Una medida de este tipo indudablemente implica un costo político, en un año de elecciones. El plan de utilizar el sistema de rotación de tropas para dilatar la permanencia de los soldados, pese a la llegada de personal de reemplazo, es sólo un remedio temporal. Se logra así aumentar el número de efectivos sin solicitar el envío de nuevas tropas, pero el talón de Aquiles de la jugada es que quienes contaban los días para el regreso se sentirán frustrados. Aumentarán las tensiones de quienes se encuentran en una situación de peligro permanente y se deteriorará la moral combativa. El envío de refuerzos es inevitable.
En este caso, una salida conveniente para la administración sería gestionar el aumento de las fuerzas paramilitares. De acuerdo con el diario español El País, en la actualidad suman entre 15.000 y 20.000 los soldados privados en suelo iraquí. Diversos periódicos norteamericanos sitúan la cifra alrededor de los 15.000. De acuerdo con el Chronicle, las fuerzas de ocupación lideradas por Estados Unidos han expresado la existencia de planes para destinar hasta $100 millones durante los próximos 14 meses en la contratación de fuerzas privadas de seguridad para proteger la Zona Verde —el área donde se encuentran sus cuarteles generales en Bagdad y que en la actualidad es protegida por soldados norteamericanos—, con el objetivo de hacer menos visible la presencia militar, en el supuesto caso de que se lleve a cabo la nominal transferencia de soberanía a un gobierno provisional iraquí luego del 30 de junio.
Una mayor participación de mercenarios puede resultar desastrosa. Trasladaría al sector privado un problema que debe ser enfrentado directamente por el Estado. Son firmas que no están obligadas al escrutinio público, como las dependencias gubernamentales. Su participación en acciones bélicas puede afectar notablemente la imagen de este país ante los iraquíes y el mundo, con independencia de las circunstancias que motiven los hechos. Se trata de evitar que ocurran situaciones de este tipo. No de buscar justificaciones a posteriori. Ni el Departamento de Defensa ni la firma Blackwater han querido comentar sobre lo ocurrido antes de que llegaran tropas de las fuerzas especiales de Estados Unidos.
La preocupación sobre la actuación de los contratistas de seguridad norteamericanos ha llevado a que un grupo de senadores de este país le pida a Rumsfeld una explicación sobre el papel de estos civiles, que operan en forma similar a las fuerzas especiales, pero no están bajo el control militar de Estados Unidos.
"Podría ser un precedente peligroso si Estados Unidos permite la presencia de ejércitos privados operando fuera del control de una autoridad gubernamental y al servicio sólo de quienes les pagan", dice la carta firmada por 13 senadores demócratas —entre ellos Hillary Clinton y Carl Levin— y dada a conocer el 9 de abril.
"En el contexto de Irak, a menos que esas fuerzas estén correctamente controladas por autoridades de Estados Unidos y estén requeridas para operar bajo claras directrices y supervisión apropiada, su presencia contribuirá al resentimiento iraquí", puntualiza la misiva de acuerdo con una información de la Agencia France Presse.
Todo se encamina, sin embargo, a que la presencia de soldados de fortuna aumente en las próximas semanas. Según el Post, las firmas privadas de seguridad han comenzado a unirse y organizar lo que probablemente constituya el mayor ejército privado del mundo, con sus propios equipos de rescate y servicios de inteligencia. De acuerdo con el diario norteamericano, se espera que el número de guardias privados aumente a 30.000 en los próximos meses. Su presencia masiva en una zona de combates tan intensos no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, afirman funcionarios del gobierno y expertos.
Otro problema es que, con el deterioro de la situación iraquí en los últimos días, las fuerzas de la coalición no han podido acudir a tiempo al rescate de los guardias de seguridad en varias ocasiones. Cinco hombres de la firma británica Hart Group Ltd. fueron atacados durante una noche. Uno fue muerto y los cuatro restantes heridos. Esa misma noche, empleados de otras dos compañías —Control Risk Group y Triple Canopy— fueron también rodeados y atacados.
La cooperación entre los diversos grupos de seguridad y los ataques constantes a que están sometidos éstos, incrementa las posibilidades de un aumento del resentimiento mutuo entre extranjeros e iraquíes, un temor expresado en la carta de los congresistas demócratas. A su vez, la falta de control preocupa a algunos funcionarios del Departamento de Defensa. "La Autoridad Provisional del Gobierno de Coalición ha otorgado todo tipo de contrato a todo tipo de gente", dijo un funcionario de alto rango de la Secretaría de Defensa, en una información distribuida por el Post.
Costos excesivos
El Departamento de Defensa tampoco tiene la obligación de informar al Congreso de la existencia de contratos por un valor menor de $50 millones. Para los miembros de las corporaciones militares privadas, no rigen los límites impuestos al número de militares que participan en un conflicto. Sus acciones no están sujetas a las leyes norteamericanas —al actuar en suelo extranjero— y tampoco a los códigos de conducta militar de Estados Unidos.
Alrededor de 25 firmas diferentes —con contratos para la reconstrucción de Irak— emplean agentes de seguridad privados. Algunos son iraquíes, pero la mayoría de estos hombres provienen de una multitud de países, además de Estados Unidos y Gran Bretaña: Nepal, Chile, Ucrania, Israel, Sudáfrica y Fiji, entre otros. Como parte del personal que trabaja para Blackwater en la protección de los pozos petroleros —a través de un subcontratista—, hay ex militares de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, que reciben un salario mensual de $4.000, según el periódico USA Today.
El empleo de contratistas militares puede resultar, en algunos casos, una vía costosa y reprobable para esquivar restricciones legales. Ha ocurrido con anterioridad. Nada garantiza que no vuelva a ocurrir. Los costos de los servicios de seguridad se han multiplicado en los últimos meses, en la medida en que la violencia tras el derrocamiento de Sadam Husein ha derivado de robos y saqueos a ataques motivados por fines ideológicos contra los ocupantes.
Como resultado, "los gastos de protección, que en Irak se consideraban alrededor del 10 por ciento del costo de los contratos de reconstrucción, se han incrementado entre el 25 y el 30 por ciento desde que el primer contratista llegó al país", cita The Baltimore Sun en su edición del 18 de marzo. La combinación de inseguridad, costos excesivos y diferencias culturales e ideológicas no hace más que echar combustible a una situación de por sí explosiva.
Muerte y dinero
No se trata de culpar al gobierno republicano por el empleo de soldados de fortuna. Es una práctica generalizada, que con anterioridad ha tenido resultados negativos. Durante la administración del ex presidente Bill Clinton, empleados de DynCorp participaron en un caso conocido de trata de blancas en Bosnia. Hace unos pocos años, una docena de empleados de esta compañía supuestamente estuvieron involucrados en la venta de prostitutas de Europa del Este, en al menos un caso se trató de una niña de 12 años. Varios de estos empleados incluso filmaron una violación, de acuerdo con The New Republic.
La misma compañía se vio envuelta en un caso en Perú, en abril de 2001, donde se derribó un avión que trasladaba misioneros norteamericanos y en el que murieron una mujer y su bebé de siete meses. No es vincular las acciones indebidas de una compañía, en determinado país, con el papel que desempeña otra en una situación y territorio diferentes. Blackwater y DynCorp actúan con independencia en dos países distintos. Pero se debe destacar la falta de controles necesarios en una situación muy peligrosa. Son norteamericanos que mueren y matan, con independencia de si llevan o no uniforme.
Se debe señalar que hasta el momento no hay informes de que miembros de las corporaciones militares privadas hayan realizado actos cuestionables en Irak. Se trata de un personal muy bien entrenado y de gran experiencia. Lo que sí se conoce es que han muerto al menos 50, quizá más, de acuerdo con la edición del 2 de abril de Los Ángeles Times. Tampoco hay un conteo preciso de las muertes iraquíes en los diversos enfrentamientos y disturbios. Lo que sí es una realidad innegable es que la situación en el país dista mucho de la visión anticipada por el vicepresidente Dick Cheney, cuando en los días que antecedieron a la guerra dijo que creía que las tropas invasoras serían saludadas como "libertadores".
De una guerra para poner fin a un tirano peligroso para la humanidad, el conflicto ha derivado en una encrucijada de muerte y dólares. Nada hay que ir a buscar a Irak, salvo el dinero y la muerte. "Tenemos una coalición internacional en Irak, una coalición de quienes cobran por sus servicios", ha declarado Peter Singer, analista de la Institución Brookings en Washington y autor de Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry.
El caos de los últimos días en algunas zonas de Irak no sólo evidencia la insuficiencia de tropas. También hacen más necesaria que nunca la búsqueda de una participación internacional como única salida definitiva a una situación que sirve para alentar el odio hacia Estados Unidos. Pero la conducta del presidente Bush se ha convertido en un obstáculo en el logro de una solución negociada. Tampoco se ha logrado un avance notable en Afganistán, donde ha aumentado el narcotráfico y la estabilidad es sólo relativa. Se impone un replanteamiento total de las estrategias políticas y militares en ambos países. Una labor que debe llevar a cabo esta administración o la próxima.
Este artículo apareció publicado el 20 de abril de 2004 en el periódico digital Encuentro en la Red.
