Durante más de cuatro décadas, el exilio de Miami, sus líderes y detractores han recurrido a tres formas de participación democrática para hacer valer sus puntos de vista: las marchas, los votos y las encuestas. Ninguna de las tres ha estado libre de controversia.
Cada vez que se realiza una marcha hay un desacuerdo total sobre el número de participantes y la forma de contarlos. Los resultados electorales se han visto opacados en varios casos por acusaciones de fraude y más de un funcionario electo —más de una docena es más apropiado decir— han terminado en la cárcel por corrupción, luego de ganar en las urnas gracias a sus posiciones demagógicas sobre el problema cubano. Pero han sido las encuestas las que más han irritado a los miembros de la llamada "línea dura", pues el resultado de estos sondeos ha mostrado sistemáticamente un declive en la popularidad de sus puntos de vista.
Las encuestas —todas las encuestas— son instrumentos que intentan medir la opinión, pero cuyos resultados no son infalibles. Eso todo el mundo lo sabe. No obstante ello, hay en este país una fascinación absoluta por el dato estadístico. Los sondeos se repiten —en época electoral semana tras semana— y los datos obtenidos aparecen en la prensa. La encuesta es, además de un instrumento científico —o seudocientífico para algunos por su imprecisión—, un arma de propaganda.
No es extraño que una encuesta apoye los puntos de vista de quienes la pagan. Igual ocurre con muchas investigaciones científicas. Los productores de naranja, por ejemplo, están interesados en que la población sepa más de los beneficios del fruto. A ninguna institución académica se le antoja ir a pedirle a un grupo de tabaqueros que ayuden a financiar un experimento que quiere demostrar lo perjudicial que resulta fumar.
Las universidades tratan —con mayor o menor éxito— de preservar su independencia académica y el gobierno realiza análisis que, hipotéticamente, son neutrales a los diversos grupos de interés. Pero cuando una organización privada manda a hacer una encuesta —con el objetivo de darla a conocer— lo hace para apoyar sus planteamientos. No es que no se pague para conocer las opiniones contrarias. Es que entonces no se publican los resultados. Se guardan en secreto y se trata de cambiar las opiniones desfavorables hacia los que pagaron el estudio.
La última encuesta realizada bajo los auspicios del Cuba Democracy Advocates (Defensores de la Democracia en Cuba) es fiel a este principio. No quiere esto decir que se debe poner en duda la integridad profesional de la firma encargada de realizarla (Campaign Data Inc.). La compañía llevó a cabo el trabajo de forma profesional, en cuanto a ciertos criterios metodológicos a cumplir: seleccionó una muestra representativa del sector de la población a estudiar y no alteró los resultados obtenidos. Los datos reflejan lo que opinaron los participantes. No han sido alterados en el sentido de escoger sólo algunas respuestas y desechar otras. Sin embargo, las preguntas seleccionadas y la forma de realizarlas no responden a igual objetividad .
Nada permite asegurar que, debido a que los patrocinadores apoyan el embargo económico contra la Isla y el enfrentamiento frontal contra el gobierno de Fidel Castro, los hallazgos no son válidos. Bajo tal premisa quedaría anulado —aunque por motivos contrarios— un estudio anterior realizado en diciembre de 2000 por la firma Bendixen & Associates, y pagado por el Grupo para el Estudio de Cuba (GEC), una entidad que aglutina a empresarios y activistas cubanoamericanos y que promueve los cambios pacíficos en Cuba.
En ambos casos se trata de sondeos que pretenden apoyar puntos de vistas disímiles, pero no son simples panfletos políticos. Si uno va a considerarlos simple propaganda, no vale la pena escribir sobre ellos. Se trata de utilizar un instrumento estadístico para validar una posición política. El instrumento en sí, sin embargo, no puede ser catalogado de retórica, sino que constituye una forma de convencimiento. Cada encuesta es válida de acuerdo con sus objetivos y con la población que interroga.
Bajo esta premisa hay que analizar los datos publicados recientemente en la prensa de Miami y recogidos por las agencias de noticias.
Lo erróneo es decir que esta última encuesta representa la opinión de los exiliados en los condados de Miami-Dade y Broward. Esta afirmación no aparece en los resultados dados a conocer, ni ha sido hecha por los patrocinadores y los que llevaron a cabo la labor. El error es de quienes han querido utilizar los hallazgos como una confirmación de que el exilio —en su totalidad— favorece una "línea dura": apoya una confrontación armada contra Castro, se opone al levantamiento del embargo, los viajes a la Isla y la flexibilización de las sanciones. Lo incorrecto es otorgarle al sondeo un valor más allá de los fines electores con que fue realizado.
Porque de eso se trata: de demostrarles, tanto al presidente George W. Bush, como a su retador —supuestamente el senador John Kerry—, que los votantes cubanoamericanos no quieren un cambio en la política de enfrentamiento que por largos años ha caracterizado la relación de Washington con La Habana. Probar todo lo contrario. Afirmar que quienes acudirán a las urnas en noviembre elegirán a quien ellos estiman está dispuesto a sacar a Castro del poder por cualquier medio.
En este sentido, la encuesta está dirigida más al presidente Bush que al aspirante demócrata. La estrategia de Kerry respecto al voto cubanoamericano parece dedicada a captar al sector de estos electores que no se limitan a un tema único —la posición respecto a Castro—, sino que también consideran los aspectos que lo afectan como ciudadanos de este país.
De lograr la nominación —que a estas alturas parece tener asegurada—, Kerry hará énfasis en el segundo componente de la palabra "cubanoamericano". No es que esté dispuesto a desestimar el pronunciarse con firmeza contra Castro. A medida que avance la campaña tratará de hacer énfasis en sus ataques contra el régimen de La Habana y ya ha declarado que se opone al levantamiento del embargo. Pero su historial —que los republicanos ya han comenzado a explotar en el sur de la Florida— lo pone en evidencia como un político opuesto al reforzamiento del uso de las sanciones comerciales con el objetivo de lograr un cambio en la Isla. Kerry siempre ha favorecido los intercambios entre los ciudadanos a ambos lados del estrecho de la Florida —el famoso carril dos de la Ley Torricelli, ahora prácticamente abolido— como un recurso válido para hacer avanzar la democracia en Cuba.
El problema para el Partido Republicano es que una parte de los votantes cubanoamericanos no parece inclinada a otorgarle de forma automática su voto a Bush. Los resultados de la encuesta, precisamente, refuerzan este criterio.
Basta detenerse brevemente en las características demográficas de los que respondieron a la encuesta para comprobar este objetivo. El sondeo no se hizo entre quienes viven exiliados en Miami-Dade y Broward. Eso lo diferencia de otros anteriores. Los escogidos fueron ciudadanos norteamericanos que han votado al menos en una ocasión. No se trata de la opinión del exilio, sino de la opinión de los exiliados que votan.
La inmensa mayoría de los 600 entrevistados que completaron el cuestionario son mayores de 65 años (62%), prefirieron responder en español a las preguntas (90,2%), llegaron en los años sesenta (48%) y están afiliados al Partido Republicano (73%). Su opinión tiene valor en las urnas, pero su participación social y económica, tanto en una Cuba poscastrista como en Estados Unidos, es limitada.
La encuesta refleja una realidad conocida desde hace tiempo en Miami. Los electores cubanoamericanos son republicanos y eligen a los candidatos que priorizan en sus campañas políticas el tema cubano. Afirmar que este grupo representa la opinión del exilio es falso —desde el punto de vista social y económico—, pero real a la hora de ir a las urnas.
Este hecho se explica desde un punto de vista demográfico, no político. Hay dos aspectos a tomar en cuenta. El primero es que, a diferencia de lo que suele ocurrir en cualquier grupo migratorio —tras decenas de años de la llegada al nuevo país de residencia, sus miembros tienden a dispersarse y extenderse por toda la nación—, con los cubanos ocurre lo contrario. Miami es el punto lógico de atracción de muchos que desarrollaron parte de su vida —trabajaron y formaron una familia— en otros estados. Debido a condiciones climáticas y culturales, el exiliado cubano tiende a volver a Miami para vivir sus últimos años de vida y disfrutar de su retiro. Convertido en ciudadano norteamericano, regresa al sitio que fue su punto de entrada al país. En muchos casos nunca lo ha abandonado.
El segundo aspecto a tomar en consideración es que el mayor éxodo a Estados Unidos se produjo durante los años sesenta, algo que muchas veces se olvida, debido a la publicidad recibida por el puente marítimo Mariel-Cayo Hueso y la crisis de los balseros. Sólo el 6,1 por ciento de los entrevistados nació en Estados Unidos y apenas el 15,5 llegó después de 1980.
En sus resultados finales, la encuesta plantea que "los votantes cubanos no apoyan el levantamiento del embargo y las negociaciones con Castro". Esto es correcto, si se añade: "la gran mayoría". Luego aparece otra conclusión, que afirma que "los cubanoamericanos de tres generaciones apoyan con firmeza el embargo y se oponen a las negociaciones con Castro". Esto es incorrecto. En ambos casos debió aclararse los lugares donde se realizó la encuesta (los condados de Miami-Dade y Broward). En el segundo, se parte de una premisa anterior para una generalización que los resultados de la encuesta no fundamentan. La encuesta está realizada sólo entre votantes activos. No contempla a todos los cubanos nacionalizados ciudadanos norteamericanos, tampoco a los residentes y a quienes han llegado el último año.
Al igual que cuando uno se hace un traje a la medida, el sondeo contiene un número de preguntas tendientes a reafirmar los criterios de sus patrocinadores. Es en la formulación de estas preguntas donde radica el aspecto más cuestionable de la encuesta, desde el punto de vista metodológico, como se señaló al inicio.
En muchas casos, se cae en el error de realizar preguntas que inclinan al entrevistado a ofrecer una respuesta acorde a lo que se le pide. Esto se llama inducir la respuesta, y debe ser evitado en todo cuestionario que quiere conocer, de forma objetiva, como piensa el otro. Hay un principio básico que conoce todo entrevistador: quien es interrogado tiende a mostrar su rostro más amable, a no "caerle mal" a quien lo está cuestionando, a evitar la confrontación. Por eso los periodistas y psicólogos guardan sus preguntas más difíciles para el medio y el final de la entrevista; debido a esto, quien interroga debe tratar de ser lo más neutral posible.
Este principio se violó una y otra vez a través del cuestionario, que intentó averiguar opiniones no sólo sobre la política que el gobierno norteamericano debe seguir respecto a Castro, las preferencias partidistas y la labor de los congresistas cubanoamericanos —entre otros temas—, sino también con respecto al principal periódico de la ciudad (The Miami Herald), la agencia de noticias CNN, la ayuda del cardenal Ortega y la Iglesia Católica a los disidentes y prisioneros políticos, su posición respecto al gobierno cubano, y el Proyecto Varela, temas candentes en la comunidad exiliada.
A los encuestados se les preguntó: "¿Está usted consciente de que durante las últimas cuatro décadas, el gobierno de Castro ha establecido y provisto campos en Cuba para entrenar terroristas, cuyos actos de violencia se han extendido a todo el mundo, incluyendo las Américas?". Formular de esta manera una pregunta a un exiliado cubano no es propio de un estudio con pretensiones de objetividad estadística. Es un examen político de conciencia, meterlo en la urna del confesionario, cuestionar su "anticastrismo". El 76,8 por ciento de los interrogados respondieron "estar conscientes". Lo que asombra es el 23,2% de los "inconscientes".
El ejemplo más evidente de esta forma distorsionada de preguntar se refiere al Proyecto Varela. La pregunta en cuestión fue la siguiente: "El Proyecto Varela acepta la continuación de la actual Constitución cubana y al Partido Comunista como el único partido político en Cuba. Conociendo eso, ¿apoya usted el Proyecto Varela?".
No sólo se trata de una grosera e inexacta definición del Proyecto Varela. Una pregunta hecha de esta forma en Miami está condenada a una respuesta negativa: el 66,1 por ciento de los entrevistados se manifestó en contra del proyecto así enunciado.
Hay otras dos preguntas, respecto al Proyecto Varela, que resultan más interesantes. El 75,9 por ciento confesó no haberlo leído en su totalidad, mientras que el 87,6 por ciento dijo haber oído de éste. El verdadero resultado no es que los entrevistados están en contra del Proyecto, sino que se oponen a algo de lo que desconocen la extensión y el alcance. No se oponen al Proyecto Varela en su conjunto. Se oponen al Proyecto Varela según es definido en la encuesta.
El verdadero valor de esta encuesta es que el votante cubanoamericano, en gran parte, actúa de acuerdo con criterios preestablecidos y es consecuente con las razones que lo llevaron al exilio: rechaza todo lo que huela a comunismo y se aferra al embargo como un último recurso ante el fracaso de la lucha armada contra Castro. Sin duda, la última oleada represiva del régimen lo ha reafirmado en sus criterios. Opina, con razón, de que el gobernante cubano es incapaz de ceder un ápice de poder. No admite otras formas de confrontación contra el régimen de La Habana porque desde hace años vienen alimentando su frustración con falsas promesas.
A la encuesta le faltó una pregunta básica, sobre la principal fuente de información que utiliza el encuestado para saber lo que acontece en la Isla. Esta pregunta —de por sí tema para una encuesta independiente— hubiera servido para explicar más de un prejuicio. Ahora sólo resta esperar por otro sondeo. La guerra de las encuestas está en marcha, mientras el futuro de Cuba espera.
Fotografía: protesta de exiliados cubanos en Miami.
